Movimientos Sociales

Fiscalía pide cárcel para líderes sociales por protestar

27 mar CI.- Así lo argumentó la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de imputación de cargos contra de los doce líderes sociales que fueron capturados en el departamento de Bolívar. Milena Quiroz es una de las lideresas que, según la Fiscalía, debe estar privada de su libertad ya que promueve y organiza marchas “de alta peligrosidad al orden del Estado, al orden de seguridad”. Concierto para delinquir y rebelión son los delitos que procesan a Quiroz.

Por su parte, la defensa de este grupo de líderes reclama que no existen pruebas contundentes para condenarlos de tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, en función del concierto para delinquir, además que condena la criminalización del derecho constitucional a la protesta social.

Isidro Alarcón, líder comunitario de la población en Micoahumado, sur de Bolívar, manifestó en las últimas horas que el Gobierno lo detiene para “humillar y callar las voces de la gente que nos gusta pensar y opinar por una vida diferente, por una Colombia mejor. El Gobierno no entiende que nuestra región está en disputa territorial entre las multinacionales, los actores armados ilegales y la población; y nosotros somos parte de esa población que ha cuidado el territorio por cincuenta años ya que nos ha dado vida y salud a nuestras familias”.

Tal y como sostiene Alarcón, la región del sur de Bolívar es un territorio que históricamente ha tenido el conflicto social, político y armado como protagonista. La actividad minera para la explotación de carbón y petróleo es un atractivo que desde hace décadas amenaza a la sostenibilidad ambiental y la vida de los habitantes de la región. “En este contexto es que hacen las detenciones extrajudiciales colectivas a mineros, campesinos, líderes de juntas comunales, porque alguien dijo que eran guerrilleros o los financian la guerrilla”, sentenció Alarcón.

Criminalización de la protesta

El derecho a la protesta lo garantiza el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Sin embargo, la Fiscalía colombiana considera el ejercicio de la manifestación social, contradictoriamente, como un peligro para sí misma ya que “Con esto se busca proteger la seguridad estatal de cualquier actividad que puedan llevar a cometer delitos, conductas que se seguirán extendiendo en el tiempo si no se toman medidas de aseguramiento frente a los hechos que afectan la tranquilidad a que tienen derecho los colombianos”.

El argumento probatorio que utiliza hoy el Gobierno, por medio de la Fiscal Tercera especializada de Cartagena. pretende condenar a estas doce personas por su calidad de liderazgo para la construcción de proyectos sociales, que evitan la victimización de las comunidades, en el marco de la extracción minera de sus territorios.

Las audiencias continúan este lunes 27 de marzo en la ciudad de Cartagena donde se defenderá la presunta inocencia de Quiroz, Alarcón y los otros diez líderes sociales.

CI JA/MP/27/03/17/14:07

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