Integrantes de la Caravana Internacional de Juristas pasaron por la Ciudad Bonita durante los días 25, 26 y 27 de agosto para escuchar el testimonio de la situación enfrentada por los abogados que defienden los Derechos Humanos en un evento organizado a nivel local por el Equipo Jurídico Pueblos (EJP). Sus hallazgos serán publicados en un reporte final que la Caravana producirá al final de su visita de 2014 a Colombia.

La ilustre visita se enmarca en una importante actividad solidaria e internacionalista que se viene desarrollando cada dos años desde el año 2008 a petición de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos para desarrollar e implementar un programa de apoyo a los abogados defensores de DDHH. La Caravana llegó el domingo 24 a Bogotá para luego dividirse en varios grupos con el fin de visitar durante tres días Cali, Medellín, Buenaventura, Pasto y Bucaramanga, y regresar a Bogotá para terminar con su trabajo los días 28 y 29. Con la presencia de alrededor de 60 profesionales del Derecho de varios países de Europa y de los Estados Unidos, esta cita ha sido la más nutrida de todas.

En el grupo que visitó a la Ciudad Bonita se encontraba un Magistrado holandés, un Juez penal canadiense y distintos abogados y académicos de Europa que “se hallan profundamente preocupados por la situación de los letrados nacionales que han optado por un ejercicio profesional dedicado a las comunidades más desfavorecidas y a las víctimas de los crímenes de Estado que tanto abundan en el nororiente colombiano y en el país entero”, anotó Miguel Ramos, miembro del EJP.

El objetivo principal de la Caravana de Juristas es proteger el ejercicio profesional de los abogados defensores de derechos humanos en Colombia y realzar la imagen de su trabajo en el exterior. Esto ha sido visto como una sentida necesidad después de gran cantidad de denuncias acerca de ataques físicos, hostigamientos, presiones, allanamientos de oficinas, seguimientos, criminalización, detenciones arbitrarias, estigmatización, amenazas de muerte, e incluso homicidios de abogados en razón de su ejercicio profesional y su defensa de los derechos humanos. 

De todo esto algo sabe Rommel Durán, también miembro del EJP. En conversación con Colombia Informa describió la detención arbitraria que sufrió el pasado 9 de agosto en la ciudad de Curumaní, departamento del Cesar: “Me detuvo una patrulla de tráfico a las 9.15 pm en el vehículo en el que viajaba y me entregaron a miembros de la SIJIN. Me quitaron el celular, me filmaron y fotografiaron ilegalmente y me impidieron llamar a mi propio abogado. Estuve esposado la mayor parte de las 20 horas que pasé detenido en una habitación castigado por el calor y la falta de sueño. La policía solo me dijo que tenían una orden judicial por presunta conspiración sin especificar qué oficina judicial emitía la orden. Y lo que es más, la fiscalía sexta especializada de Bucaramanga reconoció en un documento que el arresto fue un error, documento que sugiere que no hay intención de que los responsables del arresto arbitrario vayan a ser obligados a rendir cuentas”. 

Para llevar a cabo sus objetivos los juristas organizan encuentros públicos, debates, muestran documentales y películas, hacen talleres, y trabajan con parlamentarios de los países de origen planteando las preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos y la persecución de aquellos que los defienden. Además, intentan influenciar a las autoridades colombianas para que dialoguen con los funcionarios de los departamentos relevantes enviando informes y cartas, demandando una adecuada protección y una completa investigación de los autores de amenazas de muerte firmadas por miembros de los grupos paramilitares.

Durante estos días de trabajo en la capital de Santander la Caravana se entrevistó con la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, con el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, con el Movimiento de Trabajadores Campesinos y Comunidades del Cesar, con las Veedurías Ambientales del sur de Santander y con Cielo Patricia Sánchez –madre de una víctima de ejecución extrajudicial por parte del Ejército o “falso positivo”, entre otros agentes sociales y judiciales.

“En un país en el que las violaciones a los derechos humanos no descansan –según el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, durante el primer semestre del año han sido asesinados 30, confiamos en que el informe de la Caravana refleje la grave situación que encontraron y también las fórmulas de solución que se proponen para superar el presente y gravísimo estado de cosas para aquellos que defendemos los derechos humanos desde la nobilísima disciplina jurídica”, sentenció Miguel.