Nacional

La impunidad como pretexto: análisis parcial de los resultados del plebiscito

uribe-enpiedepag

“No se deje engañar”. Con esta oración imperativa, el Centro Democrático abre el principal video de la campaña por el “No” para el plebiscito del pasado 2 de octubre[1]. Uno de los puntos centrales del engaño reside, según la propaganda, en que los responsables de crímenes atroces no irán a la cárcel. Para profundizar en esta idea, el video se refiere al prontuario de algunos jefes de las Farc y a algunos casos conocidos por la opinión pública como el atentado al Club El Nogal, el secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca y la masacre ocurrida en Bojayá,  indicando enseguida que sus responsables no irán a prisión. Aunque son múltiples los factores que explican la sorprendente victoria del No en el pasado plebiscito del 2 de octubre, en este escrito propongo un análisis sobre uno de ellos: el discurso sobre la impunidad. Fue central en los debates anteriores a la votación del plebiscito y será protagónico en las discusiones venideras.

Quienes no hayan visto dicho video, en todo caso sabrán que uno de los ejes discursivos de la campaña por el No giró alrededor de la impunidad que según sus promotores permitiría el Acuerdo. Fue repetido hasta la saciedad por todos los voceros del No, y tal como queda corroborado por los resultados del plebiscito, no fue contrarrestado con contundencia por los diversos partidarios del Sí. En un tema que concentró los  más ingentes esfuerzos de los negociadores de ambas partes de la mesa, en el que quizás fue el acuerdo más difícil de lograr y que llevó a la adopción de un complejo mecanismo de justicia que denominaron “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición”, el debate en la opinión pública se redujo a algo muy simple: si los miembros de las Farc irían a la cárcel o no.

Semejante reducción de la discusión, que con seguridad movilizó el voto de varios de quienes le dieron la espalda al Acuerdo, arroja algunas certezas preocupantes. La primera es que la ciudadanía sigue considerando que las Farc (las guerrillas en general) son las únicas responsables de graves crímenes en Colombia. La segunda es que esa misma ciudadanía considera que el único castigo posible para ellos es la prisión. Es cierto que en estos cuatro años de negociaciones también se abrió la discusión sobre la responsabilidad del Estado, de políticos y de empresarios en graves crímenes, por lo que las partes acordaron que “no intercambiarían impunidades”. Sin embargo, a nivel mediático es evidente que cuando se indagaba por la justicia y por la impunidad, ambos polos de la discusión giraban en torno a la guerrilla como único actor, fuera para conceder que había que ceder en algo de justicia si queríamos llegar a un acuerdo con ellos, fuera para cerrarse a la idea de que no había otra alternativa distinta a la justicia retributiva.

Una derrota anticipada

Parece entonces que, al menos en este punto, estábamos ante una derrota anticipada. Al movimiento popular, de derechos humanos y de víctimas que le interesaba posicionar con fuerza la responsabilidad política y jurídica del Estado y de diversas élites en graves crímenes, le fue imposible lograr este cometido. Al gobierno nacional, que le interesaba garantizar la implementación del Acuerdo, le fue imposible comunicar la manera como este podría garantizar justicia sin contemplar la cárcel como primera alternativa, manteniéndola en todo caso como parte del sistema especial que fue creado. Pocos de los que votaron por el “No”, e incluso de los que votaron por el “Sí”, sabrán que el Acuerdo no permite la amnistía ni el indulto de graves crímenes, y que lo que contempla para ellos son grados diferentes de sanciones dependiendo del nivel de verdad que ofrezcan los victimarios y del momento en que lo hagan[2].

Por el contrario, los partidarios del No supieron jugar muy bien sus cartas, apelando para ello a la ya recurrente y vieja estrategia de constituir y definir al enemigo, de apuntarle selectivamente con el poder punitivo haciendo uso de la pulsión de venganza como una eficaz herramienta de manipulación política. Con el discurso de “paz sin impunidad” lograron además apropiarse de la que ha sido la bandera política del movimiento de víctimas y de derechos humanos, mostrándose de repente como los adalides de la justicia.

Discusiones necesarias

Este último factor abre un reto enorme para el movimiento de víctimas y para organizaciones de defensa de derechos humanos: recuperar dicha bandera. Para ello parece necesario abrir dos discusiones. La primera gira alrededor de la cárcel como institución. Es evidente que mucha gente en el país sigue aún sin entender y sin compartir –incluso si han votado por el Sí- por qué los responsables de graves crímenes, incluidos todos los responsables, así digan la verdad y contribuyan con sanciones a la reparación, no van a ir a la cárcel aunque sea un par de años. Es una discusión difícil que ya tiene respuestas por parte de organizaciones que vienen trabajando desde hace años en estos terrenos, pero que apenas se ha venido abriendo camino a nivel de la opinión pública y frente a la que el Acuerdo ofreció respuestas que desmontan lo que hasta hoy se entendía por justicia. Por ello es imprescindible abocarnos a la discusión sobre la superación de la cárcel y de sus posibles salidas.

