Conflicto y Paz

[Especial] El Catatumbo: Una mirada más allá de la coyuntura -Parte 1-

30 may. CI.- Unas banderas blancas ondean entre los pliegues de las montañas del Catatumbo. A veces cerca de un lugar poblado. Otras, rodeadas únicamente del verde espeso de las plantas. A veces las acompañan la bandera de Colombia o la del Norte de Santander. Otras, están solitarias. Son destellos blancos que han estado incrustados en esa región desde hace algunos meses, llevando un mensaje fuerte y claro: “A pesar de todo, permanecemos aquí”.

Las banderas blancas han sido el elemento que ha identificado a los Espacios Humanitarios (llegaron a existir 37) y que se constituyeron desde marzo de este año a lo largo del Catatumbo. Estos son albergues erigidos en coliseos, colegios o carpas. Sirven para que personas de veredas y sectores cercanos se resguarden de los enfrentamientos iniciados en marzo entre el Ejército Popular de Liberación -EPL- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN.

El 14 de marzo de este año comenzaron fuertes enfrentamientos entre el ELN y el EPL, a lo que un mes después (15 de abril) se sumaría el Paro Armado decretado por este último actor. Esta coyuntura agudizó la situación de la población civil que ya se encontraba en medio del conflicto y que en muchos casos había decidido desplazarse.

Según las comunidades, la deserción escolar y las pérdidas económicas han sido unas de las principales consecuencias de estos enfrentamientos. Además, el hacinamiento, las constantes enfermedades y las precarias ayudas que ha enviado el Gobierno hacen que la situación empeore.

“Llevo 14 días aquí en el refugio y ha sido difícil porque unos niños están enfermos, las mamás también, y ha habido mucha brega por el agua. Por la comida tenemos lo que es granos, arroz, pero para la presa no tenemos nada, lo único que comemos es sardinas. La salud de los niños nos preocupa mucho porque se nos enferman y estamos muy lejos de los puestos de salud”, afirma una mujer del refugio Villanueva, en San Calixto.

“Antes del 14 de marzo esto no era un paraíso”

A pesar de que la coyuntura ha desencadenado una oleada de violencia armada en el territorio, también ha profundizado unas problemáticas que -al ser de carácter estructural- cuando las circunstancias son críticas se hacen aún más evidentes. Así lo dice una mujer de La Fortuna (El Tarra): “Nosotros no estamos aquí solamente por el conflicto, ni por el paro armado; es por el abandono tan grande que tenemos”.

La salud

Los municipios del Catatumbo han denunciado que el sistema de salud se encuentra en precarias condiciones. Tanto el personal como el equipamiento y la infraestructura resultan deficientes a la hora de garantizar unas condiciones dignas de salud. Hay solamente un médico por cada 5.000 habitantes.

“Nuestro cuerpo de salud está en un total olvido”, afirma uno de los dos médicos generales del casco urbano del corregimiento San Pablo (Teorama). En este mismo lugar se denunció que no hay ni laboratorio ni equipos necesarios para atender a los pacientes, así como tampoco hay ambulancia. “Es muy difícil la situación acá y más cuando la vida de pacientes está en peligro”, sentenció el doctor.

Esta situación es recurrente en los demás centros de salud de la región. A la humedad, a la falta de instalaciones, de máquinas y de medicamentos; se suma la escasez de personal que, en la mayoría de los casos, se reduce a un solo médico. “Me atrevería a decir -continúa contando el médico de San Pablo- que al mes atendemos más de 700 pacientes y solamente estamos nosotros dos. Cuando alguno no está, urgencias se colapsa”.

Centro de Salud corregimiento San Pablo – Foto Periferia Prensa Alternativa

Los colegios

Las condiciones en las que se encuentran los colegios de la región no difieren mucho a las de los centros de salud. Goteras, hacinamiento y pocos profesores son algunas de las problemáticas que tiene el sistema de educación en el Catatumbo. Por ejemplo, en la vereda Orú (El Tarra) hay un colegio con más de 700 estudiantes y únicamente cuenta con una planta de 15 profesores.

Tanto el conflicto armado como el mal estado de las vías y las pocas garantías de permanencia para los niños (mala alimentación y seguridad económica para las familias) son factores que contribuyen a la deserción escolar.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, del total de niños que comienzan la primaria en el Catatumbo, únicamente el 6% termina el bachillerato.

Colegio corregimiento San Pablo – Foto Periferia Prensa Alternativa

Vías y cultivos

Un elemento transversal a todas las problemáticas es la precaria infraestructura. Ya sean salones para las escuelas, salas para los centros de salud, lugares de reunión o vías, todo se encuentra en mal estado. Las condiciones de las vías, por ejemplo, dificultan la movilidad y asimismo las condiciones para transportar y comercializar los cultivos y productos de la región.

