Recordando

Condenan a la Policía por el asesinato a Johnny Silva, 12 años después

25 jun. CI.- Esta semana el Consejo de Estado condenó al Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- de la Policía a pagar 700 millones de pesos por su responsabilidad en el asesinato del estudiante Johnny Silva durante una manifestación de protesta en la Universidad del Valle –Univalle- en el año 2005. 

Los protagonistas del caso explican cómo fue la jornada en la que fue asesinado Silva, la batalla judicial que durante más de 11 años han librado con instituciones del Gobierno colombiano e instancias internacionales, su opinión frente a la reciente sentencia del Consejo de Estado contra el Esmad, y la permanente estigmatización del movimiento estudiantil en Colombia.

El 22 de septiembre en la Univalle

En la jornada del 22 de septiembre del año 2005 los estudiantes universitarios de todo el país, entre ellos Silva, cumplían la cita de la Coordinación Nacional de Estudiantes Universitarios -CNU- a una jornada nacional de protesta en contra del Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, y la implementación de este en la educación pública. En la Universidad del Valle, organizaciones estudiantiles como Identidad Estudiantil y la Organización Colombiana de Estudiantes -OCE-, respondieron con una serie de foros y conversatorios que incluso contaron con la participación de estudiantes del Reino Unido.

Un grupo de estudiantes decidió manifestarse frente a la universidad, sobre la Avenida Pasoancho y la Calle Quinta. Según Andrés Hincapié, estudiante en ese entonces, “este grupo, que no superaba las veinte personas, salió a la calle a las tres de la tarde y no estaban encapuchadas ya que fue una acción espontánea y sin ninguna preparación. Sin embargo, como la jornada de protesta fue citada por la CNU, hubo Policía y Esmad frente a la universidad desde temprano. Lo extraño es que había un número desproporcionado de policías y lo notamos quienes estábamos al interior de la universidad”.

Hincapié recordó cómo durante cerca de dos horas el bloqueo estudiantil continuó sin la magnitud que revestía un tropel con “papas explosivas” y una fuerte confrontación contra el Esmad.

“Incluso, la universidad no da la orden de evacuación. Cuando suena la primera ‘papa’ ordenan evacuar. Ese día no se hizo y las clases continuaron al interior del campus universitario”, cuenta. La preocupación para los estudiantes al interior y afuera del recinto académico aumentó ya que más policías llegaban para sumarse a la confrontación.

Los foros y conversatorios terminaron hacia las cinco de la tarde y los estudiantes que participaban en ellos comenzaron a retirarse de la universidad, así como aquellos que terminaban sus clases. Hincapié recuerda que a las 5:45 pm se encontraba en la cafetería cuando los estudiantes en estampida corrían al ver que el Esmad había ingresado a la universidad: “La Policía rompió el cerco metálico en tres puntos y empezó a gasear muy fuerte mientras atravesó cerca del 70% del campus universitario y algunos incluso se pierden. Quienes nos escondimos en los edificios de ingenierías, que son los últimos para llegar a la puerta trasera de la universidad, vimos cómo algunos miembros del Esmad se habían desubicado”.

El ingreso de la Policía estuvo acompañado por la complicidad de la ausencia de luz eléctrica dentro de la Universidad del Valle. Hincapié destacó que esto propició el accionar del Esmad ya que “en ese desorden sonaron dos estallidos, dos disparos, que al rato avisaron de un estudiante herido. Durante los 15 minutos siguientes la Policía sale del campus, y nosotros nos quedamos con dos estudiantes muy mal heridos, Johnny Silva -que aparentemente viene con un tiro en la cara pues la tenía ensangrentada- y otro estudiante que tenía una herida en la cabeza por un Trufly (lanzagranadas). Johnny murió de camino a la Clínica Lilly”.

La Policía sostuvo que los disparos que asesinaron a Johnny Silva provinieron de los mismos estudiantes. Estos manifestaron su indignación inmediatamente ya que sabían que el Esmad había asesinado a su compañero. El proceso judicial para esclarecer lo que había sucedido empezaba.

La Comisión para esclarecer la verdad

Luego de esta controversia entre familiares, compañeros y compañeras de Silva y la Policía Nacional, las movilizaciones estudiantiles fueron masivas, frecuentes y emblemáticas. La toma de la iglesia La Ermita, asambleas multiestamentarias y marchas por las principales calles de la ciudad de Cali son ejemplo de ello. Uno de los resultados de estas acciones fue la creación de la Comisión de la Verdad acompañada y asesorada por el Padre Javier Giraldo, desde su experiencia ética y política construida previamente en otras organizaciones similares para defender los derechos humanos.

Cristina Castro (actualmente docente de la Universidad del Valle) llegó en el año 2005 a la Comisión como representante de la Asociación para la Investigación y la Acción Social -Nomadesc-. Ella recuerda cómo se le exigió a la administración de Universidad del Valle y a la Gobernación del Valle del Cauca que se instalara esa Comisión:

“En ese momento el Gobernador era Angelino Garzón, y la Comisión se conformó por representantes de los estamentos de la Universidad del Valle (estudiantes, profesores, trabajadores e incluso padres y madres de familia), de la Gobernación, de la Alcaldía de Cali, y de organizaciones defensoras de los derechos humanos”.

Este trabajo psicosocial estuvo acompañado por el investigador Martin Beristain, junto a profesores de la Universidad del Valle como José Benito Garzón y Julio Rubio, e investigadoras como Mónica Delgado y Cristina Castro.

Castro recuerda que para realizar las entrevistas primero tuvieron que “superar todos los miedos para que la gente se animara a hablar, a contar su testimonio, a decir que estuvo allí, y contar lo que vio. Fue una reconstrucción de los hechos cartográfica y cualitativa que permitió construir un informe”.

Se comprobó cómo la Policía Nacional actuó en el marco de una estrategia sistemática de persecución a los estudiantes, arremetida a la Universidad como lugar de construcción de pensamiento crítico y la vulneración de la autonomía universitaria. El abuso de la fuerza por parte del Esmad el 22 de septiembre de 2005 terminó en el homicidio a Johnny Silva. Es decir, fue un Crimen de Estado. Sin embargo, el resultado de la investigación fue negado por las instituciones del Gobierno y evadieron firmar el resultado que evidenció la responsabilidad de la Policía en el asesinato de Silva. Hubo que superar varias dificultades políticas, judiciales y financieras generadas por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca.

“Las instituciones –recuerda Castro- no quisieron dar presupuesto para realizar la investigación ni compartir sus resultados del informe terminado (del que existe un libro del cual solo se imprimieron 100 ejemplares). Así mismo, los acuerdos entre los estudiantes y la familia de Silva logrados con la administración local y departamental no se cumplieron ya que enviaban delegados sin capacidad para decidir y solo quedaban en demagogia para la foto. Además, el caso cambió varias veces de Fiscal lo que facilitó mecanismos de impunidad. Con el cambio de las administraciones de gobierno el trabajo de la Comisión fue relegado para quedar en el olvido”.

A la Corte Interamericana

Cuatro años después del asesinato de Johnny Silva, Eneriet Aranguren y Wilman Silva -sus padres- solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- que admitiera investigar el caso de su hijo ya que la Fiscalía General de la Nación insistía en dilatar el proceso y evitaba culpar a los responsables de la muerte del estudiante. Una de las acciones más impunes fue cuando la Fiscalía Primera, delegada ante el Tribunal Superior de Cali, reversó todas las conclusiones a las que había llegado el fiscal 41 de la Unidad de Derechos Humanos en esa ciudad. Esto adelantó las primeras indagaciones con al menos 19 testimonios que reconstruyeron el crimen. La CIDH tardó en responder siete años y fue hasta el 2016 cuando aceptó la solicitud para trabajar en el caso de Silva.

Luego que la justicia internacional se enterara del caso y asumiera compromisos, la justicia colombiana no podía quedarse quieta. Este lunes el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, precisó que la actuación del Esmad desconoció en el operativo los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes.

“Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresión al ordenamiento jurídico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales […] Las autoridades policivas deben estar preparadas para mantener el orden pero siempre respetando los derechos más caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”, sentenció la entidad.

El proceso contra los miembros del Esmad no fue esclarecido y pudo configurarse una ejecución arbitraria, o Crimen de Estado, lo cual implicaría una grave violación a los Derechos Humanos conocido por la justicia internacional. “Los daños provenientes de estas conductas reprochables deben ser conocidos, juzgados y reparados por la jurisdicción ordinaria, antes de someter a las víctimas del conflicto armado a la fatigosa carga de reclamar una condena en los tribunales internacionales, amén de que dicha circunstancia deja mal librada a la administración de justicia colombiana y la muestra ante la comunidad internacional como una instancia carente de eficacia e idoneidad y de legitimidad social”, puntualizó la sentencia.

El Consejo de Estado indica a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la posibilidad reabrir la investigación penal que decidió absolver a los miembros del Esmad responsables de la muerte del estudiante Johnny Silva. Además que ordena implementar un curso en protección de derechos humanos a todas las unidades del Esmad en el país.

Reacciones al reciente Fallo

La noticia de la condena al Esmad se recibe con gran expectativa. Deja ver resultados en más de 11 años para esclarecer la verdad en el asesinato a Johnny Silva, encontrar y condenar la brutalidad policial que terminó con su vida, y reivindicar la conciencia crítica y el derecho a la protesta que la memoria de este estudiante recuerda.

José Milciades, Secretario Nacional de Derechos Humanos del Sindicato de los trabajadores y empleados universitarios de Colombia –Sintraunicol- (que también hizo parte de la Comisión de la Verdad), expresó que el fallo del Consejo de Estado a las acciones del Esmad es el inicio de lo que deben hacer los entes de control y de justicia para garantizar que no se vulneren los derechos humanos de manera institucionalizada. “Desde que se creó el Esmad es el ente que más viola los derechos humanos. La sanción es irrisoria pero refleja lo que seguirá pasando frente a los hechos violentos que realiza la fuerza pública”, comentó.

Para Milciades la policía antidisturbios tiene una naturaleza violenta y anónima que, junto a la complicidad del Estado, permite que sea muy difícil individualizar a sus agentes y condenarlos por su brutalidad. “El curso en derechos humanos que ordenó el Consejo de Estado no le va a interesar al Esmad –afirma- ya fue creado para irrespetar los derechos humanos. Claro está, el derecho a la protesta seguirá siendo vulnerado pues el incremento de las movilizaciones sociales lo estamos viviendo en muchísimas partes con voces del pueblo indignado por el abandono estatal, y el Gobierno responde con el Esmad, un aparato represivo que garantiza el terror y el miedo en la población para que no salgan a las calles”.

Wilman Silva, padre de Johnny, exigió que la Policía Nacional y el Estado pidan perdón públicamente por la autoría de este crimen que terminó con la vida del estudiante de la Universidad del Valle, así como que los uniformados que se vieron involucrados en la muerte de su hijo sean retirados de la institución.


Estigmatización al movimiento estudiantil

Johnny Silva tenía 21 años de edad y estudiaba Ingeniería Química en la Universidad del Valle. Hijo de un hogar humilde, hizo parte del movimiento estudiantil donde se destacó por su buen rendimiento académico así como por su compromiso social en favor del pueblo. Murió el 22 de septiembre víctima por ser crítico a las políticas del Gobierno Nacional.

Gabriela Navia es estudiante de Arte Dramático en la Univalle, hace parte del proceso nacional Identidad Estudiantil. Reconoce que “el problema del Esmad, como fuerza armada del Estado, es que se encarga de reprimir aquellos escenarios autónomos que se plantean nuevas formas del ejercicio del poder. La universidad como un escenario de construcción, formación, discusión y debate, se contrapone al ejercicio del poder actual del Estado, por eso existe la intromisión de la Policía en las universidades”.

Según Navia, la estigmatización a los estudiantes no solo la hace la Policía sino desde la misma administración de las universidades. Huertas estudiantiles, salones de estudiantes, y materiales de trabajo para los colectivos estudiantiles han sido objeto de la violencia de la administración universitaria.

CI JA/PC/25/06/17/16:01

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