Derechos Humanos

[Especial] Bajo Cauca: Los líderes que no vivieron para contarlo -Parte 2-

16 may. CI.- Olga es una líder desplazada del Bajo Cauca. Su trabajo en la erradicación de cultivos ilícitos y su resistencia a doblegarse ante las bandas criminales que operan en su región le costaron cambiar su vida: tuvo que huir de su hogar en Valdivia bajo amenaza de muerte. Ella tuvo suerte y hoy vive para contarlo, a diferencia de otros siete líderes de la misma región que no pudieron escapar de la violencia.

Es difícil afirmar que los recientes asesinatos de líderes son a causa de su labor en la sustitución de cultivos y restitución de tierras. También sería ingenuo no relacionarlos. Lo que tienen en común estos homicidios es que se trataba de cocaleros que estaban llevando a cabo procesos de sustitución voluntaria, eran líderes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- de sus veredas, algunos pertenecían a la Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño -Asobac- y a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam.

Estas personas representaban los intereses del campesinado ante el Estado y ante los grupos criminales que operan en el Bajo Cauca. “Existe una sistematicidad y una generalidad, como lo reconoció el mismo Defensor del Pueblo, en todos estos territorios. Son casos específicos, calculados”, opina Oscar Yesid Zapata, vocero del Observatorio de Derechos Humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

Esta organización ha dado seguimiento a dichos asesinatos y ha emitido alertas tempranas sobre las amenazas. Para ellos es evidente que los grupos paramilitares de la región quieren socavar la lucha de estas comunidades por defender su territorio.

Uno de los últimos asesinatos en la región es un claro ejemplo de los esfuerzos que buscan debilitar. Se trata de José Herrera, líder rural de Valdivia que desapareció el pasado 20 de marzo y fue encontrado muerto días más tarde.

José fue Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Meseta y coordinador del Comité Municipal de Coquicultores de Valdivia. También era vocero de la Comisión Municipal de Planeación Participativa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- y cofundador de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca. Representaba una amenaza para los intereses de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, quienes ocupan el territorio de Valdivia y compran toda la coca que ahí se siembra. José fue amigo y compañero de Olga, y para ella, el “líder de líderes”: por eso lo mataron.

La lucha por la sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

Mientras que por un lado las AGC se disputan el territorio del Bajo Cauca con Los Caparrapos; por el otro, las comunidades buscan erradicar los cultivos de uso ilícito en la región sin morir en el intento.

Tarazá es el municipio con más cultivos de coca de Antioquia. Según el Observatorio de Drogas de Colombia tiene 2.700 hectáreas sembradas. A la vez es el municipio que más ha avanzado en el PNIS del Departamento, según la Asobac hay más de 3.500 familias inscritas.

Sin embargo, es el municipio con más personas desplazadas de la región: solamente a Medellín han llegado 965 familias provenientes de aquí, además de las 77 familias que se han trasladado de las veredas al casco urbano del municipio.

Los daños colaterales que la guerra entre los dos grupos paramilitares ha causado en la zona se suman a una violencia propia de la erradicación de la coca. A pesar de que el Estado ha traído programas como el PNIS o Antioquia Libre de Coca, no ha generado garantías ni condiciones para que el campesinado pueda hacer la transición de cultivos de manera segura y sostenible.

Por un lado, existe el temor a estos grupos armados y a las represalias que pueden venir con la erradicación. Por el otro, las capacidades de estos programas han sido rebasadas.

Según el Promotor de Desarrollo Comunitario de Valdivia, Benjamín Mesa, el Gobierno Nacional no esperaba tener tanta acogida del PNIS y se ha quedado corto frente al número de familias que se inscribieron. En Tarazá y Briceño -que van más adelante que Valdivia en el proceso- están teniendo problemas con los pagos a los campesinos por esa razón. En Valdivia se han inscrito más de 2.100 familias, el 90% de los cocaleros.

El proceso de sustitución en Valdivia se encuentra en la primera etapa: las familias se inscribieron, el Alcalde y los presidentes de las JAC firmaron los acuerdos y se han dado las primeras reuniones desde noviembre del año pasado. Pero a la última reunión que tuvieron no pudieron asistir desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque no se brindaron las condiciones de seguridad para que llegaran.

