En el país las cifras sobre el tema carcelario develan un problema grave y difícil de resolver. Solo el hacinamiento es un problema de alta complejidad, pues según las organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de detenidos, este alcanza más del 50%, y solo en la cárcel de Villahermosa en Cali con capacidad para 1.700 internos, hoy se albergan 5.830, es decir, el hacinamiento es del 350%.
Hoy en Colombia hay aproximadamente 115.780 personas privadas de la libertad en 142 cárceles, de estos 107.056 son hombres y 8.724 son mujeres. Se puede decir que estos hombres y mujeres también se encuentran privadas de servicios básicos de calidad como la salud, ya que la atención general es deficiente y la especializada casi inexistente, no se practican exámenes diagnósticos y no hay programa de prevención y detección temprana de enfermedades, como lo denuncian las organizaciones acompañantes de los detenidos. Un botón de muestra de la crisis del sistema de salud carcelario, es que los funcionarios de Caprecom, entidad encargada de prestar el servicio, tienen ya tres meses de no recibir sueldo, afirmación hecha por la Personería Municipal de Cali. Este deficiente servicio de salud aporta a la escandalosa cifra de 500 internos muertos en los últimos 5 años.
Esta situación, sumada a la gravedad del hacinamiento hacen que las cárceles colombianas se conviertan en bombas de tiempo con varias problemáticas en su interior. El hacinamiento es desbordado y evidente, solo en el Valle del Cauca los centros carcelarios tienen estos panoramas: cárcel de Tuluá con capacidad para 320 internos recibe a 605. Palmira tiene 1.750 presos cuando su capacidad es para 1.200. Cartago con capacidad para 412 tiene 552. Y Buga, diseñada para 750, tiene 1.028 internos.
Ahora bien, si a la suma de falta de servicios médicos y condiciones de hacinamiento, se le añade las condiciones de precariedad en que viven los detenidos a causa del deterioro estructural, el resultado es todo un problema social que afecta la dignidad de las personas que se encuentran en estos lugares, ya que baños, patios, escaleras y hasta los techos se convierten en espacios para dormir debido a la falta de espacio.
Incubándose con esto la presencia de otros fenómenos que hacen su aporte al drama de los detenidos, así la corrupción, el cacicazgo, la violencia intracarcelaria, el silenciamiento, la represión encubierta, se desarrollan con normalidad dentro de los reclusorios.
Para enfrentar la situación el gobierno colombiano a planteado la generación de nuevos cupos, construyendo nuevas cárceles hechas por medio de alianzas con el sector privado. El Viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia Farid Benavides así lo comentó a un periódico local: “la Ministra Ruth Stella Correa propuso en el proyecto de Código Penitenciario una alianza entre los sectores público y privado que redunde en la construcción de cárceles idóneas, modernas y la disponibilidad de 26.000 nuevos cupos. El próximo lunes tendremos los primeros resultados de un estudio que, al respecto, adelanta la Corporación Andina de Fomento… En ese plan a largo plazo, el Gobierno ha dispuesto la construcción de 26 mil cupos por el sistema de asociación público privada, pero también en ese Plan Maestro de Seguridad Penitenciaria que presentó el Inpec hace dos años hay un plan de ampliación de 20 mil cupos que irán saliendo paralelamente al desarrollo de las megacárceles”
Sin embargo, otra es la visión que tienen las organizaciones defensoras de derechos humanos, frente a este tipo de planes, según ellos y según las mismas cifras, estos no han dado resultados. Ya que por un lado el índice de aumento de presos supera la generación de cupos. Según la Defensoría del Pueblo la población carcelaria en 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009. Además, ya hay ejemplos de la ineficacia de estas soluciones, pues cuando se construyó la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, se intento que en Villahermosa de Cali solo se quedaran los sindicados, hoy Jamundí ya no da abasto y en Cali el drama es el mismo.
Por ello mismo esta semana fue declarada la urgencia en esta cárcel de Cali, por medio de una orden del Tribunal Superior de Cali, que ordenó la imposibilidad para recibir mas presos, mientras falla una tutela sobre hacinamiento instaurada por la Defensoría.
Por su parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos y acompañantes de presos, trabajan y promueven actividades para que este tema sea tenido en cuenta como parte de las dinámicas sobre paz que se vienen gestando en el país. En las próximas semanas se esperan iniciar con actividades de movilización en todo el país y de esta forma visibilizar y presionar soluciones reales para la difícil situación que afrontan los detenidos a nivel nacional.
