Derechos Humanos

Fuerzas Armadas involucradas en nueva violación a Derechos Humanos

28 sep. CI.- Desde tempranas horas de la mañana del día 25 de septiembre, los campesinos de Hacarí, Catatumbo, informan sobre capturas masivas por parte del Ejército Nacional. Los detenidos son Omar Sanguino, Osneider Alabernia, Noel Cuadros, David Quintero y Jhon Jairo Angarita. Todos capturados arbitrariamente.

Jhon Jairo Angarita, en la declaración que dio posteriormente al abogado que lleva el caso por el Equipo Jurídico Pueblos, relata que aproximadamente a las 11:30 de la mañana un helicóptero del Ejército empezó a disparar hacia las casas de la zona, generando daños y temor entre la gente.

Este hecho que provocó que la comunidad se reuniera y le reclamara al Ejército por el riesgo en el que expusieron sus vidas. La Presidenta de la Junta de Acción Comunal dialogó, a su vez, con el personero; mientras que el Vicepresidente junto a la comunidad y Jhon Jairo Angarita se acercan al punto donde se encontraban los uniformados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en la región del Catatumbo.

“Cuando logramos ubicar al Ejército y reunirnos con algunos uniformados, de inmediato nos apuntaron con sus armas de fuego y nos obligaron a arrojarnos al suelo. Nos amarraron las manos con cinta negra”, cuenta Jhon Angarita.

Posteriormente, uno de los soldados (quien declaró haber pertenecido durante tres años al grupo paramilitar Los Pelusos) le informó a Angarita que a él lo estaban buscando desde hace tiempo.  Otro soldado, de rostro e identificación cubiertos, le dijo que lo matarían con silenciador y le pegó patadas en el cuerpo, mientras un cabo le acerca un cuchillo que pusieron en el abdomen del campesino.

Fue trasladado a Cúcuta y obligado a firmar unos papeles que Angarita desconoce ya que no sabe leer o escribir.

A pesar de la irregularidad y la tortura de los hechos, la captura fue declarada legal por un Juez de Garantías de la Fiscalía 70 de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado (antigua Unidad Nacional Contra el Terrorismo), dejando en claro la alianza corrupta entre el brazo armado colombiano y la rama judicial.

Esa unidad fue la responsable de las detenciones, montajes y capturas irregulares hacia el movimiento social de la zona rural y citadina de Colombia, como método de intimidación.

CI MM/PC/28/09/17/17:59

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