4 ene CI.- Como recuerdo de los años del terror, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- llegaron a Bojayá, Chocó, con el nuevo año. Según la población, al menos cuatro comunidades fueron sitiadas por este grupo paramilitar, cuyos accionares desencadenaron una crisis humanitaria en la región durante el 2019.
Mientras las ciudades se preparaban para recibir el nuevo año, el 31 de diciembre los caseríos del Medio Atrato Corazón de Jesús, Loma de Bojayá, Cuia y Pogue, fueron hostigados por las AGC. Se calcula que hubo presencia de al menos 300 paramilitares y, como estrategia de coerción, llevaron regalos a los niños y reses a las familias.
Según los pobladores, aproximadamente a las 11:00 a.m comenzaron a llegar hombres armados y vestidos de civil que, al ser abordados, se identificaron como miembros de las AGC; afirmaron que habían llegado para ocupar el territorio y advirtieron que no se podía hacer ninguna llamada.
Esta situación fue denunciada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en su cuenta de Twitter:
#Urgente MedioAtrato Hace una hora paramilitares de las AGC se toman la comunidad de Pogue, municipio de Bojayá.
— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) December 31, 2019
En la población de Pogue se presentó una situación de confinamiento que, a pesar de que fue negada por Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, fue confirmada por los habitantes del caserío.
Estos hechos cristalizan la violencia que se vive a diario en la región chocoana y que, tanto los líderes de la región, como organismos de DDHH nacionales e internacionales, han denunciado en varias ocasiones.
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Los Antecedentes
El confinamiento de 20 indígenas en el municipio de Juradó y el desplazamiento de más de 700 familias habitantes del Bajo Atrato chocoano en agosto del 2018; una incursión paramilitar en Riosucio para marzo del año pasado y el desplazamiento de doce familias que habitaban a la orilla del río Salaquí. La toma paramilitar que se vive actualmente en el Medio Atrato tiene unos antecedentes de consolidación y estrategias del terror que no han cesado, sino que por el contrario, se han recrudecido durante los últimos años.
Desde el primer semestre del año pasado, las comunidades indígenas del Bajo Atrato se movilizaron por la vida, en medio de un contexto de confinamiento, constantes amenazas y asesinatos sistemáticos de los líderes sociales de la región.
Aunque el Chocó no encabezó la lista de los departamentos con el índice más alto de líderes sociales asesinados, el temor y la zozobra sí permanecieron durante todo el año pasado en los habitantes de la región. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz- “…en algunos territorios, como el Chocó, unos grupos armados ya se consolidaron en zonas y no tienen necesidad de matar a los defensores. La solución no solo está con la llegada de la Fuerza Pública, sigue faltando el componente social en estos territorios”.
Debido a esto, en agosto se llevó a cabo la ‘Caravana Humanitaria por la Vida’ en el Bajo Atrato, con el fin de evidenciar y denunciar las condiciones de vida y la situación de derechos humanos. Según el informe final, “fue notable el temor constante de los habitantes siendo el silencio un factor generalizado de la población en materia de casos de violaciones de derechos humanos, convirtiéndose en una conducta marcada e impuesta en los territorios que logramos visitar”. Asimismo, se insistió en la estrecha relación que hay entre los grupos paramilitares y el ejército desde hace más de 20 años.
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Por otro lado, el 24 de diciembre del 2019, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz lanzó un documento en el que deja constancia de los hechos violentos e irregulares que se han llevado a cabo en la región desde septiembre del año pasado.
La Comisión destaca la presencia latente de los paramilitares a partir de lo que nombra como ‘puntos’, lugares en los que miembros de las AGC permanecen las 24 horas del día. En el Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla, ubicado en el municipio de Ríosucio, afirman que “los paramilitares permanecen vestidos de civil, con armas cortas, y radios de comunicación, realizan labores de trabajo rural en el lugar como fachada de ser trabajadores campesinos. Hostigan a los transeúntes y advierten de forma amenazante que no quieren ver gente extraña caminando en el territorio”.
Respuesta del gobierno
Frente a los hechos ocurridos el 31 de diciembre, los efectivos de la Fuerza de Tarea Titán, integrada por militares de la Séptima División del Ejército que opera en la zona, llegaron 48 horas después de que se hubiera denunciado la situación.
Asimismo, Juan Carlos Ramírez, comandante de esa División afirmó que enviaría otros 50 militares al territorio, y que aunque la fuerza pública no podía estar en todas partes, estarían en los puntos donde los grupos armados se pueden mover.
La versión que tiene el gobierno sobre lo sucedido en Bojayá, no concuerda con lo que denunció la comunidad y la Comisión Intereclesial; éste afirma que se trata de un enfrentamiento entre ‘El Clan del Golfo’ y el Ejército de Liberación Nacional – ELN-, y fundamenta la oleada de violencia, únicamente, en la disputa por las ‘rutas del narcotráfico’.
Aunque esta insurgencia hace presencia en el Chocó, los actores que han protagonizado los episodios violentos, según los organismos de derechos humanos, son las AGC e incluso los mismos militares. Por ejemplo, según la Fundación Forjando Futuros, del total de casos de desplazamiento que están registrados en el sistema de información ‘Sembrando Paz’, en el 48% se determinó a los paramilitares como los victimarios y apenas en el 15% a la guerrilla.
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Luego de que el ejército sobrevolara la región se realizó un consejo de seguridad en Bojayá, en el cual se definió el incremento del pie de fuerza. Sin embargo, las comunidades insisten en que la presencia militar no representa una solución, sino que aumenta la zozobra de los habitantes.
Leyner Palacios, el líder social amenazado
A menos de 70 horas de que hubiera comenzado el 2020, el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, fue amenazado este viernes 3 de enero a través de una llamada telefónica.
? ALERTA EN #Bojaya ?
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 3, 2020
Leiner Palacios, líder histórico de Bojayá me acaba de informar que ha recibido amenazas contra su vida, le han dado 24 horas para salir del departamento!
Exijo garantías y protección @NancyPatricia_G @CarlosHolmesTru @PGN_COL @UNPColombia @DefensoriaCol
Palacios ha sido vocero de las víctimas del municipio, luego de que 28 de sus familiares hubieran muerto en la masacre de Bojayá; asimismo, ha denunciado los incumplimientos del gobierno al Acuerdo de Paz firmado con las Farc y ha insistido en la necesidad de continuar el proceso con el ELN. Actualmente es secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
Aunque el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas adquirieron compromisos para la protección del líder social, Leyner es el rostro de cientos de líderes sociales del Chocó y de otras regiones del país, que se encuentran amenazados, encarcelados, que han sufrido atentados y/o han sido asesinados, debido a su labor de defensa y organización en los territorios.
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CI ND/ND/04/01/2020/13:20
