16 sep. CI.- Las declaraciones del actual ministro, Guillermo Botero, ocurrieron en el marco del congreso de Confecámaras en Cartagena. El máximo encargado en materia de seguridad, defensa y asuntos militares arremetió contra la protesta social y puso en riesgo a los líderes sociales que ya sufren una peligrosa situación.

Botero aseguró: “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y también aseveró que detrás de los cierres de vías a modos de protesta siempre hay mafias organizadas. El pronunciamiento se suma a la anterior propuesta de regular el ejercicio de la protesta social y marca una ofensiva contra un derecho fundamental, legítimo y necesario consignado en la constitución colombiana. La defensoría del pueblo rechazó las declaraciones al considerarlas violatorias del principio de distinción del derecho internacional humanitario

En contra de la propuesta del ministro se han pronunciado varios líderes y lideresas como la senadora Aída Avella y la representante Ángela María Robledo, así como Feliciano Valencia, líder campesino e indígena.

La pregunta que se hacen muchas personas es ¿Por qué el ministro de Defensa, si cuenta con información fehaciente, no ha dado trámite ante los órganos judiciales? Otra preocupación que surgen de estas declaraciones es ¿por qué las prioridades del ministerio de defensa y del actual gobierno de Iván Duque, no se centran en buscar soluciones al exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, indígenas y campesinos? ¿Por qué la inteligencia militar no ha desenmascarado a los grupos paramilitares urbanos como “Las Águilas Negras” que funcionan hace más de 10 años?

A pesar que Botero sacó un comunicado el mismo día de las declaraciones. Estas podrían justificar futuras violaciones por parte de las fuerzas policiales contra los movimientos sociales, y excusar nuevos procesos judiciales contra personas vinculadas al movimiento social, y, aún más preocupante, argumentar nuevos atentados contra movimientos organizados.

Al respecto, desde el senado se citará a un debate de control político en el que se estudiarán sanciones en contra del Ministro.

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