Nacional

¿Cómo deben fallar los jueces? Reflexiones a propósito de los ataques a la Corte Constitucional por sus decisiones en materia minera

audiencia-zidres

Los medios masivos de comunicación han afirmado que el sector de la minería se siente “acosado” por los fallos de la Corte Constitucional. A su vez, estos mismos medios han calificado las sentencias de dicho tribunal como “adversas” por el solo hecho de no fallar a favor de intereses empresariales. Han asegurado que son fuente de inseguridad jurídica y que ahuyentan la inversión privada[1]. Hacen un llamado a la Corte para que tenga en cuenta las consecuencias económicas de sus fallos[2].  Esta campaña contra la Corte Constitucional tiene al menos dos explicaciones. La primera consiste en las sentencias que en los últimos años ha producido este tribunal, las cuales avanzan en la definición de la gran minería como un problema social y como fuente directa de graves violaciones de derechos, cuestionando así los supuestos beneficios de esta industria. La segunda está relacionada con la anterior, pero con una apuesta hacia el futuro. El próximo año cuatro de los nueve magistrados que componen la Corte cumplirán su período, por lo que los ataques buscan presionar un cambio de enfoque en la Corte con magistrados afines a una mirada corporativa del derecho[3].

La última sentencia fuente de controversia, que recibió duras críticas por parte de grandes medios, se dio a conocer hace menos de dos semanas[4]. Se trata de un fallo de la Corte que, al estudiar el caso de una consulta popular minera que quería impulsar el municipio de Pijao (Quindío), pero que fue frenada por el Tribunal Superior del Quindío por considerar que dichas consultas no eran procedentes, zanjó dos discusiones: estableció que las consultas populares en temas mineros no son solo procedentes sino obligatorias[5], y recordó que los municipios, como parte del Estado, también toman parte en las decisiones sobre la explotación del subsuelo. Un golpe, sin duda, a la posición de empresas y del gobierno nacional que venían sosteniendo que las consultas en temas extractivos no tenían fundamento legal y que el gobierno nacional era el único facultado para tomar decisiones que impactaran la política minera.

En dicho fallo, la Corte además abrió importantes discusiones que deberían tener un lugar en el debate político sobre la actividad minera, y que de no tenerlo propiciarán disputas jurídicas venideras. Al referirse a la crisis ambiental y a los impactos del extractivismo en la naturaleza, la Corte abrió preguntas sobre los derechos que aquella tiene como sujeto autónomo y sobre la relación que tenemos con ella, la cual no debería basarse en criterios utilitarios sino en criterios de justicia ambiental. También se preguntó por los impactos de la actividad minera en la agricultura, en la reforma agraria (debido a la competencia por las tierras) y en los sujetos campesinos, algo novedoso e importante si tenemos en cuenta el enfoque étnico que habían tenido los últimos fallos de la Corte. También estableció la relación, tantas veces denunciada pero asimismo ocultada, entre conflicto armado y minería, pero además de determinar que hay una relación entre los territorios vaciados por la violencia y la ocupación que vino enseguida con grandes inversiones, concluyó que la minería genera una disputa con las tierras baldías y que dicha industria ha quitado más tierras a los campesinos que el desplazamiento forzado producido por el conflicto armado. Tamaña declaración. Es por ello que también abrió caminos a un debate que viene siendo denunciado con fuerza por movimientos sociales latinoamericanos: el desarrollo produce desplazamientos forzados, pero no hay categorías jurídicas que reconozcan esta realidad de las que se desprendan responsabilidades. De igual forma propuso el debate sobre el desarrollo y sus alternativas, rompiendo de esta manera con la idea de que el desarrollo protegido constitucionalmente es aquel basado en el ideal de progreso económico. Son caminos muy importantes que abre la Corte para problemas que hoy ya presenciamos y frente a los que el derecho no se ha pronunciado contundentemente.

 

¿Eficiencia o justicia en los fallos de la Corte?

