Política

Gobierno investigará a Uribe por apropiación irregular de baldíos

9 may. CI.- La Contraloría General de la República pidió investigar por apropiación irregular de baldíos la finca El Ubérrimo, propiedad del expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, así como también mirar la construcción de otros 32 latifundios pertenecientes a funcionarios como el Ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, y su antecesor, Rubén Lizarralde.  

Este ente de control llevó a cabo una investigación que terminó demarcando 33 casos de acumulación irregular de predios de origen baldío, y que equivale a 322 predios ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia, los que concentran poco más de 123 482 89 hectáreas (123 482 890 000 m2).

El máximo organismo de control fiscal del Estado -la Contraloría General- solicitó este martes a la Agencia Nacional de Tierras anular las ventas de este tipo de predios en los casos en que se verifique que la acumulación fue indebida o hecha sin todos los requisitos legales necesarios. Así como también lanzó una alerta sobre los acumuladores de baldíos.

La Contraloría relaciona 11 predios de una extensión de 103 hectáreas (más de 1 030 000 m2) a nombre de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, perteneciente a Álvaro Uribe Vélez, ante lo cual el Senador dell Centro Democrático respondió en su cuenta de Twitter que “es muy fácil investigar El Ubérrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley” (@AlvaroUribeVel).

Los resultados de la investigación se entregaron a la Fiscalía y a la Procuraduría General con el objetivo de que ambas instancias investiguen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los funcionarios implicados, “frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley”.

Posibles Consecuencias

Frente a los desenlaces de estas investigaciones, explica el abogado Luis Carlos Montenegro Almeida, del Colectivo José Alvear Restrepo -Cajar-, que pueden darse varias situaciones hipotéticas: “Que tanto la Procuraduría General de la Nación como la Fiscalía cumplan un rol jurídico eficaz y vayan al fondo de las investigaciones. Y, de encontrar responsabilidades disciplinarias y/o penales, se tomen las sanciones previstas tanto por el Código Disciplinario como por el Código Penal. O “que las investigaciones se mantengan ‘archivadas’ o congeladas por intereses políticos que tienen un nivel de influencia alto sobre determinadas entidades de control como las mencionadas en la primera hipótesis”.

El Régimen de Baldíos

Según declara la Corte Constitucional, los baldíos son “bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”. O sea, el Estado se adjudica la autoridad de decidir quién se queda o no con esos terrenos nombrados “baldíos”.

No obstante, el miembro del Cajar señala que “es importante tener en cuenta que en el contexto histórico de Colombia las luchas por la tierra entre el minifundio autónomo y comunitario de campesinos y campesinas, y el latifundio de familias y empresas, ha generado tensiones que hoy siguen presentes y que han sido una de las principales causas del escalamiento del conflicto armado”.

“La injusticia en materia de concentración de la tierra en Colombia es de las más altas en América Latina. En el Índice del Coeficiente de Gini (indicador internacional de la desigualdad de los ingresos dentro de un país) el país está clasificado con un estándar de 0.8 y 0.9, siendo el 1.0 el nivel más alto de concentración de la tierra.

“Esto se contrasta con el alto número de víctimas del conflicto armado y de hechos de desplazamiento forzado que hoy no han podido volver a sus tierras. Tampoco han podido ver resultados eficaces en los procesos de restitución de tierras por la ineficiencia de la Unidad de Restitución de Tierras y de las Agencias recientemente creadas en esa materia”.

“Sin estos aspectos es imposible comprender la naturaleza y existencia del régimen de baldíos que opera actualmente de manera legal en Colombia. Los baldíos disponibles para ser transferidos tienen como sujetos prioritarios de su destinación a los campesinos sin tierra o con poca tierra. En el informe de la Contraloría se ven personas jurídicas como: Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, Cerro Matoso S.A., Reforestadora Kandecord LTDA, Sociedad Comercial Poligrow Colombia LTDA, entre otras. Estas son empresas nacionales y trasnacionales acaparadoras que desconocen el principio de igualdad de este régimen, materializando una de las injusticias territoriales más graves de Colombia”, afirmó Luis Carlos Montenegro.

CI PC/MP/09/05/17/13:51

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