19 feb. CI.- El Páramo de Santurbán, ubicado en la jurisdicción de los departamentos Santander y Norte de Santander, es uno de los 37 complejos paramunos con que cuenta Colombia. Suministra el agua para una comunidad de aproximadamente 3 millones de personas y en constante crecimiento. Además, marca la pauta de lo que pasa y se aplica a los demás Páramos del país.  

Por Erwing Rodríguez-Salah*. El 2,3 % del territorio colombiano es Páramo. Esto representa el 50 % de todos los páramos del mundo. Los páramos son ecosistemas estratégicos para la vida del planeta y solo están presentes en seis países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica. El agua que consumimos el 80 % de los colombianos viene de ellos.

Los páramos son “fábricas de agua” por excelencia, con una riqueza incalculable en biodiversidad. En la coyuntura global actual consisten mitigadores del cambio climático. Por su esencia y naturaleza deberían considerarse patrimonios de la humanidad.

El Gobierno de Juan Manuel Santos, consciente del impedimento legal vigente para hacer minería en los Páramos, cometió el despropósito de volver a delimitar los Páramos, configurándose con ello el engaño más grande en la historia ambiental del país. Todo incluso después de que la sociedad civil organizada y liderada por la Federación Nacional de Comerciantes-Santander logró detener el proyecto de explotación aurífera a cielo abierto, proyecto a cargo de la minera canadiense Greystar.

El Santurbán ya estaba delimitado, por lo que se acudió a supuestos estudios económicos y sociales que -aunque solicitamos en su momento- jamás nos dieron a conocer y que, de todas formas, no pueden primar sobre los estudios rigurosos técnico-ambientales.

El Gobierno con la “delimitación” de Santurbán (que oficializó el 19 de diciembre de 2014 mediante resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS) legalizó a las mineras en la zona y, en su afán de lograr su objetivo, terminó  desvirtuando el concepto de Páramo. El Gobierno también afirmó que el modelo de delimitación de Santurbán se aplicaría a los demás Páramos del país.

En noviembre de 2017 fuimos notificados de la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional que da al MADS un año -a partir de la notificación- para hacer una nueva delimitación del Santurbán. Esto dado porque la realizada en 2014  vulneró el derecho a la participación ambiental de quienes somos afectados por ella.

La nueva delimitación no podrá ser inferior a la de 2014 (Res. 2090) pero ésta continuará vigente por el período del año que dio la Alta Corte al MADS para realizar aquella.

El 20 de enero de este año, el Presidente Santos dijo que ya se había completado la delimitación en 30 de los 37 ecosistemas de Páramos que hay en el país. Teniendo en cuenta que el Gobierno dijo cuando entregó la delimitación de Santurbán (2014) que este modelo se aplicaría a los demás Páramos y la sentencia T-361 consideró viciada dicha delimitación, se puede deducir que las demás delimitaciones también podrán fracasar.

Otro despropósito sería que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgara licencias para la explotación minera basándose en delimitaciones viciadas. Lo cierto es que se nota el afán de Santos por seguir mal delimitando los Páramos del país antes de concluir su Administración. Y esto lo hace desconociendo relevantes conceptos técnicos de las primeras delimitaciones.

Ahora, en cuanto al mandato de la Sentencia T-361 de la C.C., el Gobierno  parece querer seguir apostándole al más grande engaño en la historia ambiental del país de la delimitación de Santurbán de 2014. Fue el instrumento para legalizar a las empresas mineras en la zona al trazar una línea arbitraria en favorecimiento de estas pues quedaron por fuera de lo que el Gobierno consideró Páramo para luego otorgarles la licencia ambiental para la explotación.

Es importante tener en cuenta que cualquier delimitación que haga el Gobierno en coexistencia de proyectos mineros en los ecosistemas circunvecinos complementarios del Páramo de Santurbán por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, de ser aprobados, afectarían nuestra agua en calidad y cantidad.

El Gobierno cree -muy posiblemente- que para la nueva delimitación de Santurbán que le exigió la Corte Constitucional bastará con socializar con más personas la que realizó en 2014. Pero debe escuchar las voces de todas las comunidades afectadas y, mejor aún, las voces con la más alta experticia.

No se trata de una socialización sino de una concertación. Además de ser un engaño, la delimitación de Páramos no concertada terminaría configurando una especie de dictadura ambiental.

El Gobierno debe escuchar las voces expertas y no cohonestar con el engaño de la minería bien hecha en estos frágiles y vulnerables ecosistemas. Por ello,  estos proyectos de minería jamás tendrán la licencia social del pueblo santandereano.

El Gobierno no puede continuar con el engaño de delimitar los páramos en favorecimiento de los intereses particulares de las mineras, como tampoco apoyarse en este engaño para otorgar licencias ambientales para la explotación minera por medio de la ANLA porque terminará por limitar el agua de las futuras generaciones de santandereanos.

En la práctica serían licencias para la devastación  a costa de nuestro derecho al agua, la vida y a un entorno sano. Los santandereanos debemos abogar por la defensa de nuestro territorio y blindar nuestra agua para las presentes y futuras generaciones.

CI ER/PC/19/02/18/18:00

*Erwing Rodríguez-Salah: Defensor del páramo. Es uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional. Líder del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana -MCC- y del Comité para la  Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.