Artículo de Opinión

¿Todos somos demócratas? Del plebiscito por la paz y las consultas populares en temas mineros

¿Todos somos demócratas?

Del plebiscito por la paz y las consultas populares en temas mineros

Viviana Tacha

Ahora todos somos demócratas”1. Mediante dicha afirmación, la reconocida profesora Wendy Brown plantea la pregunta de qué le queda a la democracia si observamos que en los últimos años este concepto es exaltado en casi todos los países del globo al tiempo que es reivindicado por partidos políticos y movimientos sociales de todo el espectro político, casi emergiendo como una nueva religión mundial. Si tal es su amplitud –nos dice Brown– la democracia parece haber sido vaciada de contenido, y es probable que le quede muy poca democracia a la democracia. En Colombia estamos más demócratas que nunca. En los últimos meses hemos presenciado un incremento de debates sobre plebiscitos, consultas populares, condiciones y garantías para el ejercicio democrático, entre otras discusiones similares promovidas por una multiplicidad de actores políticos y desde muy diversas orillas ideológicas.

Sin embargo, la vacuidad de esta explosión democrática queda en evidencia cuando nos estrellamos con una aparente incoherencia: nos piden participar en la solución política al conflicto armado pero nos impiden participar en la solución a los conflictos socioambientales generados por el modelo económico basado en el ideal de desarrollo. Nos invitan a participar en la construcción de la paz pero nos cierran el camino para participar en la construcción de alternativas a políticas de corte neoliberal. Nos convocan a votar el plebiscito por la paz pero deslegitiman cualquier mecanismo que le dé voz al pueblo sobre proyectos mineros, energéticos y agroindustriales. ¿Estamos ante una incoherencia?, ¿o dicho planteamiento hace parte de la racionalidad política del neoliberalismo y su comprensión de la paz? ¿Cómo actuar ante ello?

Democracia por doquier

El pasado 30 de agosto, el Presidente Juan Manuel Santos nos convocó formalmente a votar el plebiscito para refrendar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado el próximo 2 de octubre. Un par de meses antes, el hoy Senador Álvaro Uribe iniciaba la recolección de firmas ciudadanas en contra del acuerdo final –que para ese entonces no había sido firmado– apelando para ello a la movilización ciudadana. El Procurador Alejandro Ordoñez, en una más de sus cruzadas, exigía la celebración de consultas populares en aquellos municipios en los que se concentrarán las FARC para iniciar el proceso de dejación de armas, en una acción que intentaba poner frenos a los avances que en esa materia emergían de la mesa de negociaciones en La Habana. Por su parte, el Acuerdo Final asegura que su firma e implementación contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia y adopta algunas medidas que apuntan a ese fin.

Al tiempo que se abren estas discusiones sobre la negociación política al conflicto armado, apelando para ello a dispositivos democráticos, se cierran estos mismos canales a debates esenciales sobre el modelo económico. Desde hace tres años, cuando el municipio de Piedras (Tolima) impulsó el mecanismo de la consulta popular para frenar el avance de la gran minería en su territorio, muchos otros procesos sociales empezaron a apropiarse de la consulta popular, movilizando a autoridades locales –como alcaldes y concejales– en temas que en el pasado estaban reservados al gobierno nacional, y sensibilizando a los habitantes urbanos y del campo sobre los graves impactos que causaría la gran minería en diversos ámbitos de la vida comunitaria. Esta semana el Concejo de Cajamarca aprobó la consulta popular en dicho municipio, que será el más grande afectado si el proyecto La Colosa, de la AngloGold Ashanti, llega a ser ejecutado. El pueblo de Ibagué también está convocado a las urnas para decidir sobre el mismo aspecto, y están en diversas fases del proceso de consulta municipios de Boyacá como Gachantivá, de Caquetá como Paujil, y el departamento del Quindío en su conjunto.

La creciente demanda por consultas populares mediante las que se exige que el pueblo tenga poder de decisión sobre políticas trascendentales como la extractiva, no tiene sin embargo el mismo eco que las exigencias de participación para la paz, y de hecho ha encontrado diversas vías de bloqueo. Una de ellas ha consistido en posicionar la idea de que las consultas populares son ilegales e ilegítimas. Instituciones del Estado como la Procuraduría, el gobierno nacional y el sector corporativo han contribuido complementariamente a ese fin. El Procurador, que sugirió la realización de consultas populares para frenar los avances de la negociación política al conflicto armado, ha emprendido una campaña en contra del mismo mecanismo cuando es aplicado para preguntar al pueblo sobre temas extractivos, presentando para ello conceptos jurídicos negativos sobre la constitucionalidad de dichas consultas ante distintos tribunales, e impulsando procesos disciplinarios contra los alcaldes y concejales que han apoyado estos procesos de participación popular.

El gobierno nacional ha hecho lo propio arremetiendo contra las consultas populares. En diciembre de 2013, en el primer período de su mandato, el Presidente afirmó lo siguiente cuando se le preguntó por la posición que el gobierno iba a defender frente a las consultas populares: “la posición es clara: esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar a discusión2. Su posición al respecto no ha variado, pues el pasado 16 de agosto, días antes de saber que nos convocaría a las urnas para decidir sobre el futuro del Acuerdo Final, afirmó que las “consultas previas y las audiencias públicas son un dolor de cabeza”, y que estos mecanismos –que están reconocidos en la ley y en la Constitución– “son un instrumento muy perverso para detener el progreso del país3. Los ataques contra la consulta popular, la consulta previa de grupos étnicos y las audiencias públicas realizadas en el marco de procedimientos ambientales, tienen como explicación la movilización social en contra de grandes proyectos y los fallos de la Corte Constitucional que incrementalmente han empezado a proteger el derecho de grupos étnicos, comunidades campesinas y autoridades locales a tomar parte activa en temas mineros.

Estos fallos, a su vez, son fruto de la movilización legal que han emprendido diversas organizaciones sociales y congresistas de izquierda. Los empresarios del sector minero han manifestado en medios de comunicación que se sienten “acosados” por la Corte Constitucional porque los fallos son “adversos a sus intereses”4. No hace mucho, la revista Semana publicaba un artículo en el que avalaba dicha preocupación de los empresarios, señalando que invertir en Colombia se había convertido en una “odisea”, lo cual se debía –en criterio de la revista– a una combinación de “abuso” de la consulta previa, de fallos judiciales calificados como “adversos” por no avalar intereses privados, y de “procesos kafkianos” de entrega de licencias ambientales5.

¿Qué es lo que sí se puede votar?

La campaña de desprestigio que reciben los mecanismos de participación ciudadana cuando se trata de activarlos para dar voz a la gente en temas relacionados con el modelo económico, versus el empuje y entusiasmo que reciben los mismos mecanismos cuando se trata de refrendar los acuerdos de paz, nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que sí se puede votar?6 El problema no parece residir en un desprecio por los mecanismos democráticos, pues hoy día nadie puede darse el lujo de hacerlo so pena de quedar excluido del juego político; por el contrario, recae en los límites que les son impuestos y en los usos que se les da. El filósofo Alain Badiou ha expresado que si el mundo de los demócratas no es el mundo de todo el mundo, y si “todo el mundo” no es todo el mundo después de todo, entonces la democracia se convierte en una palabra que una élite utiliza para conservar sus privilegios7. Pero las organizaciones sociales y movimientos populares han logrado empujar los límites de quién es “todo el mundo”, obteniendo victorias importantes como la aprobación de consultas populares y el impulso de acciones jurídicas que han logrado ampliar los límites legales y políticos de la participación.