Las reacciones no se hicieron esperar. La Revista Semana no dudó en afirmar que los fallos de la Corte tenían en “jaque” el desarrollo económico y se preguntaba por las razones del que llamó, “tinte anti-económico” de las decisiones de la Corte[6]. En esta nota de prensa, la revista habló de una “seguidilla de fallos” que han generado “incertidumbre jurídica” y que envían “un preocupante mensaje a la inversión privada”, reiterando que la Corte debe tener en cuenta las consecuencias económicas de sus fallos. Lo que los medios ignoran, o bien quieren ocultar a costa de desinformar a la ciudadanía, es que medir los efectos económicos de los fallos y decidir con base en criterios ajenos a la justicia no es tarea de los jueces.

Dicha pretensión, ajena por fortuna a la tradición jurídica en Colombia, tiene sin embargo grandes defensores y toda una corriente dentro de la teoría jurídica. Se trata del Análisis Económico del Derecho (AEC), una corriente nacida en la Universidad de Chicago en la década del 60 que persigue lo que, de manera menos sofisticada, anhelan los medios y los empresarios en Colombia: aplicar la teoría económica al análisis de los fines del derecho, sus procedimientos e instituciones. Los efectos de las leyes y las consecuencias de las decisiones judiciales son trascendentales para este enfoque, medidas a partir del criterio de la eficiencia y partiendo de considerar a los sujetos como individuos racionales que persiguen maximizar su utilidad y responder a los incentivos del mercado (que para el caso jurídico serían los incentivos legales). Desde esta perspectiva, la valoración positiva o negativa de una ley o de una decisión judicial está en sus resultados, en su eficiencia, y en cómo los bienes (recursos o derechos) se asignen a quien más valor de uso les otorgue.

Por diversas razones, la tradición jurídica colombiana no ha hecho mayor eco de dicha corriente, preponderante en los Estados Unidos donde tiene a sus fundadores y a sus mayores exponentes. Nuestra tradición es más cercana a aquella que no se preocupa tanto por la eficiencia de sus fallos como por los criterios de validez y de justicia que inspiran la creación normativa (leyes o decisiones judiciales). Esta discusión, simplificada en exceso en este escrito y a la que se dedica la teoría jurídica y la filosofía del derecho, es relevante en la discusión a la que nos abocamos frente al papel de la Corte. Mientras que unos quieren que los efectos de los fallos se calculen tomando en consideración “el desarrollo económico del país”, otros exigen que los criterios de las decisiones judiciales sean de justicia y que sus efectos sean los de provocar ajustes normativos que lleven a empresas y gobierno a respetar principios constitucionales y derechos fundamentales. Quienes se benefician del sector extractivo quieren lo inverso: que los principios constitucionales y los derechos se supediten a la industria minera; la Corte insiste en hacerles ver que es justamente lo contrario.

¿Inseguridad jurídica para quién?

Una de las críticas más recurrentes frente al activismo judicial de la Corte en temas mineros, consiste en afirmar que los fallos provocan inseguridad jurídica. Estas críticas parten de dos consideraciones. La primera consiste en afirmar que la intervención de la Corte en asuntos de política minera pone en peligro los contratos y las inversiones, al anular leyes que dan soporte a esos contratos. Este fue, por ejemplo, el argumento que se esgrimió cuando quedaron en entredicho múltiples contratos mineros que fueron concedidos en ecosistemas de páramo y que quedaron sin fundamento legal luego del fallo de la Corte que prohibió la minería en dichos ecosistemas. La segunda consideración es que, debido a los múltiples fallos de la Corte, los empresarios ya no saben cuál es la legislación que rige en Colombia, lo que incrementa los costos de transacción y por ende disuade la inversión.

