07 may, CI – Desde el 5 de mayo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC-, tras la extradición de su líder, alias Otoniel, declararon paro armado en cuatro departamentos del país: Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó, causando miedo y zozobra entre la población de diferentes zonas y obligándola a suspender sus actividades para salvaguardar su integridad.
Hasta el momento se ha reportado la afectación de más de 100 vehículos, como camiones, buses, carros y motocicletas; que han sido dañados o incinerados; también ha habido homicidios, e intimidaciones y amenazas a los pobladores por medio de panfletos, mensajes difundidos por redes sociales y pintas en las paredes, con la evidente intención de generar terror.
Los pobladores afirman no contar con las provisiones necesarias para quedarse en sus casas y temen salir a cualquier lugar, además, no han recibido ninguna ayuda del gobierno, así como tampoco se ha evidenciado la presencia de la fuerza pública.
Situación en Córdoba
En el departamento de Córdoba, durante el primer día se presentaron diez homicidios, cinco vehículos incinerados y dos balaceras. Además, la población denuncia que hasta ahora el Estado solo se ha manifestado con prohibiciones que parecen legitimar el paro armado como no poder llevar mujeres y hombres como parrilleros en moto y el cese de actividades en las instituciones educativas.
En Montería el 90% del comercio se encuentra cerrado, denotando un control extremo por parte del grupo armado, que además, ha cortado el servicio de energía en algunas zonas del departamento y ha realizado pintas con sus iniciales en animales que son propiedad de los pobladores.
El segundo día, 6 de mayo, se conoció el asesinato de un hombre, en el municipio de Tierralta, a quien le pintaron con un spray las iniciales del grupo delincuencial -AGC- dejando, posteriormente, un cartel a su lado con las mismas letras.
Un líder social de Córdoba expresó su preocupación por la falta de provisiones para estar encerrados y por las afectaciones a las personas que viven en los territorios más alejados: “esto sobre todo afecta a las personas más humildes, porque aquí nadie se preparó para este paro […] mucha gente quedó sin provisión de alimentos […] Yo pienso que esto está violando todos los principios humanitarios, porque incluso la gente que tiene familiares en las zonas rurales que están enfermos, que necesitan salir a centros médicos no pueden, no se atreven a salir, no se atreven a hacerles una carrera”.
Situación en Antioquia
En Antioquia, en la zona del Urabá antioqueño y en diferentes vías del departamento, también se han presentado incendios de vehículos, entre ellos un bus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Esta situación ha afectado la movilidad de las personas, pues desde el 6 de mayo se canceló la venta de tiquetes hacia diferentes subregiones de Antioquia como el Suroeste, Occidente, Urabá y Nordeste; ocasionando que muchos habitantes de Medellín se encuentren atrapados, en total incertidumbre, tratando de regresar a sus casas.
En Medellín, capital del departamento, se encuentran en alerta en diferentes barrios en los que el grupo armado ordenó el cierre de negocios, lo que ha generado la militarización en los territorios, acrecentando el miedo entre sus habitantes.
Otra de las afectaciones ha sido el desabastecimiento de gas domiciliario, tras la suspensión del envío de repartidores por parte de las Empresas Públicas de Medellín -EPM-.
La libertad de prensa también fue amenazada
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- lanzó una alerta temprana por la censura de 15 medios de comunicación en Antioquia y Córdoba, donde periodistas han sido amenazados e intimidados por las AGC.
En la denuncia, se constata que emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño estaban siendo presionadas por el grupo para difundir sus panfletos, por lo que seis de ellas decidieron parar su transmisión hasta que finalice el paro armado. Mientas que, en Montería, amenazaron con incendiar la planta transmisora, por lo que tuvo que ser apagada, afectado a emisoras de Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar.
Asimismo, periodistas en Córdoba, Urabá y Antioquia, han sido hostigados e intimidados con armas de fuego para que no realicen ningún cubrimiento, afectando también a las y los pobladores, al privarlos de su derecho a estar informados, sobre todo, en medio de un conflicto armado.
*Fotografía de portada: la-flecha.com
CI JT/7/05/2022/12:00