La segunda corresponde a la comprensión sobre los significados y mecanismos de la impunidad. Aunque la discusión sobre la institución carcelaria sea necesaria, no es suficiente. Es claro que la impunidad no recae en la presencia o ausencia de sanciones carcelarias para los responsables de graves crímenes, sino en otro tipo de dispositivos que nos llevan a la negación de los crímenes y la ausencia de rechazo social frente a sus perpetradores. El Acuerdo en materia de justicia ya contenía algunos de ellos: a nivel discursivo, presumir la legítima acción de la fuerza pública, negándose con ello –o haciendo más difícil- la discusión sobre la existencia de políticas criminales al interior del Estado; la aplicación de un “fuero carcelario” para agentes de Estado, que implica que gozarán de especiales condiciones para cumplir las sanciones; la imposibilidad de que los Presidentes respondan ante el sistema acordado (inmunidad ante el sistema de justicia especial); el cambio en las condiciones para probar responsabilidad del mando (que hace más difícil probar la responsabilidad de quienes, sin cometer directamente los crímenes, los ordenaron o pudieron prevenirlos)[3]. Por ello es importante lograr poner en evidencia quiénes son los que persiguen la impunidad y cómo pretenden hacerlo.

Ambas discusiones son importantes de cara a la defensa del Acuerdo en su conjunto y a su eventual implementación si hay una salida política al bloqueo en el que nos encontramos. Es importante que haya claridad en las razones del por qué se defiendan sus contenidos en materia de justicia, pero también que seamos críticos frente al sistema, sabiendo qué podemos esperar, qué es lo que definitivamente no va arrojar e identificar lo que definitivamente estará en disputa.

La indiferencia moral de los del No

Una de las certezas más difíciles de asimilar y de enfrentar como resultado del plebiscito recae en la selectividad que aún existe en el pueblo colombiano al momento de identificarse o solidarizarse con el dolor de todas las víctimas. La victoria del No como fruto de la movilización del discurso de la impunidad no se explica solamente en la desinformación o en la mala comunicación del acuerdo. Tampoco se explica únicamente en la falta de posicionamiento de las principales apuestas del movimiento popular de víctimas y de derechos humanos en la agenda pública. Se explica también en la selectividad con la que el pueblo colombiano sigue condenando ciertos crímenes y guardando silencio frente a otros; en la manera como se solidariza con el dolor de unas víctimas –o por lo menos cree hacerlo- negando el sufrimiento de otras. Y dicha selectividad no obedece sin embargo a desinformación, sino a diversos mecanismos de negación que se han venido instalando a lo largo de estos años.

Las víctimas de crímenes de Estado vienen persiguiendo su reconocimiento desde hace décadas. Recordemos las marchas promovidas por Álvaro Uribe en febrero de 2008 para rechazar a las Farc y sus crímenes, negando con ello la existencia de las víctimas de crímenes de Estado. Y recordemos la marcha del movimiento de víctimas del 6 de marzo del mismo año, que tuvo que responder a semejante acto de mezquindad. Esta negación ha operado en diversos niveles a lo largo de la historia del conflicto. Los familiares de víctimas de desaparición forzada no vieron sino hasta el año 2000 reconocido dicho crimen como delito. Las víctimas de desplazamientos forzados tuvieron que soportar que se les llamara “migrantes”. Los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, cuyos elementos de masividad y sistematicidad saltan a la vista, tuvieron que enfrentar el hecho de que los crímenes de sus familiares fueran catalogados como casos aislados. Las víctimas de agentes estatales tuvieron que luchar para que el Congreso los reconociera en una ley que era para todas las víctimas pero que pretendía excluirlas.

En este sentido, la victoria del No es también la victoria del estado de negación en el que nos encontramos sumergidos en Colombia. La victoria de los que se niegan a aceptar lo que es éticamente inaceptable, de quienes aun sabiendo y reconociendo historias de dolor padecidas por comunidades rurales a lo largo y ancho del país se niegan a identificarse con ellas. Es la victoria de quienes, en últimas, niegan que las víctimas son actores políticos a quienes les estamos negando la posibilidad de construir a partir de otras bases.

En este momento nos enfrentamos a buscar una salida que nos permita continuar con la negociación política del conflicto. Pero la pelea parece ir más lejos. En disputa también está la necesaria resignificación de lo que ha sido la violencia en Colombia y los conceptos mismos de justicia y de impunidad.

 

[1] “La verdad oculta del plebiscito de Santos y las Farc”, disponible en: http://www.centrodemocratico.com/

[2] Estas sanciones dependerán grado de verdad que aporten y del momento en que lo hagan. Así, si desde el inicio de los procesos confiesan toda la verdad (exhaustiva, detallada y plena), recibirán sanciones que consistirán en trabajos, obras y actividades que estarán encaminadas a cumplir dos propósitos: implementar los otros acuerdos (agrario, participación política y sustitución de cultivos ilícitos) y a satisfacer necesidades de reparación de las víctimas. Quienes no confiesen desde el inicio toda la verdad, pero lo hagan antes de terminar el proceso, recibirán sanciones que van desde los 5 hasta los 8 años de prisión efectiva. Y quienes no aporten a la verdad en ninguna parte del proceso y sean vencidos en juicio, recibirán penas que van desde los 15 hasta los 20 años de cárcel. Ninguna de estas sanciones se dará de manera automática, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, con un complejo sistema de distribución de tareas, recolección de información, verificación de fuentes y procesos judiciales cuando sea el caso, las aplicará.

[3] Equipo Jurídico Pueblos y otros, “Ambiguo y decepcionante acuerdo. Itinerario para la impunidad de crímenes de Estado”, disponible en: http://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/02/ambiguo-y-decepcionante-acuerdo.html.

Click to comment

Leave a Reply

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

To Top
Ir a la barra de herramientas