Wilson Arias puso nuevamente en la palestra las irregularidades que rodean el tema de los baldíos en Colombia, esta vez acusa directamente: «Estamos diciendo que la familia Ocampo Lizarralde, que la familia Valencia Irragorri, que “Pachito” Santos Calderón, que en general, Julio Mario Santodomingo, la familia Eder; los potentados económicos que dominan el entorno palaciego de la Casa de Nariño, son los que están dirigiendo esta obra y producen un hecho que es bochornoso”.

La llamada ley de baldíos, también conocida como ley Urrutia, sigue causando controversia en el entorno político nacional. Tumbó al entonces embajador en Washington y le ha causado más de un dolor de cabeza al presidente Santos. Hoy enjuicia nuevamente un ministerio y varias de las familias más poderosas de Colombia.

En ello, el excongresista del Polo Democrático Alternativo -PDA-, Wilson Arias, ha sido protagonista, pues siendo representante a la cámara por el Valle del Cauca denunció hace un año la apropiación ilegal de varias hectáreas de terrenos baldíos y la tentativa de legalizarlas por parte de los grupos económicos más poderosos del país.

La nueva denuncia del excongresista Arias arremete contra el Ministro y su familia, al decir que: “Irragori se ha declarado impedido recientemente en su condición de Ministro de Agricultura, pero no le ha explicado suficientemente al país y menos al gobierno las razones del impedimento. Quiero recodar que hace algunos años hicimos un debate en el Congreso de República demostrando cómo el primo del ministro, el doctor Pablo Valencia Irragorri,  primo de Paloma Valencia y primo de la familia Laserna, se había quedado irregularmente con baldíos, tres predios por 3.800 hectáreas. La familia Irragorri Valencia y la familia Sarmiento Angulo fueron los verdaderos usurpadores de esos predios y los acumuladores irregulares de predios baldíos de la Nación en el departamento del Vichada”.

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Un breve contexto

El gobierno de Santos tuvo un primer revés en 2012, cuando fueron  rechazados por la Corte Constitucional los puntos sobre baldíos presentes en su plan de gobierno.

Después, durante 2013 Wilson Arias desde el Congreso de la República destapó la discusión sobre cómo prestantes empresas de la agroindustria nacional habían obtenido grandes extensiones de tierras consideradas baldías de la Nación, extensiones que se situaban en número por encima de lo permitido por la ley. Fue así como se denunció el caso del ingenio Riopaila que tenía en su haber 40.000 hectáreas en el departamento del Vichada. Para más estupor, esta empresa había contado con el acompañamiento jurídico de la firma Brigard – Urrutia.

El apellido Urrutia pertenece nada menos que al entonces embajador colombiano en Estados Unidos, Carlos Urrutia, un diplomático de alto nivel cuyos servicios se habían prestado para la adquisición y explotación ilegal de tierras en Colombia. El embajador Urrutia, pocos días después de la denuncia de Arias, le presentaba su renuncia al presidente Juan Manuel Santos “para evitar una crisis política”.

Después, en medio del paro agrario de 2013, esta situación logró involucrar al entonces Ministro de Agricultura Francisco Estupiñan quien hizo llamados a la acción de la justicia sobre los funcionarios implicados. Esta “impertinencia” le costó una fuerte reprimenda por parte del Presidente.

El posterior cambio en la cartera de Agricultura trajo consigo por parte del entonces nuevo ministro Rubén Darío Lizarralde, la presentación de un proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural.  Proyecto que, envuelto en todas estas críticas y denuncias, tuvo que ser prontamente retirado por orden del Presidente. Durante este trámite y periodo, Aurelio Iragorri fungía como Ministro del Interior.

El debate hoy

La ley que se ha pretendido modificar es la 160 de 1994, según la cual un terreno entregado por el Estado no puede superar extensión de la llamada Unidad Agrícola Familiar –UAF-. Además, esta ley prohíbe su acaparamiento y uso para fines distintos al trabajo agrario.

Recientemente, el gobierno Santos volvió a intentar dicha modificación presentando un nuevo proyecto de ley, esta vez presentado por el Ministro de Gobierno Juan Fernando Cristo, notándose el impedimento manifestado del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. El debate que suscita la denuncia del exrepresentante Arias es la aparente confirmación de intereses de acaparamiento por parte de funcionarios como Iragorri.

Dice Arias: “El ministro se declara impedido ahora en su condición de ministro de agricultura, sin embargo, en mi opinión, el impedimento no solo es de ahora, sino desde cuando era ministro del interior. Iragorri debió actuar también en materia de tierras baldías de la Nación porque debió hacer consultas previas, adelantado consultas del grupo y lobbie parlamentario, conversado con organizaciones sociales a propósito de los paros agrarios. Sin embargo, en ninguna oportunidad se declaró impedido, cosa que hace ahora en tardíamente. El ministro está incurso en faltas disciplinarias que deberían averiguarse por parte de la procuraduría, por sus impedimentos”.

Arias no solo amplía su denuncia y la extiende a sectores y familias reconocidas en el país, señalando además la aparente manipulación de estas familias sobre el gobierno Santos. “Hay un interés y una avidez de actores muy importantes de la política que tienen casi que dominado el Palacio de Nariño: Luis Carlos Sarmiento Angulo logra imponer funcionarios de altísimo nivel en materia de tierras y de acción gubernamental; Néstor Humberto Martínez durante épocas recientes le hizo lobbie y apuntes al proyecto de ley de baldíos en el periodo de Lizarralde; José Legovic, integrante de la junta directiva de Corficolombiana, el emporio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y actualmente es el director del documento Compes para el desarrollo de la altillanura».