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El ministro contra Cajamarca. El modelo contra la democracia

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Unas horas después del contundente triunfo del NO en la consulta popular de Cajamarca, el ministro de Minas Germán Arce, afirmó en una entrevista radial que: “La consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley (…) no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacía atrás (…) Esta decisión, de orden político, no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado”. En suma, Arce afirma que la decisión que tomó Cajamarca no es vinculante jurídicamente.
En primer lugar, la declaración del ministro es una abierta confesión de las acciones habituales del gobierno. Deja claro que el gobierno central toma decisiones sobre los territorios sin ninguna participación de las comunidades potencialmente afectadas, y que está dispuesto a oponerse a los mecanismos de participación establecidos en la constitución si generan decisiones contrarias al modelo económico vigente.
El núcleo del debate sigue siendo la tensión entre el modelo económico impulsado por el gobierno y la exigencia de democracia por parte de las comunidades en las regiones. En este caso, el gobierno autorizó una concesión minera de cerca de 6.000 hectáreas, en una zona de producción agrícola, a una empresa con preocupantes antecedentes, con la perspectiva de ejecutar el proyecto de extracción de oro más ambicioso del país y uno de los más grandes del hemisferio. A pesar de la importancia de la decisión, la tomó sin preguntarle a los habitantes del municipio.
El ministro plantea que la Anglo Gold ya tiene un título, mientras los habitantes de Cajamarca se preguntan ¿Cómo le dieron títulos mineros de semejante magnitud a una empresa, sin antes consultar? Lo anterior reafirma lo planteado por la Corte Constitucional en su más reciente jurisprudencia: el ordenamiento minero tiene profundas deficiencias, no se ajusta al marco constitucional, y por ello es cuestionable su validez.
La consulta popular es vinculante
En la mencionada entrevista, el ministro afirmó que la decisión no es vinculante para el proyecto La Colosa porque ya hay un título minero otorgado, lo cual constituye un derecho, y que la decisión no tiene efectos retroactivos. Esto nos indica varias cosas:
a. De manera implícita, el ministro reconoce la fuerza normativa de la consulta hacia futuro, pues ratifica lo que ya sabemos por el marco legal y jurisprudencial: las consultas populares son vinculantes. Lo que viene es la materialización de la voluntad popular en instrumentos de ordenamiento del territorio.
b. El ministro desconoce los efectos de la consulta hacia el pasado. Sin embargo, la decisión sí afecta al proyecto La Colosa, pues el título minero constituye una mera expectativa, pero no tiene aún la licencia ambiental que es el instrumento que realmente habilita la explotación minera. Tal licencia ambiental debe ser tramitada teniendo en cuenta: La voluntad popular del pueblo de Cajamarca y los nuevos lineamientos de la Corte en materia de licenciamiento.

Con consulta o sin consulta, la Corte ha venido imponiendo varios requisitos adicionales a este trámite. No se trata solamente de un trámite técnico sino de un trámite decisivo para el ordenamiento, donde la gente debe participar.

El interés general prima sobre el interés particular: El título minero no genera derechos adquiridos.

Pero, si en gracia de discusión, aceptáramos que los genera, habría que ponderar los derechos en juego: derechos de una empresa vs. derechos fundamentales de la comunidad, entre ellos el de la participación que se vería violentado, y en consecuencia múltiples derechos afectados por la explotación. En suma, la empresa no tiene derechos adquiridos, y si los tuviera, constitucionalmente tiene mayor peso el derecho a la participación ejercido en la consulta popular del domingo 26 de marzo.
¿Qué pasa con los títulos mineros?
En todo caso, hay un hecho innegable. Hay unos títulos mineros vigentes que, aunque no generan derechos, sí existen y deben tomarse decisiones sobre esos títulos. Después del NO rotundo de Cajamarca, el camino a seguir no puede ser la imposición de un modelo económico y territorial derivado de la concesión de esos títulos. La decisión obliga a que el Estado en su conjunto busque las vías jurídicas para dar por terminados esos contratos. Fue el Estado colombiano, bajo el timón de los gobiernos Santos y Uribe, quien propició esta situación; la ciudadanía de Cajamarca no tiene ninguna responsabilidad por el desorden jurídico y territorial generado por el afán de ganancia de unos pocos. Si desde un principio, antes de conceder el título, se hubiera consultado con la comunidad del municipio, hoy no estaríamos en esta situación.
El problema frente a los títulos que tiene hoy la Anglo Gold lo generó el Estado, no los pobladores que ejercieron correctamente sus derechos, y es el Estado quien debe resolver esa situación, pero sin contrariar la constitución. Por otro lado, la empresa tampoco puede alegar derechos adquiridos. Si conoce y respeta el marco constitucional y legal, debe saber que sin licencia no tiene permiso de hacer nada. Por ende, y como aún no tiene ese permiso, no puede alegar que ya tenía un derecho.

