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Desplazados protestaron en Medellín por incumplimientos de la Unidad de Víctimas

22 dic. CI.- En la mañana del miércoles 21 de diciembre, un grupo de desplazados protestó en  la sede de la Unidad para  la Acción y Reparación Integral a la Víctimas –Uariv– por el incumplimiento en el pago de varias indemnizaciones. Según indicó uno de los manifestantes, hace 6 meses se instaló una mesa de concertación entre las partes que, a la fecha, no arroja resultados. La protesta ocurrió en el centro de la ciudad de Medellín donde alrededor de 92 personas, con órdenes judiciales en las que se autoriza el pago, exigieron soluciones.

Orlando de Jesús Tobón, integrante de una de las organizaciones de víctimas, afirmó que varias agrupaciones como la Comunidad de desplazados Unidos por Colombia se movilizaron debido a  la revictimización que la Uariv ejerce contra esa población. La Unidad de Víctimas, que es considerada  como un canal de atención y reparación integral para quienes sufren las consecuencias del conflicto armado, no pagó el dinero que por ley debe ser garantizado.

Para Óscar Palacio, representante de la fundación, los 92 manifestantes exigen su indemnización respaldados en órdenes judiciales. Según Palacio, la Unidad de Víctimas violó el artículo 13 de la Ley 1448 en la cual se establece que “se deberán adoptar criterios diferenciales que respondan a las particularidades y el grado de vulnerabilidad de cada uno de los grupos de la población desplazada”, por lo tanto no se hizo efectivo el ejercicio del enfoque diferencial expresado en dicha ley.

Por otro lado, el vocero de las víctimas sentenció que no se especificó en dónde quedó el dinero y tampoco se les ha permitido desarrollar integralmente los proyectos productivos en la ciudad de Medellín: “Esto genera que muchas  víctimas queden por fuera del sistema y no se les otorgue el proyecto a realizar”, aseguró. Finalmente, Palacio señaló que  el dinero de las indemnizaciones no va al núcleo familiar sino a particulares.

En conclusión, los manifestantes señalaron que el Estado violó automáticamente los derechos fundamentales para las víctimas del desplazamiento al no contar con canales efectivos que atiendan sus demandas.

CI DM/22/12/16/14:17

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