5 sep. CI.- Organizaciones y familiares de presos sociales se dieron cita el 4 de septiembre en las afueras de la Cárcel La Modelo, en Cúcuta, Norte de Santander, para pedir por la aplicación de Jubileo.

El jubileo es una tradición católica en la que antiguamente se permitía otorgar por durante un año indulgencias a los fieles que cumplían con algunas condiciones establecidas por el Vaticano. Estas indulgencias, originalmente, significaban la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas o la restitución de tierras a quienes las habían perdido. En la misma fecha que se anunció la confirmación de la visita oficial del Papa Francisco a Colombia, se presentaron proyectos de ley (que no procedieron) encaminados a conceder rebajas a penas, invocando la figura del jubileo.

Tanto la Alcaldía, como la Gobernación y la Dirección del penal tenían previo conocimiento de que hoy nos unimos en solidaridad con los presos de Cúcuta. Es una actividad de manifestación para pedirle al Papa Francisco y al Gobierno Nacional que consideren la Ley de Jubileo teniendo en cuenta la situación que sufren los presos en Cúcuta y en el país” manifestó Yolima Rojas, Presidenta de la Asociación de Familiares de los Internos de la Cárcel de Cúcuta -Asofamintercuc.

Desde el 28 de agosto los presos de Cúcuta se encontraban en desobediencia pacífica (llamada ‘brazos caídos’) que termina con la manifestación de sus familiares. La jornada de estaba planificada por los presos encargados de Derechos Humanos para que se realizara en diferentes Departamentos del territorio nacional, solicitando al Gobierno y al Papa la ley de jubileo. Aquí estamos pidiendo la rebaja del 20% de las penas pero eso depende del Gobierno”, señaló Jean Carlos Fajardo, miembro de Asofamintercuc.

Papa visita algún país -continuó- tiene la posibilidad de abogar por la situación de los presos y es el Gobierno quien determina de cuánto es la rebaja de penas. Los presos políticos se han sumado a la jornada aunque no se benefician. Estamos hablando del resto de población carcelaria, los que no cuentan con una organización social que pueda negociar por ellos. Tenemos en cuenta que los presos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya cuentan con un proceso de negociación previo y que está en implementación y suponemos que el Ejército de Liberación Nacional también negociará por sus presos”.

No es la primera vez que se menciona el término en Colombia. Durante los Gobiernos de Carlos Lleras Restrepo, el Papa Pablo VI visitó el país y de este encuentro se logró la consolidación de la Ley 40 de 1968. En 1987, en el mandato de Belisario Betancur fue el Papa Juan Pablo II quien vino. En esta ocasión se tramitó la Ley 48 del mismo año. Ambas leyes fueron expedidas con el propósito de conceder rebajas de penas a los delitos considerados menores.

El panorama carcelario en el país no es para nada alentador. De acuerdo con el Informe del Ministerio de Justicia de enero de 2017, hay 118.925 internos en establecimientos de reclusión con un índice de hacinamiento de 51,7%. Si se tiene en cuenta que este era de 15,1% en 2007, podemos ver cómo la cifra de hacinamiento se ha triplicado en los últimos 10 años.

Los reclusos de todo el territorio nacional tienen que enfrentarse, además, a otras problemáticas como las precarias situaciones de higiene y salud, deficiencia en su alimentación, ausencia de espacios que no permiten la resocialización o adecuada redención de la pena y violación de sus derechos y los de sus familiares durante las visitas al penal, entre otras. Es por esto que, en vísperas de la visita de Francisco, se organiza la petición de Jubileo como muestra de la misericordia y humanidad católicas.

Aparte de esto, los reclusos son víctimas de abuso por parte de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC-. Son trasladados de patio sin previo aviso y se les niega la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias personales.

«Se los llevan con lo que a duras penas tienen puesto en el momento. No los dejan sacar nada. Duermen en el suelo porque ni la colchoneta se la permiten. La situación económica de quienes costeamos sus insumos no nos permite comprar todo lo que ellos necesitan cada vez que el INPEC los traslada sin aviso y con maltratos”, denunciaron varios familiares de los presos quienes, por seguridad, no quisieron publicar sus nombres.

Por otra parte, la Rama Judicial favorece “con prisión domiciliaria a quienes tienen los cuatro o cinco millones para solicitarla. Se contradice al dar beneficios a los que tienen plata y al dejar en hacinamiento y situaciones deplorables a los pobres”, continuaron.

Aunque el proyecto de ley de Jubileo no prosperó en el Senado, los familiares y los presos de Cúcuta siguen haciendo el llamado de humanidad al Gobierno Nacional. Es imposible hablar de paz en un país donde los presos no son vistos como otra cosa aparte de un número más en las estadísticas de criminalidad de la región y el país.

CI AP/PC/05/09/17/18:00