13 ene. CI.- El pasado 28 de diciembre, las familias del barrio Nueva Jerusalén, ubicado entre Medellín y el municipio de Bello, recibieron la orden de desocupar sus viviendas lo más pronto posible, de lo contrario serían desalojadas. La advertencia se hizo realidad este jueves 12 de enero, a las 4:00 am, cuando soldados del batallón Pedro Nel Ospina y del ESMAD comenzaron el desalojo y la demolición de las viviendas. El 66 % de los habitantes del barrio Nueva Jerusalén son víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.

El barrio Nueva Jerusalén está ubicado en los límites ente el municipio de Bello y la ciudad de Medellín. En él habitan más de 15000 personas, de las cuales un 66% son víctimas del conflicto armado, y las demás víctimas de una exclusión social histórica en la ciudad «más educada e innovadora» del país. La mayoría de las viviendas son precarias, de madera y plástico, y muchas no cuentan siquiera con los servicios públicos domiciliarios. Además de esto, la ubicación limítrofe del barrio resulta una problemática más al pertenecer y no pertenecer al mismo tiempo a dos municipios altamente violentos y desiguales. No obstante, la comunidad de la Nueva Jerusalén no ha cesado en su luchas sociales por un reconocimiento y una vivienda digna.

En el año 2014 una acción popular logró que las administraciones de ambos municipios tuvieran que realizar acciones conjuntas en favor de los habitantes del barrio, como estudios del suelo, planes de monitoreo permanente y gestión del riesgo (Dapard, Corantioquia), adecuación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, campañas de educación sanitaria Bello), esquemas de reparación y estabilización socio económica para las víctimas (Unidad municipal de Víctimas de Bello y Medellín) y un plan de reubicación concertado para familias en zonas de alto riesgo.

Al respecto,el estudio de suelos arrojó que en Nueva Jerusalén hay varios terrenos que pueden adecuarse para la reubicación de las familias que están asentadas en zonas de alto riesgo, como los bordes de la quebrada La Loca y en terrenos con pendientes escarpadas. Con esta información y el último censo poblacional, las alcaldías debieron diseñar un plan de reubicación concertado con las familias, pero hasta ahora ninguna administración ha cumplido.

Además de esto, la acción popular sentenció que, de presentarse un desalojo, las familias tenían derecho a una reubicación de vivienda: “Para evitar equívocos, se le ordena a los municipios de Bello y Medellín que establezcan, primero un plan de acción concertado, por el que se determine la realización de un proyecto de vivienda de interés social dirigido a las personas que se encuentran invadiendo el lote finca El Cortado (…) por medio del cual se les de una solución de vivienda en reemplazo de la que en la actualidad tienen (…)”, dice el documento.

El desalojo inició a las 4:00 am del 12 de enero con una fuerte presencia militar y una violenta confrontación entre el ESMAD y la comunidad de la Nueva Jerusalén. Lo cual resultó en al menos 10 personas heridas, entre ellas dos menores de edad y algunas mujeres en estado de gestación, y daños materiales a varias viviendas. Tanto la Defensoría como la Personería tardaron en hacer presencia en el acto de desalojo y aunque después de varias horas de enfrentamiento el ESMAD se retiró, sigue habiendo presencia de la Policía en la zona y se prevé un nuevo intento de desalojo. La comunidad de Nueva Jerusalén le exige a las administraciones públicas de Bello y Medellín una pronta solución a esta penosa situación y respeto por sus DDHH.

De acuerdo a un comunicado de la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín «esta acción de la administración no refleja las posibilidades que contempla el estudio de suelo realizado, no vislumbra un seguimiento al cumplimiento del fallo acorde con la protección integral de los DDHH y menos aún, avanza en soluciones definitivas de viviendas. Nuevamente la respuesta del gobierno resulta mediocre ¿pagará arriendo mensual a 170 familias? ¿Por cuánto tiempo? ¿Podrá sostener los arriendos mensuales a todas las familias hasta que logre un plan digno de reubicación? ¿Habrá plan de reubicación en concertación con el municipio de Medellín? ¿Las personas que desalojan sus viviendas podrán pagar arriendo sin poner en riesgo su propia subsistencia?».

Los desalojos violentos por parte de la fuerza pública son comunes en los barrios pobres de Medellín, con mayor o menor resonancia, cuyos habitantes son en su mayoría víctimas del conflicto armado y el abandono estatal. Sumada a la violencia estructural e histórica de Medellín, la violencia gubernamental toma cada vez más relevancia, especialmente con las clases menos favorecidas. ¿Hasta cuándo la más educada e innovadora ciudad del país seguirá excluyendo a sus ciudadanos? ¿Cómo una ciudad que ostenta títulos internacionales de progreso no ha sido capaz de asegurar una vivienda digna para sus habitantes más vulnerables cuando ha gastado miles de millones en construcciones turísticas? ¿Con quiénes cuenta la nueva administración de Federico Gutiérrez para hacer ciudad?

CI DM/DM/13/1/17/15:43