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Cumbre de paz en el caribe reafirmó la defensa del territorio

14 abr. CI.- A un solo ritmo se escuchó la necesidad urgente de los cesarences por aportar a la construcción de la paz, en el marco de las Cumbres de Paz llevadas a cabo en la ciudad de Valledupar por la Cumbre Agraria.

Medio ambiente, tema principal

El escenario propició discusiones sobre el tema ambiental y la difícil situación de derechos humanos que atraviesa la región. En primer lugar, la preocupación de los asistentes a la Cumbre de Paz sobre la sequía de varios afluentes hídricos en razón de la explotación minera, principalmente del carbón, y para la siembra de la palma aceitera.

Esta realidad, según los debates desarrollados, ha provocado muchos problemas de salud por ser un proceso a cielo abierto. Actualmente se presentan sequías en la región por las pocas políticas ambientales que no logran dar soluciones, por el contrario se busca favorecer a las grandes empresas y terratenientes del departamento. Tal es el caso de la desviación del río Guatapurí y su evidente perdida del caudal: “No hemos entendido que mientras sigamos interviniendo la naturaleza, esta se va secando y alejando de nosotros. A través de la excusa del ‘desarrollo’ económico que dicen que nos va a traer paz, prosperidad, los territorios antes protegidos hoy sufren la intervención en búsqueda de recursos, fundamentalmente el agua. La construcción de la ruta del sol acabó con muchos humedales y si no hay humedales no habrá lluvias en la parte alta de la serranía y como consecuencia tenemos la sequía de los ríos que bajan de ella”, comentó Daniel Maestre, líder de la comunidad indígena Kankuama.

En ese mismo sentido, se condenó la concesión de tierras de los gobiernos a las multinacionales como la Drummond, Prodeco, entre otras, que desplazan la vida de los ecosistemas causando graves problemas ambientales en los pueblos aledaños a las empresas mineras como la Loma y La Jagua: “20 años de la presencia de empresas de explotación minera en nuestros territorios, sufriendo el desplazamiento por parte de ellas y la no reparación por los daños causados. Desde el 2010 nos hemos organizando, pero las empresas nos siguen desconociendo como etnias propias de estos territorios”, señaló Eufrocina Vega Mieles, líder de la comunidad negra ‘Julio Cesar Altamar Muñoz’ del municipio de la Loma de Calentura, El Paso- Cesar.

“La pelea no es con nosotros”

El Cesar es uno de los departamentos con mayores casos de impunidad y violación de derechos humanos. El desplazamiento de comunidades por parte de grandes hacendados, el conflicto entre guerrillas, fuerzas paramilitares y estatales, además de las masacres sin reconocer, son evidencia de que la fuerte oleada de terror aun se vive en la región. “Desde 2011 cesó un poco. Antes no se podía uno ni reunir porque le montaban la perseguidora, durante el tiempo de Uribe fue el periodo más difícil para nosotros. Los mayores desplazamientos ocurrieron en sus ocho años de gobierno, muchos de nuestros hermanos desaparecieron, otros fueron asesinados en el pueblo y la gran mayoría de las masacres están en la impunidad. El Estado no ha querido reconocer su participación en los hechos”, continuó Vega Mieles, líder afro.

Los conflictos interétnicos de comunidades indígenas y campesinas en las márgenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, llevó buena parte de la discusión. Hay diversos intereses por controlar ese territorio ancestral,  que develan la grave situación que enfrenta la restitución de tierras. Por ejemplo, mientras las tierras de los que tienen fincas en los alrededores de la Sierra pertenecen a familias ricas de la región, a los campesinos se les ha desplazado hacia los territorios ancestrales protegidos por los cuatro grupos indígenas que habitan en la Sierra, agudizando el problema entre ambas comunidades.

A propósito, comenta Daniel Maestre, que los pueblos “estamos adelantando diálogos, resaltando que la pelea no es con nosotros, es con El Cerrejón, con las empresas mineras y con los grandes hacendados, ellos son los que tienen la tierra. Nosotros, como indígenas, no estamos de acuerdo con las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- dentro de nuestros territorios y no porque no queramos a los campesinos, sino porque no tenemos tierras.

Estamos diciendo, ¿por qué no hacer las ZRC con las 4 mil hectáreas compraron en Bosconia los hijos de Uribe?, es muy bueno hacer una reforma agraria con las tierras de los campesinos, pero si vemos las tierras desde Valledupar hasta San Juan del Cesar hay 5 o 6 dueños, ¿por qué no hacer una reforma allí? Pero no, la hacemos donde están los campesinos y los indígenas y los ponemos a pelear entre ellos”.

A pesar de las diferencias y conflictos entre ambas comunidades, Maestre insistió en que “el hecho de juntarnos sirve para crear cosas nuevas. Lo que hace la guerra es separarnos, es muy importante llegar aquí y trabajar a pesar de nuestras diferencias y desconfianzas, en la medida en que se vayan tejiendo lazos de unidad seguiremos llamándonos al dialogo”.

Varias voces juntaron su clamor en Valledupar por la paz como derecho fundamental y que implique cambios reales para solucionar las problemáticas sociales que enfrenta la región. En conclusión, según las palabras del estudiante de la Universidad Popular del Cesar, Luis López, “queda a partir de aquí la responsabilidad de ser un torrente de pueblos que logre fragmentar las políticas neoliberales del gobierno de Santos y hacer de nuestra región un territorio de paz”.

CI JG/MP/14/04/16/9:30

* Equipo de corresponsales de Colombia Informa en el Caribe.
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