Estos argumentos son peligrosos porque pueden ser sugestivos para la opinión pública a pesar de no tener ningún fundamento. Al poner el foco en las decisiones de la Corte, los medios pasan por alto lo evidente: el origen de la inseguridad jurídica no se encuentra en los fallos de los jueces; se encuentra en la improvisación e irresponsabilidad del gobierno nacional y de los legisladores frente a la política minera. Ambos vienen produciendo decisiones legales o administrativas en abierto desconocimiento de la Constitución y de la propia jurisprudencia de la Corte, y entregando títulos mineros sin consideraciones ambientales o sociales. Con tantos fallos que hay a nivel constitucional en el tema, ya sería hora de que el gobierno cumpliera las decisiones judiciales para poder ofrecer certeza normativa, no solo a las empresas, que con el marco jurídico actual ya deberían saber que con sus operaciones no pueden violar derechos humanos, sino sobre todo a las comunidades. Son estas las que más sufren los efectos de la industria y quienes, si vamos a hablar de inseguridad jurídica, se encuentran en el nivel más vulnerable. Comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas han debido entablar acciones jurídicas para solicitar lo evidente: que los dejen participar en las decisiones que afecten sus territorios, que no les contaminen sus fuentes hídricas, que no les contaminen el aire que respiran, que no dañen zonas de protección importantes para ellas y para el ambiente, que los dejen proponer otros destinos para sus vidas y territorios.

Defender a la Corte de un rumbo conservador

Se suele afirmar que la Corte Constitucional colombiana es progresista. De hecho, su jurisprudencia ha sido una referencia en Latinoamérica. Ello ha sido así porque, a pesar de sus yerros, la Corte ha acompañado cambios sociales en Colombia. En unos casos de manera más decidida que en otros, pero en todo caso empujando debates necesarios. Hay quienes quieren cambiar el rumbo de esa mirada, apuntando a una Corte conservadora que no sea arriesgada y que sea poco creativa. Aunque es importante no perder de vista que las acciones jurídicas estratégicas solo acompañan la acción política de los movimientos sociales, es necesario defender las ganancias que hemos conquistado mediante la movilización del derecho a favor de luchas populares. Por ello es clave pronunciarse en contra de los ataques injustificados que grandes medios y el sector corporativo hacen a la Corte, pero también es importante ser críticos cuando veamos que sus decisiones no consultan criterios de justicia social. Esta semana, los medios anunciaron que la Corte dará un espaldarazo a las Zonas de interés de Desarrollo, Económico y Social (ZIDRES)[7]. De ser cierto, y de permitirse que las tierras baldías sean entregadas a los grandes empresarios del agro, estaremos dando un giro equivocado con terribles consecuencias para el campo, el campesinado colombiano y nuestra soberanía alimentaria.

Esperemos que los medios de comunicación una vez más estén desinformando, y que el tan esperado fallo sobre las ZIDRES nos haga recordar la importancia de defender a la Corte y de contar con jueces constitucionales que acompañen las reivindicaciones populares desde criterios de justicia social.

[1] Consultar en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/fallos-en-contra-de-la-mineria-en-la-corte-constitucional/16620528

[2] Fue el argumento presentado por María Isabel Rueda en una de sus columnas radiales en la emisora W Radio el pasado 12 de octubre.

[3] Tal como ocurrió el año pasado con la elección de Alejandro Linares, quien ha defendido sin rubor los intereses de las corporaciones en los fallos (ver sentencia C-035 de 2016) y audiencias públicas constitucionales (Audiencia sobre la Ley 1776 de 2016 que crea las Zidres).

[4] Corte Constitucional, sentencia T-445 de 2016, M.P. Iván Palacio.

[5] Para ello, se basó en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 que claramente estipula: “Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley”.

 

[6] Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/fallos-del-la-corte-constitucional-impactan-el-desarrollo-economico-en-las-regiones/499115

[7] Consultar en: http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-demanda-ley-de-zidres-en-la-corte-constitucional/500008.

Click to comment

Leave a Reply

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

To Top
Ir a la barra de herramientas