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Electricaribe, la gran tragedia costeña

En días pasados, los medios de comunicación difundieron un estudio realizado por Sienco, grupo empresarial de soluciones en ingeniería y consultoría para infraestructura de energía, en el que se afirma que la costa Caribe es la zona del país donde más se presentan casos de robo de energía. No obstante, el estudio deja de lado que el servicio que presta la empresa Electricaribe es el más deficiente de todo el país y además uno de los más costosos. Presentamos un análisis de la intervención de la empresa electrificadora, realizado por Alberto Luna Ávila, coordinador del Frente Amplio por el rescate de Barranquilla. 

Por Alberto Luna Ávila* . Si algo caracteriza a la empresa Electricaribe como producto del auge del gran capital español que llegó a Colombia en los años noventa, dentro del marco económico del modelo neoliberal, es que consiguió apoderarse de buena parte del sector estratégico del servicio eléctrico, gracias al boquete que abrió la Constitución del 91 y a las  exigencias de las instituciones financieras internacionales, todo esto desde la óptica de obtener las mayores tasas de ganancia posibles.

Con la Carta Magna a su favor, la promulgación de las leyes 142 y 143 de 1994, un conjunto de reformas de flexibilidad laboral, pensional y tributaria, el establecimiento de una estratificación que reduce cada vez más  la población con derecho a subsidios, se facilitó el camino para la privatización en Colombia. Las grandes multinacionales aprovechando la difícil situación en que se encontraban las empresas de servicios las adquirieron por precios debajo de sus valores reales.

La compañía eléctrica española Unión Fenosa (más tarde Gas Natural Fenosa), en los noventa se irrigó por América Latina, buscando  mercados más rentables e ingresando al sector energético de la región con la compra de un conjunto de empresas eléctricas en República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Colombia. En nuestro país adquiere Electricaribe y Electrocosta, empresas encargadas de la distribución y comercialización de energía en la Costa Atlántica, unos meses después compra la Empresa de Energía del Pacífico -EPSA-, apoderándose de una infraestructura construida por décadas con gran esfuerzo por el Estado y  el pueblo colombiano.

A través de las Comisiones de Regulación, se aplicaron unas fórmulas tarifarias que buscaban el beneficio de las empresas,  la suficiencia financiera para fortalecer a los prestadores del servicio con el fin de propiciar un esquema sostenible a largo plazo,  generando un ambiente donde se garantizara la viabilidad económica de las multinacionales. En fin, la regla que debía regir era: a un nivel dado de tarifa, corresponde un nivel dado de calidad del servicio.

Con un Estado y una legislación a favor, unas tarifas que la beneficiaba y el monopolio del servicio eléctrico por Electricaribe, se inicia el calvario para el pueblo costeño. La empresa  buscó una pronta recuperación de sus inversiones, aplicando  un recorte de los costos laborales y pensionales,  la tercerización de los trabajadores y técnicos a través de contratistas y cooperativas de trabajo, y por otro lado, una política agresiva en el cobro. A todo esto  sumaría una serie de abusos y anomalías como, los cambios masivos de contadores, sin previo aviso, ni justificación; altas tarifas; sobrefacturaciones escandalosas; multas ilegales, donde el monopolio español es juez y parte; cortes masivos de energía, falta de mantenimiento de equipos y redes, daños de electrodomésticos, electrocutados y últimamente el cambio del cableado de cobre por uno menos conductor como el aluminio y de esta manera multiplicar sus ganancias.

Además,  con el fin de eludir su responsabilidad respecto a los sectores más pobres de la población, le impone al Estado la obligación de responder por el servicio en esas zonas a través de un incremento del sistema de subsidios e inversiones públicas y la creación de Energía Social.

En conclusión, los supuestos objetivos que se enarbolaron como justificación para la privatización del servicio de electricidad en la Costa Atlántica: la disminución de los costos que se debían reflejar en el valor de las facturas y el mejoramiento de la calidad del servicio, han fallado y con ello  se ha empeorado la calidad de vida del pueblo costeño.

Electricaribe ha sido un rotundo fracaso, por lo que se requieren  decisiones radicales por parte del gobierno nacional ante la gravedad del problema: la implementación inmediata de un plan de mejoramiento de la infraestructura eléctrica en toda la Costa, la condonación de una deuda impagable de los sectores más empobrecidos, la indemnización a los usuarios por los daños causados con los apagones y la mala calidad del servicio, y lo principal, la creación de una nueva empresa de carácter público. La bandera que se debe levantar en la Región Caribe desde ya, es: ¡No más Electricaribe!

*Alberto Luna Ávila hace parte del Frente Amplio por el Rescate de Barranquilla.

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