Aunque parece confusa, la posición del gobierno nacional y de las empresas que se sumarán a la campaña por el SÍ en el plebiscito del 2 de octubre es bastante coherente. Diversos funcionarios del gobierno nacional, incluido el Presidente, han asegurado que “la paz es el mejor negocio” y que actividades extractivas altamente dañinas como el fracking podrían financiar la implementación de los acuerdos de paz8. Si para el gobierno la paz es el mejor mecanismo para promover inversión y continuar profundizando un modelo que reprimariza la economía, es lógico que promueva todos los mecanismos para darle un SÍ a la paz y otro SÍ a los negocios. Este “otro sí”, que en la jerga jurídica es el que se utiliza para prorrogar todo tipo de contratos, incluidos los de explotación minera, lleva implícito un NO a todo aquello que pretenda frenarlos, de allí que el gobierno se vaya a seguir oponiendo a cualquier intento de democratizar decisiones relacionadas con proyectos económicos de alto impacto.

¿Qué está en juego en las votaciones que se avecinan?

Si adoptamos como postura la defensa del territorio, del ambiente y de vida digna para la gente, donde los pueblos decidamos autónomamente sobre nuestros planes de vida, ¿debemos darle entonces un NO al plebiscito, bajo la premisa de que la paz será utilizada para abrir –aún más– nuestros territorios al despojo y a la explotación? La coherencia democrática desde el lado izquierdo del espectro político reside en dos aspectos relacionados: el primero, en continuar empujando una comprensión de la democracia, no como gobernanza, como la utiliza el gobierno, sino como disputa por acceder de manera real a espacios de decisión en todos los asuntos de la vida política, tal como ya lo ha hecho la izquierda; de ahí que debamos apropiarnos del plebiscito para la refrendación de los acuerdos, motivando el SÍ, pero sobre todo las diferentes comprensiones que tenemos sobre la salida negociada al conflicto y lo que ese proceso debería significar en términos sociales y políticos, marcando para ello una distancia radical con las políticas del gobierno nacional. A la vez, debemos apropiarnos de las disputas territoriales que distintos procesos están impulsando mediante las consultas populares y otras estrategias, respaldándolas de diferentes maneras. La apropiación de estos mecanismos pasa entonces por promover el ejercicio del voto, pero además por concebirlo como la oportunidad para propagar las comprensiones que tenemos sobre los diversos conflictos que enfrentamos.

El segundo recae en comprender que las condiciones para que haya una real democracia nunca estarán dadas de manera total, y que por ello no se trata de concebir el Acuerdo Final firmado con las FARC como un primer paso, que luego nos habilitará uno segundo, en el que se abrirán otras disputas políticas que ahora están vetadas justamente en virtud de la guerra. Se trata, por el contrario, de comprender que es necesario ir despejando de manera simultánea todos los obstáculos que nos impiden ser realmente soberanos. De ahí que tengan el mismo peso político y la misma trascendencia la votación a la que nos abocaremos el 2 de octubre y las votaciones que se avecinan en el Tolima para decidir sobre el futuro del proyecto minero a cielo abierto “La Colosa”. Tan violenta es la guerra del conflicto armado como la del desarrollismo y sus proyectos de despojo y destrucción. Tan importante es llegar a una solución política al conflicto armado con las insurgencias como tomar parte activa en decisiones sobre otro tipo de conflictos como los sociales y ambientales.

Si queremos darle contenido popular a la democracia y radicalizarla, votemos entonces SÍ al Acuerdo Final y apoyemos e impulsemos el NO en las dos consultas mineras del Tolima. En ambas votaciones nos jugamos buena parte de nuestras apuestas políticas y bases importantes para continuar luchando.

1 Brown, Wendy (2011), “We are all democrats now”, en Georgio Agamben et al, Democracy in what state?, Nueva York: Columbia University Press.

3

6 Esta es una de las preguntas que el filósofo esloveno Slavoj Zizek formula en un artículo titulado “From violence to divine violence”, luego de mostrar la hipocresía de la democracia de la República Checa que en 2007 impidió someter a referendo la instalación de equipos de la armada de Estados Unidos en su territorio, a pesar de una abrumadora oposición a dicho proceso. El argumento, que también hemos escuchado de este lado del globo, es que aquel era un tema de seguridad nacional que no podía someterse a votación popular.

7 Badiou, Alain (2011), “The democratic emblem”, en Georgio Agamben et al, Democracy in what state?, Nueva York: Columbia University Press.

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