“Ellos manifiestan que el Gobierno se quedó cortito en todo el andamiaje que tienen que tener para la sustitución”, explica Benjamín.

A pesar de las dificultades que se han visto en los municipios vecinos, Mesa tiene fe en la sustitución como una forma de mejorar la calidad de vida del campesinado. Él mismo fue cocalero y sabe que, aunque la coca es más sostenible que otros productos lícitos, estos cultivos atraen muchos problemas.

“De mi vereda un flete (para sacar los productos a la carretera) vale 50.000 pesos y una carga de yuca vale 60.000 pesos. Estás trabajando para el flete. Mientras que con el cultivo ilícito el campesino por lo menos subsiste, pero de la coca ya no se vive, ya no es tan rentable como era últimamente. Por eso el campesino está tan cansado, ya no le está dando y trae problemas”, explicó.

Desde su labor como Promotor, Benjamín ha visitado todas las veredas del municipio para registrar a las familias que sustituirán sus cultivos. Él funge como intermediario entre el campesinado y la institucionalidad en la Alcaldía de Valdivia. El municipio está trabajando con dos programas: Antioquia Libre de Coca y el PNIS, y aunque por el momento no están vinculados y hay una mala comunicación entre el Gobierno nacional y el de Antioquia, los campesinos quieren articularlos.

En teoría, el programa Antioquia Libre de Coca va a reemplazar los cultivos ilícitos con granjas de hortalizas, arroz y pozos de producción piscícola. Por cada granja se van a erradicar cuatro hectáreas de coca y se le dará a la familia un incentivo de 1.600.000 pesos y cinco mercados durante cinco meses.

Benjamín confía en que este programa se puede llevar a cabo sin inconvenientes y niega que haya relación entre los líderes asesinados y la sustitución de cultivos. A pesar de que José Herrera fue su compañero y le duele su muerte, prefiere poner en duda que su asesinato haya sido consecuencia de su labor como líder cocalero. Este líder campesino quiere disipar el miedo en la comunidad.

A cada familia que visita para registrar le recuerda que es un proceso voluntario y le asegura que los grupos armados que están en Valdivia no tomarán represalias contra quienes erradiquen sus cultivos. Al mismo tiempo, siguen asesinando líderes en el municipio.

Nexos e intervención militar

La violencia se ha agudizado en los últimos meses en el Bajo Cauca por la guerra entre los grupos paramilitares. Sin embargo, sus raíces están inmersas más profundamente: en los nexos que éstos tienen con las autoridades.

El Alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, fue capturado por vincularse con las AGC y acusado de concierto para delinquir. Han arrestado también dos Concejales, enfermeras y el jefe de personal del hospital de Tarazá. Por otro lado, la Policía es una institución en la cual la población no confía, sobre todo después de que en 2011 salieran a la luz grabaciones de un policía de Tarazá autonombrándose “100% gaitanista”.

“De alguna manera ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos, entre las AGC, y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que le facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado. El problema es el mismo Estado”, opina Oscar Yesid Zapata. Sin una desarticulación de estos vínculos, cualquier operación militar se queda corta ante la corrupción e impunidad de las autoridades locales.

Mientras el Gobierno Nacional se ufana de las cinco operaciones militares que implementó en la zona y de las bajas y aprehensiones que ha hecho a los grupos criminales, la población del Bajo Cauca sigue sufriendo de extorsiones, amenazas, desplazamientos y asesinatos. También han determinado fronteras invisibles entre los municipios de la región y dentro de cada uno, entre algunas veredas. Desplazarse entre esas fronteras puede significar la muerte.

A pesar de que la estrategia militar promete “limpiar” la zona en cinco meses, la paz parece cuando se convive con grupos paramilitares enraizados desde hace años en complicidad con algunas autoridades.

Leiderman Ortíz, director del periódico La Verdad del Pueblo (Caucasia) y uno de los periodistas que ha seguido de cerca el conflicto armado en la región, desconfía de los resultados que esta operación pueda generar. “Paz, es difícil, porque alguno tiene que ganar esa guerra y el que la gane va a seguir molestando a la gente. Ya no veremos cinco ni seis muertos, sino uno para cada tres meses”, pronostica el periodista.

CI MM/PC/16/05/18/12:30

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