Una de las principales actividades productivas de las familias campesinas es el cultivo de coca. En el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, las comunidades han exigido mejores condiciones de infraestructura y garantías para consolidar otro tipo de economía que les permita obtener unas condiciones de vida digna.

Este contexto económico se enmarca en un modelo extractivo de cultivos de palma de aceite africana, así como de explotación de carbón y petróleo que han causado tanto la contaminación de fuentes hídricas como la arremetida contra los modelos territoriales y comunitarios de economía.

Yermin Sanguino, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo -Cisca-, comenta sobre las problemáticas de esa región:

La Militarización

La respuesta del Gobierno ante esta coyuntura ha sido el ejemplo real de lo que ha sucedido durante décadas en la región. “Aquí uno solo sabe que existe el Estado porque manda al Ejército”, afirma un habitante de un corregimiento San Calixto. En el Catatumbo hay un despliegue militar de cerca de 12.000 efectivos, según informó el Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo.

Habitantes de Teorama, El Tarra y Tibú han denunciado la alta presencia de la Fuerza Pública en sus territorios; lo cual pone en riesgo la seguridad de la población civil.

Por otro lado, los medios de comunicación hegemónicos se han encargado de estigmatizar a las comunidades, generando un panorama agreste para las organizaciones y líderes sociales de la región. Edgar Guerrero, líder social que también hace parte del Cisca, comenta sobre la situación que:

Intensificación del conflicto

En el 2016 la región se estremeció cuando el Presidente Juan Manuel Santos comparó al Catatumbo con el sector capitalino del Bronx. Más que nada porque esta afirmación la hizo al mismo tiempo que en Bogotá se realizaba una operación en esta zona, donde la Fuerza Pública desalojó mediante el uso indiscriminado de violencia. Santos anunció que con esas mismas intenciones se encontraba incrementando la presencia militar en esta región de Norte de Santander.

Dos años después, la intervención estatal parece efectuarse de la misma manera en la medida que, en medio de una confrontación armada, la ayuda del Estado se focaliza solo en el aumento de soldados. Según las comunidades, lo único que se logra con la militarización es intensificar el conflicto y la inseguridad de la población civil.

El despliegue del Ejército sucedió después de que Alberto José Mejía, Comandante de las Fuerzas Militares, hubiera visitado el territorio. El discurso del Gobierno comenzó a hacer alusión al aumento de sus efectivos para “no permitir que se detenga el avance de proyectos que se han implementado en la región”.

“No vamos a desfallecer en el avance que hemos tenido en relación con proyectos que se vienen movilizando desde hace años y que deben pagar el saldo social que tenemos con el Catatumbo”, afirmaba el Vicepresidente Naranjo en abril.

Las comunidades de este territorio han manifestado que en ocasiones la militarización e incremento del conflicto han generado condiciones propicias para la implementación de proyectos extractivos en el territorio.

En el documento final del Encuentro entre Indígenas y Campesinos del Catatumbo, realizado en el 2007, se apunta que la violencia por parte del Estado fue “una manera para despojar de sus tierras a campesinos y apropiarse de sus tierras, desalojar las zonas donde ahora conocemos se adelantan y van a adelantar explotación de carbón a cielo abierto, explotación de petróleo, construcción de megaproyectos y siembra de palma aceitera”.

Once años después, una mujer de la región afirma algo similar: “¿Quién se beneficia de que la situación no mejore? Quieren sacarnos y que esto quede solo para que puedan llegar con sus megaproyectos”.

El Catatumbo fue considerada una de las regiones propicias para la implementación de la Ley  de Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres-, la cual busca el desarrollo de zonas improductivas a partir de una explotación sostenible. El exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó en el 2016 que esta región se beneficiaría mucho de la Zidres, puesto que no ha tenido una gran inversión Estatal y tiene un bajo índice de población. De esta manera, según el exfuncionario, la Ley pemitiría el afianzamiento de los cultivos de palma de aceite. Se trata, entonces, de un monocultivo que ya se encuentra presente en varias zonas del país y que ha causado afectaciones tanto a los ecosistemas como a las comunidades. 

***

Ante este panorama de problemáticas estructurales y sistemáticas resulta complejo entender el conflicto en el Catatumbo únicamente desde la coyuntura de enfrentamientos armados entre dos fuerzas militares. El abandono estatal es casi una característica histórica del territorio. “Estamos en una situación difícil pero no podemos olvidar que el Catatumbo siempre ha estado en situaciones difíciles”, comenta un habitante de San Pablo.

Las banderas blancas son el símbolo de un pueblo que autónomamente busca permanecer en su territorio.

CI ND/PC/30/05/18/9:40

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