Vivienda

Familias del Jarillón del Río Cauca exigen reubicaciones dignas

28 jul CI. – Hace más de seis días familias asentadas en el Jarillón del Río Cauca, Oriente de Cali, realizaron una toma pacífica en el Concejo Municipal de Cali para exigir nuevos diálogos entre comunidades y administración municipal, sobre el tema de los desalojos forzados y reubicación digna de quienes habitan este sector de la ciudad.

El Plan Jarillón de Cali es un proyecto ambiental, social y económicamente álgido que ha desembocado diferentes situaciones de vulneración de los derechos fundamentales de individuos y comunidades que se han asentado en esta delicada zona. En Brisas del Cauca el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- ha violentado a los habitantes consecutivamente por oponerse a los desalojos, caso de la lideresa de la comunidad Adriana España, en estado de embarazo, quien fue agredida físicamente por la fuerza pública y posteriormente judicializada por protestar en julio de este año.

A pesar de que el gobierno local alega que se les ha notificado los debidos procedimientos en las diferentes comunidades, como demoliciones de la infraestructuras del lugar, los afectados alegan que no es cierto y  por falta de concertación y diálogos se han generado situaciones de violencia como la presentada en el barrio Puerto Nuevo que dejó siete heridos, entre ellos dos menores de edad, al oponerse a la demolición de la iglesia del sector.

Toma pacífica

Hasta el momento de más de 8 mil habitantes del Jarillón, dividido en 13 asentamientos, según el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, han sido reasentadas 2600 familias. Se espera que para este 2018 el 100% del Jarillón esté despejado para continuar con el reforzamiento del mismo que hasta el momento va en más del 30%, de los 17 km que abarca el dique para proteger a la ciudad de las corrientes del río Cauca.

Las comunidades resaltan que no se oponen a despejar estas zonas, pues entienden el peligro inminente ante un escenario ambiental catastrófico, pero la falta de garantías durante los procedimientos de desalojo y los precarios planes de reubicación de vivienda digna y justa e indemnización los ha llevado a una situación constante de oposición y zozobra al no propiciarse las condiciones adecuadas. Los subsidios de arrendamiento de la Alcaldía no son suficientes garantías de reubicación.

Es por ello que hoy por hoy continúan los reclamos y la toma pacífica para exigir sus derechos constitucionales que están siendo vulnerados y violentados por diferentes actores del Gobierno local.

“Buscan acciones más justas frente al desalojo, oportunidades de vivienda, expresan que son más de 70 familias desalojadas. Proyecto de más de tres años en donde ya han desalojado más de 400 familias, Brisas y Navarro”, expresó Ana Erazo integrante de Poder y Unidad Popular del Polo Democrático Alternativo, resaltó también que las familias afectadas están a la espera de una atención jurídica y atención por parte de organizaciones sociales para darle solución a esta problemática de forma articulada y consensada.

 

CI AO/CC/28/07/2018

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