Con los empresarios mineros y contra la constitución
Al emitir su pronunciamiento, el ministro olvida abiertamente la separación de poderes. Para mermar el pánico de los grandes empresarios mineros, Arce quiso enviar un mensaje de tranquilidad, olvidando que no tiene competencia alguna para decidir sobre la fuerza normativa de una decisión popular. La fuerza jurídica de dichos mecanismos la da la Constitución, la ley y la Corte Constitucional como intérprete de ambos. El ministro debe acatar la voluntad popular, como deja claro el artículo 4º de la Constitución.

Días previos a la votación, en el municipio circuló un panfleto de la empresa desinformando a la gente con el mismo argumento del ministro: la consulta no afectaría La Colosa porque el Consejo de Estado dijo en un fallo que las consultas tienen efecto hacia el futuro. En suma, el ministro comparte los argumentos de la Anglo Gold, aunque el derecho no les dé la razón. En sus declaraciones, Germán Arce omitió toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional que afecta su sector. La Corte ya zanjó la discusión sobre quién es propietario del subsuelo; el ministro insiste en que es el Estado, entendiendo que el Estado es él, como un pequeño Luis XIV posmoderno. No obstante, la Corte ya dejó claro que los municipios también son Estado y que en consecuencia tienen potestades sobre el subsuelo y no solo sobre el suelo. Por otro lado, la Corte también dejó claro que los municipios pueden excluir la minería de sus territorios.
¿Y ahora?
Lo que viene es materializar la contundente expresión de la voluntad popular en instrumentos de ordenamiento territorial. La discusión de fondo es por la autonomía de los municipios y las comunidades sobre el modelo de desarrollo vigente. Más allá de la discusión jurídica sobre la fuerza vinculante del mecanismo y su retroactividad, el efecto político de esta decisión es muy importante y debe derivar en acciones del gobierno para propender por su materialización.
Aquí surgen preguntas que rebasan lo jurídico y apelan al sentido común. ¿El gobierno ve viable implementar un proyecto minero que rechazó el 98% de los votantes?, ¿La empresa quiere operar en un territorio donde la gente no quiere que estén?, ¿Qué efectos podría traer semejante imposición? En épocas en las que se habla de la responsabilidad empresarial, del marco normativo sobre empresas y derechos humanos y de la solución negociada a los conflictos, ¿Se atreverá el gobierno en imponer el modelo en contra de la gente?
Para no olvidar
Aunque la Consulta Popular sea un mecanismo estipulado en la constitución, aunque se diga que tenemos una democracia participativa, aunque la participación sea un derecho fundamental, lo cierto es que los cajamarcunos debieron disputarse ese derecho contra las presiones del gobierno Santos y del exprocurador Ordóñez (que en estos temas sí están de acuerdo). En la Consulta enfrentaron a un rival digno de los tiempos de la “posverdad” que en días previos a la votación movió millones de pesos en propaganda engañosa y presionó a los votantes para que no participarán en la contienda. A pesar de la mentira, del dinero y de amenazas a integrantes del Comité Ambiental del Tolima unos días antes de la votación, lograron el umbral y un contundente 98% dijo NO al proyecto.
El campesinado de Cajamarca y el movimiento ambiental del Tolima ganaron una batalla crucial en las luchas por el territorio y el derecho a decidir. El país entero hoy agradece al Comité Ambiental, a las y los jóvenes de Cosajuca, a cada uno de los procesos que impulsaron la Consulta, y a los miles de campesinos que esa mañana de domingo salieron de sus fincas para devolvernos la dignidad.
A pesar de la merecida alegría, las declaraciones del ministro muestran que Goliat tiene varias cabezas, por eso David no debe sacar su honda de la mochila. La va a necesitar.

Por Viviana Tacha y Alejandro Mantilla Q.

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