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El saqueo de Gas Natural al Estado a través de Electricaribe

21 mar. CI.- La semana pasada se anunció la liquidación de Electricaribe, una de las empresas prestadoras del servicio de electricidad en la costa norte del país. ¿La razón? no cuenta con las condiciones para proveer con calidad a los usuarios. A continuación presentamos una breve reconstrucción del saqueo de la multinacional Gas Natural Unión Fenosa a la electrificadora local.

Advertencias

Según organizaciones de usuarios como Indignados con Electricaribe, el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla y los Vocales de Control del Atlántico, entre el 2000 y el 2016, los diez millones de habitantes de la Costa Atlántica han padecido un pésimo servicio eléctrico, altas tarifas, trato indigno a trabajadores y acreedores, además de tercerización laboral en razón de los incumplimientos reiterativos de la empresa.

La ciudadanía informó también que no se hicieron las inversiones pertinentes en la infraestructura eléctrica: “Las redes de cables fueron desmanteladas y vendidas al exterior, lo que provocó una crisis de carácter estructural”. A su vez, rechazaron las presiones que desde España y Europa están haciendo tanto el Gobierno como las directivas de la transnacional para no afrontar las consecuencias de la intervención, según  las organizaciones ciudadanas, Electricaribe perdió toda la confianza de los usuarios residenciales y empresariales.

A propósito del anuncio de liquidación, varias organizaciones de usuarios se pronunciaron ante la intervención del Estado a Electricaribe, sobre lo que caracterizaron como un revés para Gas Natural, multinacional que controla el 85,38% de las acciones de la administradora de energía que, a su vez, hace parte del conglomerado financiero de la Casa Caixa de España.

Últimos hechos

El año pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios tomó posesión de los bienes de Electricaribe para hacerle frente a la crítica situación financiera de la compañía y remediar la ineficiente calidad en el servicio de energía en la costa. Tras cuatro meses de intervención estatal, inició la etapa de liquidación la semana pasada, lo que implica la búsqueda de un nuevo operador. El proceso será público, según la Superservicios, para asegurar que la compra de los activos sea eficiente. En este sentido, se conformará un ‘cuarto de datos’ sobre la información de la compañía para posteriormente abrir una subasta publica.

Por esos días el gobernador de La Guajira, Weilder Guerra, señaló que la ciudadanía del caribe no aguantaba más el mal servicio y los altos costos de Electricaribe. Sin embargo, esa advertencia fue hecha por el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo, quien en 2016 afirmó en la Comisión Quinta del Senado la importancia de intervenir a Electricaribe y sus implicaciones legales.

Fue el 15 de noviembre del año pasado que el senador Robledo cuestionó al Estado por el asunto Electricaribe. Entonces señaló que meterle la mano a la empresa, si bien era fundamental por los incumplimientos de la multinacional española que la administra, pone en juego el interés regional y nacional. Según el senador, el derecho de inversión adquirido con España compromete a Colombia porque si la empresa Gas Natural hace efectiva una demanda en el país, la responsabilidad recaerá sobre el gobierno nacional quien tendrá la obligación de indemnizar a la empresa foránea, apelando a un tribunal internacional en el que, en calidad de juez, estaría el Banco Mundial, “podría implicar el pago de una cuantiosa suma de dinero a Gas Natural”, señaló Robledo.

En contraste, José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, aseguró que esta intervención es “una de las pocas en las que el gobierno no ha tenido que poner ni un solo peso para mantener la prestación del servicio a cargo de una compañía intervenida”.

La duda queda en el aire y el proceso de liquidación apenas inicia. Mientras tanto, los más de 2.7 millones de usuarios que antepusieron quejas formales por la calidad  y los sobrecostos, quedan a la espera del nuevo operador que pueda prestar un servicio con eficiencia, sensibilidad social y calidad en la atención a todos los usuarios.

Memoria

La compañía eléctrica española Unión Fenosa (más tarde Gas Natural Fenosa), arribó a  América Latina en los noventas en búsqueda de mercados más rentables. Su primer movimiento fue la compra de varias empresas eléctricas en República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Panamá y Colombia. En nuestro país adquierió Electricaribe y Electrocosta, empresas encargadas de la distribución y comercialización de energía en la costa norte. Unos meses después compró la Empresa de Energía del Pacífico -EPSA-, apoderándose de una infraestructura construida por décadas con presupuesto público, del Estado y el pueblo colombiano.

Eran los noventas y la fiebre privatizadora, hija de la apertura económica, encontró una  legislación a su favor: Las tarifas beneficiaban a las empresas y Electricaribe tenía el monopolio del servicio eléctrico local. Así inició el calvario para el pueblo costeño.

Unión Fenosa buscó recuperar lo más pronto posible su inversión. La ruta fácil fue recortar  costos laborales y pensionales a partir de despidos y tercerización, además de una política agresiva en el cobro. Al poco tiempo iniciaron los abusos y anomalías con los usuarios que van desde cambios masivos de contadores sin previo aviso ni justificación, hasta altas tarifas, sobrefacturaciones escandalosas y multas ilegales.

Además, con el fin de eludir su responsabilidad respecto a los sectores más pobres de la población, Gas Natural impuso al Estado la obligación de responder por el servicio en esas zonas a través de un incremento del sistema de subsidios e inversiones públicas y la creación de Energía Social.
En conclusión, los objetivos enarbolados como justificación para privatizar el servicio de electricidad en la Costa Atlántica, es decir la disminución de los costos para los usuarios y el Estado, además del mejoramiento de la calidad del servicio, han fallado y con ello se ha empeorado la calidad de vida del pueblo costeño.

Hoy sigue la deuda del Estado con la ciudadanía de la costa norte, agravada por la entrega del patrimonio público, de todos, a una entidad privada y extrajera. Según quienes padecen el mal servicio es indispensable que, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, se haga un adecuado seguimiento y veeduría de los sectores sociales, gremiales e institucionales al proceso de liquidación. Es fundamental, según los usuarios, presionar al gobierno con movilización para darle “una salida integral a una crisis estructural que no da más espera, para que no se vuelva a cometer un error abismal como la privatización de las siete electrificadoras de la Costa”.

CI KA/MP/21/03/17/6:00

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