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[Crónica] El precio humano y ambiental del desarrollo en Santander

5 jun. CI.- A una hora y media de Bucaramanga en las montañas colombianas, una comunidad campesina lucha por la recuperación de su territorio, poniendo en tela de juicio el modelo de desarrollo del país. Al ritmo del río Sogamoso, la pesca, la agricultura y la minería eran fuente abundante de trabajo y recursos, tanto económicos como naturales. Sin embargo la armonía del campo, esa que une un pueblo con su tierra, fue truncada por un megaproyecto hidroeléctrico.

En el 2009 empezó la construcción de la cuarta represa con más capacidad de producción eléctrica de  Colombia (820 MW) por parte de la entonces empresa pública Isagen. La central hidroélectrica, inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos el 15 de enero del 2015 en la localidad de Betulia, pertenece ahora a la multinacional canadiense Brookfield Asset Management.

Con este gigantesco proyecto, el Gobierno y la empresa prometieron a los habitantes de la zona nuevas oportunidades laborales y avance social. Según los propietarios, la represa es “una oportunidad para el desarrollo en el área de influencia, mediante interacciones que contribuyan a la protección ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico”, como indica el sitio web de Isagen. Sin embargo, la situación in situ es totalmente distinta a la visión idealizada y sesgada que nos es contado por la multinacional.

En los alrededores de la central hidroélectrica no hay desarrollo ni progreso. Por el contrario, hay catástrofe ambiental, abandono por parte del Estado, pobreza y precaridad social. El ecosistema del río abundante en recursos naturales y fuente de trabajo para centenas de pescadoras y pescadores, agricultores, mineros, vendedoras y vendedores ya no es que tierra de desolación. Los daños ecológicos provocados por la represa son graves y pasan primero por un cambio climático brutal del sector. Parte del proyecto, la construcción del embalse de Topocoro, el más grande del país con una capacidad de 4 800 milliones de metros cúbicos, origina un fuerte reflejo del sol en el agua que induce al calentamiento global y la imposibilidad de cultivar. Este embalse, que representa también unas 7 000 hectáreas de tierras cultivables inundadas, obligó a muchas familias a desplazarse directamente y varios invisibilizados relacionados con la inestabilidad del terreno a causa de la construcción. Otros, en su mayoría hombres, tuvieron que dejar su hogar para irse fuera de la región en busqueda de trabajo, dejando a muchas mujeres se encuentran ahora solas para asumir su trabajo y el cuido de sus hijos.

En efecto, el río que era fuente de trabajo para toda la comunidad ya no permite la vivencia de los pescadoras y pescadores quienes son testigos de la desaparición de las especies de peces que existían antes de la construcción de la represa. Frente a la multinacional, que declara “dar como resultado usos potenciales para pesca artesanal y de subsistencia, trasporte fluvial, recreación y deportes náuticos, agua para consumo, turismo de naturaleza y conservación de la biodiversidad”, un promedio de 320 familias afectadas intentan sobrevivir al “desarrollo”.

La agricultura, la mineria, la pesca y el comercio local desaparecieron. La represa dañó la vida en comunidad provocando afectaciones económicas, ambientales y sociales en una zona que ya había sido victíma de la violencia entre los años 1990-2000 que exterminó a las organizaciones sociales existentes. Con ese antecedente, el poder ecónomico y su proyecto de central hidroeléctrica invadieron la región fracturando la comunidad campesina. Muchos habitantes confesaron que al interior de las familias, la llegada de la multinacional creó tensiones y fracturas entre los “pro” y “anti” represa.

Afectación con rostro de jóven, anciano y mujer

Entre las victímas campesinas, población invisibilizada desde siempre en la políticas públicas y en la sociedad, los jóvenes, la tercera edad y las mujeres son los más gravemente afectados. La comunidad denuncia casos de malnutrición que sufren niños de la región a causa de los daños de la represa sobre los cultivos y la pesca, además de la desesperación por la drogadicción de jóvenes de la zona.

Para las mujeres la represa representa una humiliación más, una herida más despúes de los que tuvieron que enfrentar con la violencia de las decenas pasadas que para muchas les afectó directamente o mató a su marido. Además, se reinvidican como mujeres libres, independientes, trabajadoras y luchadoras, la construcción de este megaproyecto quebró esta identidad. Por la protección y recuperación de su territorio y la defensa de sus derehos frente al poder económico multinacional y político, la comunidad tuvo que organizarse en movimiento social. Para muchos integrantes, representó una primera experiencia como luchador social que les permitió fortalecer y rearmar la unidad de la comunidad.

El Movimiento social por la defensa del río Sogamoso -que hace parte de la organización Ríos Vivos Santander- se particulariza por ser liderado por mujeres, quienes representan la mayoría de sus integrantes. Gracias al acompañamiento exterior como el de Ríos Vivos, FIAN -por el derecho a una alimentación adecuada- o del Equipo Jurídico Pueblos -asistencia en el proceso judicial- éstas se capacitaron y se convirtieron en lideresas de su comunidad. En la región de Santander unas mujeres que se reivindican como guerreras siguen levantando la voz y gritando su rechazo a este “desarollo” sinónimo de destrucción y violaciones de derechos humanos.

CI ML/MP/05/06/17/12:45

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