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España rechazó informe de la ONU acerca de la independencia de Cataluña

6 jun CI.- Como resultado de una investigación de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria -GTDA- demandó en un informe la liberación de Oriol Junqueras, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, líderes independentistas catalanes en prisión. El Reino de España rechazó el pasado 31 de mayo el contenido del trabajo y pidió su revisión, así como el cambio de los miembros del GTDA, justificando un supuesto conflicto de intereses.

Efectivamente el Gobierno español, que ahora tiene como Presidente a Pedro Sánchez, quedó indispuesto: “El Grupo de Trabajo cometió fallos graves y manifiestos que nos hacen pensar que en la hora de elaborar esa opinión pueden haber habido errores de interpretación y desconocimientos de la realidad española, o manipulación en la hora en que el Grupo emitió su opinión”, declaró el Embajador de España antes las Naciones Unidas, Cristobal Gonzalez-Aller Jurado.

Ante la solicitud para el cambio de los miembros del GTDA (Mads Andenas, Vladimir Tochilovsky, José Guevara, Shaheen Sardar Ali, y Sètondji Adjovi) “Hay constancia de que existe una relación directa entre dos de sus miembros y el abogado Ben Emmersom, que representa a los dirigentes catalanes”, denunció la representación de Pedro Sánchez.

Lideres catalanes presos

Juicio del Tribunal Constitucional

El último capítulo de este conflicto centenario por la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Cataluña inició formalmente con la demanda popular de un referéndum por la libre determinación catalana. Este referéndum, que se realizó el 1 de octubre 2017, fue suspendido por el Tribunal Constitucional del Reino de España; los que manifestaron su oposición a la decisión del tribunal fueron violentamente reprimidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil española.

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El Embajador Gonzalez-Aller fue muy claro al respecto de este tema: “La Constitución española no permite la realización de un referéndum de ese tipo. Habría que modificar la Constitución antes de poder realizar un referéndum por la independencia de Catalunya”.

Concretamente, la inconstitucionalidad del referéndum sobre la libre determinación de Catalunya se ubica en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española. El primero afirma que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y el segundo sentencia “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Quienes toman estos artículos en defensa de la ilegalidad de la Constitución catalana afirman que para que un referéndum sea válido se necesita que toda España vote.

¿Se necesita que toda España vote?

El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, nos explicó que el debate acerca de la constitucionalidad del referéndum por la libre determinación de Catalunña es un debate mucho más complejo, no se puede resumir a dos artículos de la Constitución: “Existe un debate técnico político sobre esta cuestión, pero no hay nada en la constitución que impida ese referéndum y existe unos preceptos que pueden ser interpretados en esa dirección”.

Siguió explicando el abogado, “la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, para anular la declaración de soberanía hecha por el parlamento de Catalunña, hablaba acerca de la posibilidad de encontrar soluciones al encaje constitucional como había sucedido en Québec y se citaba expresamente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Canadá que es el equivalente de nuestro Tribunal Constitucional”.

Y afirmó: “El principio de democracia, de mayoría y respeto a las minoría deben ser siempre las formulas para resolver los conflictos políticos, y por lo tanto si existe una voluntad democrática y persistente, con respeto a la minoría debe buscarse una manera legal para resolverse”.

Resultados del Referéndum

Respecto a la situación particular del referéndum de 2017, Benet Salellas nos explicó que “la ley concreta que se aprobó fue tumbada por este Tribunal Constitucional cuyos miembros son escogidos desde los órganos centrales españoles, que es una posición muy controvertida. Por ende, con relación a este referéndum definieron que era ilegal, pero incluso aceptando la decisión del Tribunal Constitucional, la posibilidad de realizar este mismo referéndum es una posibilidad técnicamente factible”.

Situación de los líderes catalanes presos

El GTDA denunció la detención arbitraria de Oriol Junqueras, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart afirmando que sus derechos humanos no han sido respetados, en particular, el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación. En concreto, condenan a España por haber detenido los dirigentes catalanes durante una manifestación, y por no permitir la realización de la libre determinación de Cataluña a través de un referéndum que la ONU considera constitucional.

“las acusaciones penales tienen por objeto coaccionar a Sànchez, Cuixart y Junqueras por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Cataluña e inhibirlos de continuar con esa pretensión en el ámbito político”.

ONU

Por su parte, el Embajador español Gonzalez-Aller, desde Ginebra afirmó que no se trataban de presos políticos : “Estos errores hacen que la opinión del Grupo de Trabajo pierda su valor objetivo e independiente, en particular, afirmando que el referéndum habría sido legal, cuando no está permitido por la Constitución española”.

Son presos políticos

El abogado Benet Salellas explicó que al analizar las acusaciones que se le formulan a los propios presos : “Tal vez”, comentó Salellas, “por el volumen de papel y del hecho, si uno no tiene tiempo de entrar a fondo en los temas puede quedarse confundido, pero si uno lee las acusaciones concretas puede comprobar fácilmente cómo son hechos políticos los que sustentan el delito de rebelión, golpe de estado militar y golpe de estado violento y delito de sedición, lo cual concretamente significa un alzamiento tumultuario para impedir el cumplimiento de la ley”.

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“Esos actos”, siguió Salellas, “son actos consistentes en el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de manifestación. El escrito del fiscal va relacionando todas las manifestaciones convocadas por el movimiento independentista, en el caso de Jordi Cuixart, como líder de la sociedad civil, y se basa en actos de libertad de expresión, en que se incluyen como hechos: discursos organizados por Cuixart, los twitter realizados por Cuixart, las entrevistas realizadas por Cuixart… Por lo tanto nosotros estamos en capacidad para demostrar que, efectivamente, tal como dice el propio dictamen del GTDA, los hechos que motivan su ingreso en prisión y su juicio en la actualidad son hechos de naturaleza política”.

En sí todas las manifestaciones alrededor de este proceso fueron actos de protesta, pacifica siempre, con llamamientos a la no violencia donde el planteamiento político fue y sigue contrario al del Reino de España. Por lo tanto, la sospecha es clara para la defensa de los líderes catalanes y de su pueblo en general: El sistema judicial nacional se utiliza para reprimir a los adversarios políticos.

¿Qué es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria?

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria -GTDA- es uno de los procedimientos especiales temáticos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado en 1991. Su mandato es de “investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que, por alguna circunstancia, sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes, siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan adoptado una decisión definitiva sobre el asunto y en conformidad a la legislación nacional”.

Las detenciones son “arbitrarias”, según el GTDA, cuando son “contrarias a la ley nacional o a los instrumentos internacionales de derechos humanos, no respetan los principios de justicia, corrección y previsibilidad, así como las garantías procesales”. Las decisiones del GTDA no tienen efectos jurídicos, y como todas las decisiones de los Grupos de Naciones Unidas, son, en concreto, recomendaciones.

CI ER/JA/06/05/2019/20:00

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