Medio Ambiente

Comunidad busca detener ampliación del Relleno Doña Juana

23 ago CI.- El Relleno “Sanitario” Doña Juana, es el vertedero de “basuras” más grande del país, ubicado sobre las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, al sur de Bogotá, lleva 30 años destruyendo naturaleza, seres humanos, animales, terrenos, culturas y tradiciones.

A pesar de las protestas del año pasado, donde cerca de 150 campesinos rechazaron pacíficamente durante más de tres días la iniciativa de la administración de Enrique Peñalosa de expandir el relleno, y de los enfrentamientos del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- contra la comunidad, que dejaron varias personas heridas, el Alcalde Mayor de Bogotá firmó el Decreto Distrital 621 del 14 de noviembre de 2017 en el cual “se declaró la existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales sobre los terrenos e inmuebles requeridos en el marco del Proyecto Relleno Sanitario Doña Juana”.

Este decreto no sólo declara la expansión inminente de esta problemática de salud pública, sino que además le da la potestad a la Administración Local para comprar predios al precio que quiera o expropiar, en caso de que las personas no accedan a vender sus terrenos.

“Esta decisión la tomó el Alcalde el año pasado, pero como todo lo que hace Peñalosa es que miente, entrega la información a medias o no la entrega, el decreto mediante el cual decide sacar a los campesinos se hizo público hasta hace unos 20 días” afirmó Óscar Barón, integrante del proceso popular Asamblea Sur.

Ante la prensa el Alcalde manifestó que no había posibilidad de ubicar el relleno en otro lugar, y que, por el contrario, se ampliaría, aumentando las tarifas de aseo que “son mucho mejor comparado con ciudades como Medellín y países de todo el mundo” y aseguró que “no es cierto que exista evidencia sobre los problemas de salud en vecinos de Usme o Ciudad Bolívar distintos a los que hay en otras partes de la ciudad. Obviamente quisiéramos que Doña Juana no existiera, pero no es cierto que hay problemas de salud. No hay ningún indicio de que haya alguna variación”.

Según Barón, cuando el Alcalde Enrique Peñalosa se dirige al lugar, lo hace desde un helicóptero, militarizando la zona con un número considerable de miembros de la Policía Nacional, ESMAD y Ejército. La comunidad lo ha citado a debates públicos a los cuales se ha negado a asistir.

“Él sabe que ese es un proyecto que no pueden defender. Son 30 años de dolor que ha causado esto, no sólo a la salud física sino a la condición mental, esos efectos no han sido medidos con un rigor científico, y la decisión que toma el alcalde Enrique Peñalosa es expandir ese daño hasta el 2070, o sea, destruiría todo lo que ustedes ven de aquí” añadió.

Y con la expansión se desata otra problemática que a su vez desglosa un sinfín de consecuencias ambientales y sociales.

El relleno se encuentra en una zona de producción agropecuaria que sirve como actividad de sustento de cientos de familias, próxima al Páramo más grande del mundo, el Sumapaz.

La preocupación de los habitantes es que con el anuncio de la expansión (más de 500 hectáreas equivalentes a las que ya están), el relleno llegaría a zonas que estarían sobre los límites de la Delimitación de Páramos que entregó el expresidente Juan Manuel Santos antes de terminar su mandato.

El agravante de su extensión no solamente es la destrucción de la tierra, el despojo y desplazamiento de campesinos, sino la presencia de la empresa multinacional francesa Suez-Lyonnaise des Eaux – Ondeo Degrémont.

“Para nosotros es una empresa criminal; en una especie de trueque que hicieron con la multinacional del cemento Cemex, se tomaron el Páramo de Chingaza, entonces no es tan desconocida su capacidad. Aquí entró hace como un mes, hoy en día tiene el 51% de la operación de ese basurero, lo cual lo hace el socio mayoritario” sostuvo Barón.

Para los habitantes de este sector, la intención de administrar el relleno es sólo un pretexto, pues según ellos “la Suez tiene como objeto fundamental el agua como comercio”, argumentando la cercanía con la reserva botánica del planeta, el Páramo de Sumapaz, y la insistencia con comprar terrenos que están cerca de los nacederos de agua.

Estas montañas son además zonas de reserva del pensamiento ancestral Muisca. Los habitantes le han expuesto al Gobierno varias alternativas de uso de los residuos, como la producción de energía eléctrica.

“Con solo 2.000 toneladas de material orgánico transformado se produce la energía eléctrica que movería al metro de Bogotá” explicó Barón.

Proponen producir esa cantidad de energía para extender el cableado hasta el Páramo de Sumapaz y así detener la creación de las 4 presas en el Río Blanco y el Río Sumapaz. También han presentado propuestas sobre la transformación de estos residuos en abono, como un recuperador de suelos.

“La mayor ofensa para ellos es cuando les decimos que independientemente de la tecnología, parte de las utilidades, no menos del 30% sea invertido en el área de impacto, que son las dos veredas, mochuelo alto y mochuelo bajo, y tres barrios en la parte baja, de manera directa. En la mentalidad de un burgués no está sacar utilidades y darle al otro” apuntó Barón.

La comunidad hace un llamado a la solidaridad de las colombianas y los colombianos para visibilizar esta situación de manera masiva, y lograr detener la propuesta de expansión para que, en el tiempo de Gobierno que le queda, Enrique Peñalosa no pueda actuar en la zona.

Es por esto que Barón enfatizó en que “tenemos no menos de dos meses para generar la denuncia, para generar la formación a través de la información, para generar las protestas y lograr bloquearle o anularle la aplicación del decreto”.

La comunidad sigue a la expectativa de lo que pueda suceder en los próximos días, ya que, dados los antecedentes, a la administración local de la ciudad no le queda difícil mandar a la Fuerza Estatal a reprimir a todas y todos aquellos que se atrevan a defender sus territorios.

Este relleno inició sus operaciones en septiembre de 1988 luego de que fueran cerrados antiguos botaderos; allí arranco el suplicio para los cientos de personas que habitaban la zona.

Lo que era un terreno de casi 600 hectáreas de alta producción agrícola, pantanos, lagunas y humedales, se ha convertido en un botadero de las mal llamadas “basuras” (residuos sólidos que en su mayoría son reciclables y reutilizables), llegando a escasos metros de las casas de la parte baja de la zona.

En el transcurso de los años debido a su mal manejo se han presentado dos derrumbes, catalogados como las mayores catástrofes medioambientales de este tipo sucedidas en el país.

Uno fue el 27 de septiembre de 1997, en donde cerca de un millón de toneladas de basuras se desplomó. Fueron 30 mil personas las afectadas en Bogotá y veredas cercanas.

En 2014, la Corte Suprema de Justicia sentenció que era responsabilidad del Distrito de Bogotá y le ordenó “pagar a título de indemnización de daño moral y afectación de los derechos constitucionales a la intimidad familiar y a la recreación y libre utilización del tiempo libre, la suma de $227.440.511.400 a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso y los que lo hagan después”. Sin embargo, 21 años después, las familias no han recibido compensación alguna.

Al año siguiente, en octubre de 2015 se produjo el segundo derrumbe de más de 750 mil toneladas de basuras, en la que se decretó alerta amarilla, incrementando con esto la proliferación de zancudos, moscas, ratas, malos olores y enfermedades respiratorias y cutáneas.

Al lugar llega la basura de 10 millones de personas de Bogotá y 11 municipios. Este proyecto insostenible demuestra que no existe voluntad política por parte del Gobierno Nacional para buscar alternativas que fomenten un mejor manejo y disposición final de los residuos sólidos.

CI JO/FC-CC/23/08/18/16:39

 

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