22 sep. CI.- La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denuncia que el Gobierno Nacional continúa con una estrategia de desgaste y dilación para no cumplir con lo pactado con las comunidades. Ante eso anuncian nuevas movilizaciones junto con diferentes sectores sociales en el país.

En un comunicado emitido el 19 de septiembre, esta plataforma denunció el sistemático incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos y compromisos firmados en medio de diferentes conflictos sociales.

El Gobierno adquirió compromisos con Cumbre Agraria luego de largas jornadas de movilización nacional, que venían de un proceso de lucha desde el 2013. Estos abordaban temas como tierras y territorios, economía propia, política minero-energética, garantías y derechos humanos, cultivos de uso ilícito y política agraria.

Pasados varios meses desde su firma, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular señala que el Gobierno tiene una política sistemática de incumplimiento a los acuerdos firmados, que se extiende a la implementación de los Acuerdos con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, la agenda de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, y los compromisos adquiridos con diferentes comunidades y sectores sociales.

“Es evidente, que el único propósito del Gobierno es firmar acuerdos para lograr la desmovilización popular y de la insurgencia, al tiempo que profundiza la implementación del modelo agroexportador y extractivista neoliberal”, afirma el comunicado.

También denuncian la ausencia de garantías y la violencia sistemática en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo a la información que manejan, han sido asesinados 248 de estos líderes sociales desde el 2016 y hasta lo corrido de este año sin que existan medidas contundentes por parte del Estado para frenar e investigar estas acciones.

Por último, exigen que se suspenda inmediatamente la erradicación forzada y la fumigación aérea de cultivos de coca, así como que se concrete la reunión aplazada en varias ocasiones entre esta plataforma y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera; la Fiscalía General de la Nación; la Unidad Nacional de Protección; la Unidad de Víctimas y el Alto Comisionado para la Paz.

“Consideramos fundamental la participación directa y vinculante de la sociedad, especialmente del movimiento popular, en la implementación normativa y el desarrollo de lo acordado en La Habana, así como en los diálogos con el ELN para avanzar hacia una paz con justicia social y ambiental, estable y duradera. Un paso, en tal sentido, debe darlo el Gobierno cumpliéndole al movimiento social y a las insurgencias. Si no lo hace, no le queda otro camino al pueblo colombiano que continuar resistiendo, movilizándose y haciendo uso del legítimo derecho a rebelarse”, concluyeron.

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