Las explosiones sucedidas el pasado 2 de julio que conmocionaron la tranquilidad de los habitantes de Bogotá, dieron origen a un despliegue de operativos coordinados entre la policía y la fiscalía. El 8 de julio se dio a conocer a la ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación, la captura de 15 personas señaladas como responsables de las explosiones en la capital del país, asegurando que estas detenciones hacían parte de un proceso investigativo adelantado en conjunto por las autoridades en mención.
Al conocerse los perfiles de los capturados, las reacciones y denuncias no se hicieron esperar. De nuevo las redes sociales se constituyeron en el escenario propicio para la denuncia y el flujo de información de grupos defensores de los derechos humanos. Es de recordar la continua estigmatización que ha sufrido el movimiento social colombiano, que diariamente lucha en contra de la violación sistemática de los derechos humanos sin importar del lado que vengan y que trasciende, a quienes los integran, siendo perennemente victimatizados por el desarrollo de sus procesos de denuncia.
Este tipo de actos victimizantes han sido denunciados desde el 2010 por diferentes medios alternativos de comunicación. La Agencia Prensa Rural ha indicado que a pesar de que estas prácticas han sido denunciadas a nivel nacional e internacional, los montajes judiciales como práctica de “falsos positivos” han quedado prácticamente invisibilizados e impunes, con la excepción de escasas denuncias.
A la confusión generada por los orígenes de las capturas de los supuestos responsables de las explosiones se suma la obtención de la primicia. El escaso cubrimiento ha propiciado la confusión y la expectativa a la vez, de quienes están al tanto del futuro de los implicados, tanto familiares como conocidos, quienes afirman que este suceso se configura en otro caso más de “falsos positivos judiciales” que se precipita como respuesta mediática a las explosiones sucedidas la semana anterior y es menester enviar un mensaje de eficacia en materia de seguridad.
Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos que conocen a los implicados a través de plantones y declaraciones que son publicadas en sus portales de internet, exigen garantías a un debido proceso y reconocimiento de la legitimidad y la legalidad de sus actuaciones.
Arengas y declaraciones que reprochan las capturas y las catalogan como un acto de violación grave a los derechos humanos, que atenta en contra del debido proceso, expresión y el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.
Para tener en cuenta
Según fuentes externas consultadas por Colombia Informa, los “errores judiciales” cometidos por la administración de justicia en capturas fundadas sobre múltiples irregularidades reconocidas, es una situación que “a pesar que desde el ámbito normativo el tema de la responsabilidad del Estado por el error judicial parezca claro, lo cierto es que desde el punto de vista jurisprudencial la discusión sobre la efectiva aplicación de esta figura no se ha resuelto”, así lo indica la abogada y especialista en derecho administrativo María Angélica Sánchez Álvarez, adscrita a la Universidad Católica de Colombia.
Por su parte, los datos proporcionados por el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep- en su informe del año 2014 sobre la situación de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, con relación a las violaciones de derechos humanos se reportó como segundo presunto responsable a la Policía Nacional con 276 hechos victimizantes y entre el método de victimización más utilizado son las detenciones arbitrarias.
