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Son los mismos

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Son los mismos. Los que se han opuesto al proceso de paz. Los que aplauden la libertad condicional de un condenado. Los que aprobaron la Ley Zidres, a pesar de hacerse llamar oposición a Santos. Los que piden rabiosos la revocatoria del Congreso al que pertenecen, porque dicen que si aprueba el nuevo acuerdo de paz, sería un organismo ilegítimo. 

 

Los alcances del nuevo acuerdo firmado en materia de desarrollo rural

Esta semana se firmó oficialmente el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, que será llevado al Congreso ante la derrota del SÍ en el plebiscito que buscaba la refrendación del acuerdo inicial. Si bien los promotores del NO se muestran insatisfechos con los ajustes hechos al texto, es claro que en puntos como el desarrollo rural se salieron con la suya en varios de los reparos planteados. Los cambios hechos significan un retroceso en materia de democratización del campo, respecto a lo consignado en el acuerdo inicial[1]. Estas son las consecuencias de que las fuerzas que se oponen a los acuerdos de paz, ganen poder y consenso en la sociedad colombiana.

Según la matriz presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz[2], los promotores del NO presentaron 12 propuestas frente al Punto 1, el de Reforma Rural Integral. A continuación se comentan las principales modificaciones introducidas en el acuerdo a partir de estas observaciones.

El nuevo acuerdo resalta la idea de que el desarrollo del campo requiere un “adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes”, además de la competitividad y la promoción de la inversión. Para esto resultan indispensables, según el texto, los encadenamientos a través de la asociatividad entre pequeños, medianos y grandes productores. Es decir, ya no se trata del fomento exclusivo a la economía campesina, sino a los diferentes actores del agro. Y del campesinado, preferentemente si entra en asocio con el empresariado. En la misma dirección va el compromiso consignado de tramitar una ley para “promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso, en particular para pequeños y medianos productores en forma individual o asociativa solidaria”. La coincidencia entre estas dos propuestas incluidas en el acuerdo, asociatividad y derechos de uso sobre las tierras del Estado, con la figura de las Zidres, son evidentes. Laura Gutiérrez las analiza con detalle[3].

De otro lado, la obsesión del uribismo por proteger la propiedad privada llevó a que se introdujeran frases como “Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”. En cuanto a la expropiación administrativa, quedó establecido que se aplicará “de conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en la leyes vigentes”. Una reiteración que indica que la intención es darle la interpretación más conservadora a este principio, ya reconocido por cierto. Además, los promotores del NO habían solicitado expresamente “Aclarar en qué consiste la función ecológica o social de la propiedad, y cuándo hay aprovechamiento insuficiente”.

También se estableció el compromiso de que las modificaciones normativas en materia de tierras deberán ser discutidas “con los sectores interesados con el fin de buscar los consensos más amplios posibles, previo a su discusión en el Congreso de la República”. Teniendo en cuenta la inspiración de esta inclusión, es de suponer que no se busca consensuar con las organizaciones campesinas e indígenas, sino con los latifundistas y empresarios del agro.

Por último, frente a las semillas, los del NO solicitaron “Aclarar que la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, no implica la restricción de ningún tipo de otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras”, solicitud que fue incluida tal cual en el acuerdo definitivo.

En conclusión, asociatividad asimétrica y descampesinizadora, blindajes a la propiedad privada, talanqueras a la expropiación, concertaciones con el latifundio y privatización de las semillas, eran elementos centrales que les preocupaban a los abanderados del NO. Para infortunio del campesinado colombiano, quedaron incorporados en el acuerdo de paz.

“Uribito” y el modelo Sidras

Quienes promovieron estas propuestas son los mismos que celebraron que el pasado 17 de noviembre, cuando un Juez de Miami le concedió libertad bajo fianza al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros[4]. La razón, permitir que los recursos del programa  Agro Ingreso Seguro, que debían servir para proteger a los campesinos de los impactos del TLC con los Estados Unidos, se desviaran a las familias más ricas y poderosas del país, de tradición terrateniente. “No puedo ocultar que esto nos ha dado felicidad (…) Ojalá Colombia entienda que esos líderes no se pueden perder”, dijo Álvaro Uribe al conocer la noticia de la libertad de Arias.

Podemos recordar el modelo agrario que Arias pretendía implementar como Ministro a través de uno de los episodios más polemicos de su gestión: la Hacienda Carimagua. A pesar de que esas tierras, ubicadas en la Altillanura, debieran ser destinadas a familias desplazadas, Arias intentó entregarlas a empresarios privados. El Estado concesionaría las tierras sin entregar la propiedad. Los empresarios se comprometían a generar empleo en la región y a ejecutar obras de infraestructura. La justificación obedecía a que se trataba de tierras de muy baja productivdad, alejadas y sin infraestructura, lo que hacía inviable la economía campesina[5]. Exactamente el mismo diagnóstico y las mismas soluciones de las Zidres.

El Uribismo podrá arremeter contra el nuevo acuerdo de paz con fines electorales. Pedir que se refrende popularmente. Exigir la revocatoria del Congreso, si lo aprueba. Pero en cuanto al Punto 1, el único que podría significar alguna modificación a la política pública o al modelo de desarrollo, pueden darse por bien servidos. Modificaciones al acuerdo de justicia o a la elegibilidad política de las FARC eran irrealizables en la práctica. En cambio, para los ajustes que favorezcan la consolidación del modelo agroindustrial, de gran plantación y vocación exportadora, contaban con la anuencia del gobierno nacional. En ese punto existen amplias coincidencias entre Santismo y Uribismo, la aprobación casi unánime de las Zidres en el Congreso lo comprueba.

 

[1] Un análisis general del Punto 1 del acuerdo inicial está disponible en http://www.colombiainforma.info/enpiedepagina/2016/09/15/el-fantasma-de-la-soya-recorrio-la-mesa-de-la-habana/

[2] Matriz disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2016/noviembre/Juzgue-usted-estos-fueron-los-cambios-ajustes-y-precisiones-del-NO-incorporados-en-el-Nuevo-Acuerdo-de-paz.aspx

[3] Gutiérrez, Laura. “Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: modelo zidres en el punto 1”. Disponible en http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/un-nuevo-acuerdo-y-unos-nuevos-desacuerdos-modelo-zidres-en-el-punto-1?category_id=138

[4] Andrés Felipe Arias vuelve a casa: juez le dio libertad bajo fianza. Disponible en

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/libertad-bajo-fianza-al-exministro-andres-felipe-arias-articulo-666060

[5] “En Carimagua actuamos con transparencia”: Minagricultura. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-carimagua-actuamos-transparencia-minagricultura

 

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