Delito político y presos políticos en Colombia serán los temas del Seminario convocado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, la Universidad Pedagógica Nacional y el Congreso de los Pueblos, que se realiza hoy en Bogotá. Entrevistamos a Franklin Castañeda, defensor de presos políticos y presidente del Comité que organiza la actividad.

 

El Seminario tendrá lugar en el Salón de Eventos La Carbonera (Avenida Quito No. 63a – 51) de Bogotá, y contará con la participación de reconocidos analistas y activistas nacionales e internacionales. En diálogo con Colombia Informa Castañeda elabora un esbozo de la situación actual de los detenidos enmarcados en este tipo de delitos, y lo que esto representa para los actuales procesos de negociación entre el Estado y las guerrillas.

«El delito político en Colombia es el único que se enmarca en el rango constitucional, mientas los demás delitos son considerados como tácitos según el código penal», explica el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia, institución que acumula 40 años de actividad en defensa de los Derechos Humanos.

«La legislación colombiana considera como delitos políticos básicamente tres delitos: el principal de ellos la rebelión, la sedición y la asonada, es decir, el levantamiento en armas para derrocar al Estado», fundamenta Castañeda, y agrega: «En Colombia lo que más se ha aplicado históricamente es la rebelión, básicamente a tres tipos de ciudadanos: las personas que se levantan en armas contra el Estado, es decir, los guerrilleros para ponerlo en términos coloquiales; pero también se ha venido aplicando la figura del delito de rebelión a líderes sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, lideresas, a personas que ejercen la oposición dentro de los medios institucionales o en medio de las normas básicas incluso de la democracia o dentro de la confrontación callejera; y por otro lado, también se le ha venido aplicando a campesinos, que muchas veces ni siquiera ejercen liderazgo social alguno sino que, básicamente, viven en zona de conflicto o zonas apartadas. 

En la entrevista el defensor de Derechos Humanos señala que hay una lógica desde el Estado que busca producir cifras que lo ayuden a sustentar su política de seguridad, que le ayuden en su lucha contrainsurgente. «Pero resulta que muchas de esas personas que terminaron privadas de la libertad en realidad eran población campesina totalmente inocente que poco o nada tienen que ver con la actividad de la insurgencia», explica. «A esos tres grupo poblacionales en Colombia se les ha venido aplicando esta legislación o se les ha venido enjuiciando, o investigando, por el delito político de rebelión. Y se les ha venido procesando muchas veces sin garantías judiciales», concluye.  

Entrevista completa: