Conflicto y Paz

Continúan amenazas y atentados contra líderes y lideresas sociales en Bogotá

24 may. CI.- Líderes y lideresas sociales del Sur de Bogotá siguen en peligro, aunque la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 3 de abril donde solicitó medidas urgentes para proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil en la localidad de Ciudad Bolívar.

Arley Estupiñán Mosquera, miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -FARC-, sufrió un atentado contra su vida y amenazas hacia su familia por parte miembros de grupos criminales que actúan en barrios periféricos como San Germán, Compostela y Tocaimita de la Localidad de Usme. Estupiñán Mosquera había denunciado que estas bandas criminales se adueñan ilícitamente de terrenos y luego los venden a constructoras para desarrollar proyectos de expansión urbana.

La Administración Distrital y las autoridades aseguran que no hay control territorial por parte de ningún actor armado ilegal en las localidades del Sur de Bogotá. Sin embargo, organizaciones sociales presentes en el territorio denuncian que grupos paramilitares como Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, Los Costeños y las Águilas Negras sí tienen presencia en la capital.

Dichos grupos paramilitares se disputan el control del tráfico de drogas pero también se mueven alrededor de actividades económicas como la explotación minera, el transporte informal, los préstamos “gota a gota” y la construcción de nuevos proyectos urbanísticos. Y todo el que se opongan a estas actividades está en la mira.

Johana Camargo, funcionaria de la Defensoría del Pueblo en el área de Alertas Tempranas, asegura que es difícil caracterizar a estas organizaciones criminales puesto que “hay unas fronteras grises, en donde no se sabe bien cuándo termina la delincuencia común y empiezan las organizaciones armadas ilegales”.

En este territorio hay una disputa entre los grupos paramilitares para definir quién tiene el control, lo cual desdibuja las fronteras de las organizaciones. Pero los altos índices de violencia no pueden ser explicados únicamente como “ajustes de cuentas entre bandas que se pelean el microtráfico”. En el primer trimestre de este año ocurrieron 61 homicidios en Ciudad Bolívar, 32 de las víctimas tenían entre 18 y 29 años.

Estas formas de violencia son la expresión de situaciones sociales más complejas, que no se solucionan con la militarización de los territorios. La apuesta de seguridad de la Alcaldía (que consiste en aumentar el pie de fuerza, colocar cámaras y utilizar medidas como el toque de queda para menores) será ineficaz mientras las autoridades no generen confianza en las comunidades.

El desempleo, la precariedad económica y la ausencia de inversión social en temas como salud, educación, cultura y recreación están en la raíz de estos problemas.

“El nuevo Código de Policía se convirtió en la caja menor del policía del cuadrante o del comandante del CAI [Centro de Atención Inmediata]”, asegura Christian Robayo, Edil de Ciudad Bolívar.

Las dinámicas del conflicto armado se vienen transformando. Los actores se reconfiguran según los nuevos escenarios de disputa y las economías de la marginalidad (legales e ilegales) siguen siendo el combustible de nuevas expresiones de violencia.

CI JP/PC/24/05/18/18:00

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