Derechos Humanos

[Entrevista] Sociedad respalda medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz

11 abr. CI.- Varias organizaciones sociales expresaron su apoyo por medio de un comunicado a las medidas cautelares decretadas por parte del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, Néstor Raúl Correa Henao, a través del auto No.002 del 12 de marzo de 2018. Estas medidas tienen por objeto la preservación de los archivos de Inteligencia, Contrainteligencia y “gastos reservados” del extinto Departamento Administrativo de seguridad -DAS.

Se resaltó el carácter urgente del cumplimiento de las medidas cautelares para dar protección a todos los archivos que contengan información de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte del Estado. Colombia Informa habló al respecto con Franklin Castañeda, Director de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una de las organizaciones firmantes.

¿En qué consisten las medidas cautelares?

Las medidas cautelares son una facultad del acto legislativo que rige a la JEP, establecida por un término corto de tiempo y de manera provisional en cabeza de su Secretario.

Esta facultad jurisdiccional del Secretario terminaba una vez estuviera instalada y en funcionamiento la magistratura (los Magistrados de las distintas salas de la JEP).

El 12 de marzo son tomadas las medidas cautelares y el 15 la JEP fue abierta al público. Lo que se ordena por parte del Secretario es que se haga un proceso donde se ubiquen, organicen y revisen el inventario de los archivos;  principalmente los que se refieren a información de Inteligencia, Contrainteligencia y “gastos reservados” para que esa información se ponga a disposición de la Comisión de la Verdad y de las magistradas y magistrados de la JEP para así garantizar el acceso de estos dos órganos a dicha información.

De esta manera se podrá tratar casos que tengan relación con esa información como las actividades ilegales que realizó el DAS desde el año 2002 hasta su liquidación.

¿Qué respuesta recibieron del Gobierno?

El Gobierno colombiano atacó la facultad que tiene el Secretario para hacer este tipo de acciones, considerando dos factores. El primero, que los archivos deben ser protegidos. Y el segundo, que esa medida debía ser ordenada por los Magistrados.

La Presidenta de la JEP, la Doctora Patricia Linares, y el Procurador General de la nación han planteado lo mismo; entonces hay una controversia sobre la competencia del Secretario.

Para las organizaciones sociales que apoyamos la medida decretada, la competencia ha existido desde el 15 de marzo y lo que queremos es que haya una garantía de que se van a entregar todos los archivos a la JEP y a la Comisión de la Verdad.

También respaldamos esta medida por la importancia que tiene para las víctimas del conflicto armado y para víctimas del Estado en particular. Hacemos un llamado a que se cumpla y que sea la pauta para que se sigan tomando medidas similares desde la presidencia de la JEP y la magistratura.

¿Qué archivos existen sobre el caso del DAS?

Los expedientes del DAS se pueden relacionar con su última etapa (conocida por el caso de “Las chuzadas del DAS”) pero si se estudia la historia de los magnicidios en Colombia, se encuentra que escoltas que cambiaba el DAS tuvieron un papel determinante en facilitar homicidios, asesinar a los sicarios de manera silenciosa o que no se pudiera probar quien había ordenado los crímenes.

Según varias investigaciones, el DAS jugó un papel muy claro frente al tema de la tortura pero también tenía el área de Contrainteligencia donde desarrollaba Inteligencia sobre sus propios funcionarios y funcionarios del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública que podrían estar vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.

A pesar de que la Procuraduría ha dicho que hay una medida cautelar sobre esos expedientes, lo cierto es que estos archivos no están en manos de la JEP ni de la Comisión de la Verdad. No hay certeza del inventario de esos archivos para dar una versión histórica del conflicto, aclarar la verdad y sancionar a los responsables.

La etapa en la cual está el país es crucial y debe haber una actitud propositiva para lograr que todos estos archivos pasen a la JEP y la Comisión de la Verdad. Por el contrario, vemos que desde distintas instancias y bajo diferentes argumentos se le quita legitimidad a la medida, se obstaculiza el conocimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidades del Estado.

¿Dónde se encuentran esos archivos en estos momentos?

Lo que se dice es que esos archivos están en poder del Archivo General de la Nación, pero este órgano no tiene el número de funcionarios suficientes para brindar el debido resguardo de esos archivos y garantizar que no se pierdan.

Por otra parte, no existe la certeza de que esos archivos estén ahí y no hayan sido tomados por otras centrales de Inteligencia que entraron a reemplazar funciones del DAS.

A nosotros nos parece que es necesario tener la mayor claridad sobre esto y que el conflicto armado pueda terminar con una serie de transformaciones, entre ellas que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad y faciliten que los órganos creados en virtud del Acuerdo de Paz tengan acceso a los archivos.

¿Qué buscan las organizaciones sociales?

El papel de las organizaciones de Derechos Humanos es “rodear” a la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que puedan cumplir la labor que legalmente tienen establecida. Para que tengan un acceso claro, libre y completo a los archivos del DAS y se garantice que esa información no va a ser hurtada, modificada ni desaparecida. Todo en aras de iniciar lo antes posible su labor y ver cambios concretos en cuanto a los derechos de las víctimas, en particular a las víctimas del Estado.

CI DA/PC/11/04/18/18:00

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