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Reforma tributaria: El OCDE-Neoliberalismo de Santos

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La semana anterior terminó la expectativa por el contenido de la reforma tributaria. El gobierno finalmente la presentó ante el Congreso, luego de aguantarla esperando el desarrollo del plebiscito por la paz, y en un contexto marcado por la crisis fiscal producto de la caída de los precios del petróleo, el informe de la Comisión de Expertos y una serie de “recomendaciones” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. Éstas últimas tienen una relevancia especial, sumando la sigla en inglés y en español, la OCDE es mencionada 47 veces en la exposición de motivos que acompaña el articulado del proyecto. El contenido no trajo mayores sorpresas, pues el anunciado alivio a las cargas de las empresas, mayores impuestos a las clases medias y aumento del IVA, son el núcleo ya anunciado de la reforma.

Remediando errores propios

El discurso del gobierno sobre la necesidad de una reforma tributaria estructural, contrasta con el hecho de que es la tercera vez en seis años que el Presidente Santos y el Ministro Cárdenas tienen que llevar una iniciativa semejante al Congreso. La nueva reforma es la clara constatación de la insuficiencia (por no decir fracaso), de la presentada en 2012, puesto que elimina los principales elementos introducidos hace cuatro años.

La reforma de 2012 tuvo un propósito central: el desmonte de gran parte de los aportes parafiscales a la nómina, mediante los cuales los empleadores financiaban al Sena, Icbf y el sistema de salud. Éstos fueron remplazados por el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que graba las utilidades de las empresas. Para compensar, se redujo la tarifa de renta a las empresas del 33% al 25%. Es decir, los empresarios se llevaron un 2X1, les quitaron dos impuestos (los parafiscales y 8% de la tarifa de renta), y a cambio se les asignó sólo uno, el CREE. Lo que dejaron de aportar las empresas se compensó, igual que ahora, con impuestos a los trabajadores de ingreso medio (el IMAN y el IMAS), con aumentos en el IVA y la creación del impuesto al consumo. La suma debía ser igual a cero, la reforma buscaba ser neutral en el recaudo, como si el Estado no tuviera necesidades que atender o como si los precios de las materias primas fueran a mantenerse en los altos niveles de entonces.

Esa reforma dejó tal hueco en el fisco, que tuvo que ser ajustada con la Ley 1739 de 2014. Los argumentos que se usaron hace cuatro años para defender el CREE, el IMAN y el IMAS, son los mismos que hoy se utilizan para desmontarlos. La caída en los precios de los commodities, principalmente del petróleo, que tuvo una reducción del 58% en los dos últimos años, hace que haya que buscar nuevos ingresos que ya no pueden estar a cargo de los empresarios. Alguien tiene que pagar la crisis.

El núcleo: menos impuestos a las empresas, más impuestos a los trabajadores

La caída de los precios del petróleo supone una afectación al recaudo del impuesto de renta. Por tanto, la propuesta es diversificar las fuentes de ingresos del Estado, a la vez que se estimula la inversión privada en nuevos sectores de la economía. Se propone entonces eliminar el CREE, unificándolo con la tarifa del impuesto a la renta, que quedará en 32% a partir de 2019. Esto representa una reducción de 2%, puesto que la suma del CREE y la tarifa actual de renta equivale al 34%.

La reducción del impuesto a la renta tendrá un impacto en el 2017 de $1,8 billones. Se espera además un recaudo adicional de $7,1 billones para ese año. Esos recursos provienen en un 74,4% del IVA  y el impuesto en consumo, que deberán recaudar $8,1 billones adicionales en 2017. Ese es el núcleo de la reforma y la explicación de su carácter regresivo: Remplaza impuestos directos, aquellos que paga cada cual según su capacidad, por impuestos indirectos, los que pagamos todos por igual. El aumento de los impuestos indirectos se da principalmente por un aumento de la tarifa general del IVA, del 16% al 19%.

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Fuente: Exposición de motivos Proyecto de Ley No. 178 de 2016

La reducción de la tarifa de renta no es el único beneficio que se contempla para el empresariado. Está la eliminación del impuesto a la riqueza, el que Uribe creó con el nombre de impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática. También se permiten de deducciones del IVA pagados en bienes de capital, para fomentar la “competitividad y la inversión”.

La reforma tributaria trae otra afectación grave, vía aumento del impuesto a la renta para las clases medias. El proyecto disminuye el umbral de ingresos a partir del cual las personas tienen la obligación de declarar renta, de $3,4 millones a $2,8 millones mensuales. Cualquiera que gane esta cifra empieza a ser responsable de pagar la crisis, según la propuesta del gobierno.

¿Regresividad para financiar el gasto social?

El libreto del gobierno es claro: la reforma se requiere para financiar el gasto social (del corte familias en acción), por eso es que los ajustes regresivos en materia tributaria se justifican. Esta afirmación desconoce las verdaderas prioridades del gasto público en Colombia. El gasto en defensa para 2017 es cercano a los $29,5 billones y el pago de deuda llegará a $52,4 billones, lo que significa un aumento del 9,6% respeto a 2016. Juntos rubros suman cerca de 36% del presupuesto total.

La justificación de la reforma es que de no hacerla, sería imposible dar continuidad al gasto social. Dejar de financiar la guerra, o renegociar las obligaciones con el sector financiero, son una herejía que ni siquiera se contempla.

El OCDE-Neoliberalismo 

Parte de los engañosos argumentos del NO en la campaña del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz consistió en que el país se encontraba al filo del castro-chavismo. Proyectos como esta reforma tributaria confirman exactamente lo contrario. Un binomio que define mejor al carácter de Juan Manuel Santos es el ser seguidor de la OCDE y un Neoliberal convencido. Esta reforma acata sin reparo buena parte de las recomendaciones en materia económica de este Organismo Multilateral, caracterizado como el club de países ricos, aunque signifiquen cobrar más a quienes menos tienen. La reforma se fundamenta también en los pilares teóricos de la economía neoliberal: enfocarse en los tributos más fáciles de recaudar y que menos distorsionen el mercado, aunque  traigan mayores desigualdades. Además, dar garantías a la inversión y gabelas al empresariado, confiando en que éste traerá empleo y desarrollo. El OCDE-Neoliberalismo se profundiza, la construcción de paz sigue pendiente.

 

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