7 feb CI.- La movilización social en Colombia regresa el próximo mes con motivaciones concretas. El tema ambiental es transversal y reclamos para defender los alimentos, el agua y la salud pública son banderas de líderes y lideresas sociales ambientales alrededor de todo el país. El gobierno de Iván Duque anuncia el uso del glifosato como respuesta contra los cultivos de coca, ignorando las ya probadas afectaciones a la salud humana que tiene dicha sustancia.

Las fumigaciones con glifosato son una práctica utilizada cada vez por menos países a nivel global, principalmente en la producción agroindustrial, para la erradicación de hierbas y arbustos que crecen junto a los monocultivos. El glifosato, por su parte, es el principio activo del herbicida Roundup, una sustancia química producida por la multinacional Monsanto (actualmente propiedad de Bayer) prohibida en países como Francia, Italia, Bélgica, Portugal y varios más dentro de la Unión Europea, Asia y Centro América.

En Colombia, las fumigaciones con glifosato tuvieron su origen durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994) y se intensificaron a partir de la aprobación del “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, en el año 2000, más conocido como “Plan Colombia”, durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002). Este fue un acuerdo bilateral entre los Estados de Colombia y Estados Unidos bajo la excusa de terminar con el conflicto armado y crear una estrategia antinarcótica basada en las aspersiones aéreas de los denominados “cultivos ilícitos” (coca, amapola y marihuana).

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Este plan de fumigaciones aéreas ha convertido a todo el territorio colombiano en un gran campo de experimentación a cielo abierto, afectando principalmente a la zona suroccidente del país, específicamente a los departamentos Nariño, Cauca y Putumayo, donde hay mayor presencia de estos cultivos. Sin embargo, ya es extensa la documentación e investigación científica a nivel mundial sobre las consecuencias al ambiente y a la salud de las poblaciones expuestas al glifosato y otros químicos que se han usado con el mismo fin.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el riesgo de esta sustancia, clasificándola como “sustancia probablemente cancerígena”; los efectos nocivos a la salud por las exposiciones a estas sustancias químicas tienen carácter crónico, por lo que sus consecuencias no suelen verse de manera inmediata, y las empresas como Monsanto y gobiernos como el de Iván Duque se sirven de estudios a corto plazo para justificar su falsa inocuidad.

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Existen actualmente varios casos en Colombia de denuncias ante organismos internacionales por afectaciones a la vida de la población y a sus actividades productivas. Entre los casos más emblemáticos se encuentra la muerte de Yaneth Valderrama en Caquetá, mujer embarazada que fue fumigada con glifosato por aviones de la Policía Antinarcóticos mientras lavaba ropa cerca del lugar. Este caso es el primero en ser admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-.

A ese caso se le suman muchos más, entre ellos resalta el caso de Pedro Pablo Mutumbajoy, quien denuncia al gobierno colombiano, estadounidense y a la empresa Monsanto, ante el tribunal internacional de La Haya, en representación de cientos de familias que han sido víctimas de las aspersiones aéreas en Putumayo, generándoles afectaciones a la salud y a sus cultivos de subsistencia.

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El glifosato es un herbicida no selectivo, lo que quiere decir que no sólo afecta a los cultivos ilícitos, sino que también ha impactado severamente en la fauna y la flora de la zona; el Estado colombiano desde hace 20 años ha destruido cultivos de subsistencia como café, yuca, arroz, etc., y provocado la pérdida de ganado, lo que ha forzado a muchos habitantes a abandonar su territorio.

En estos sitios bañados por agroquímicos pueden sobrevivir solo las semillas genéticamente modificadas, fabricadas por la misma empresa Bayer-Monsanto. Es una pérdida de la biodiversidad y soberanía alimentaria para familias que finalmente abandonan el territorio. Es evidente la existencia de un círculo perfecto de negocios que solo beneficia a la multinacional Bayer, ya que la misma empresa que vende los químicos para combatir los cultivos ilícitos es la misma que produce las únicas semillas que podrán ser utilizadas en esos territorios.

Además, Bayer es la misma empresa que vende las medicinas para las afectaciones de salud que genera el glifosato, todo esto bajo la complicidad del gobierno de Estados Unidos y de Colombia. Cabe mencionar que, en el punto cuarto de los acuerdos de paz firmados en La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Estado colombiano, el Gobierno se comprometió a priorizar la sustitución de cultivos ilícitos, garantizando acuerdos con autoridades regionales y comunidades, dejando como última alternativa las fumigaciones aéreas.

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A pesar de lo acordado, el gobierno de Iván Duque insiste, a través de la publicación de un decreto por parte del Ministerio de Justicia durante las festividades de fin de año de 2019, dar marcha atrás con la prohibición de esta práctica y volver a utilizar esta estrategia en el 2020, atentando contra lo firmado en los Acuerdos; complaciendo directamente los intereses de Estados Unidos, ignorando a la población movilizada y poniendo en alto riesgo la salud y la garantía de múltiples derechos humanos de la población.

CI KA/JA/13/02/2020/18:00