Derechos Humanos

Condenado reclutador de Falsos Positivos de Soacha

13 feb. CI.- A 39 años de prisión fue condenado Pedro Antonio Gámez Díaz, uno de los hombres acusados de reclutar por medio de engaños a jóvenes en Soacha, Cundinamarca, para llevarlos hasta Norte de Santander y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja por el ejército.

El acusado -que escuchó la sentencia desde un Batallón de la ciudad de Cali, en donde se encuentra recluido- fue condenado por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Jaime Estiven Valencia Sanabria (16 años), Jhonatan Orlando Soto Bermúdez (17 años), Daniel Alexander Martínez (21 años), Diego Armando Marín Giraldo (21 años), Julio Cesar Mesa Vargas.

La sentencia obedece a un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el reclutador. Este, a pesar de ser civil, se encuentra detenido en el Batallón del Ejército Cantón Militar Nápoles, en la ciudad de Cali. Hasta la fecha no se haya podido esclarecer las razones de dicho tratamiento especial.

Pedro Antonio Gámez Díaz, reclutador de jóvenes de Soacha que luego el Ejército presentó como Falsos Positivos.

Aunque los hechos sucedieron entre el 26 de enero y el 9 de febrero del 2008, solo hasta hoy (10 años después) la justicia se pronuncia sobre estos hechos.

“Sobre la condena las familias de los jóvenes asesinados manifiestan no compensa el crimen cometido, sin embargo, la aceptan en la medida que de cumplirse a cabalidad el acuerdo se lograría develar la responsabilidad de altos mandos civiles y militares que participaron de manera directa e indirecta en estas graves violaciones a los derechos humanos que tal como manifiesta en el documento del pre acuerdo ‘…por la generalidad y sistematicidad de las mismas han sido consideradas por jueces nacionales y la comunidad internacional como delitos de lesa humanidad’”, informó hoy en un comunicado la Asociación Minga, la cual es representante jurídica de algunos de estos casos.

Falsos Positivos

Falsos Positivos es el nombre con el que se conoce a las revelaciones hechas a finales de 2006 sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.

Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate del ejército. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.

En los últimos meses de 2008 se conoció sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio Soacha, vecino a Bogotá, y de la localidad de Ciudad Bolívar, al Suroccidente de la ciudad capital, y que aparecían como bajas ocasionadas por ejército a las guerrillas en Norte de Santander. Luego aparecieron más denuncias en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.

Según datos de la propia Fiscalía, entre el 2002 y el 2008 -en pleno auge de la “Seguridad Democrática” impuesta por el expresidente Álvaro Uribe- 4.382 personas fueron asesinadas por medio de esta práctica macabra.

Aunque hay más de 4.000 integrantes y exintegrantes de las fuerzas armadas vinculados a las investigaciones, los autores intelectuales continúan en la impunidad. Esperemos que este fallo sea un antecedente que nos permita conocer más la verdad.

CI JP/PC/13/02/18/12:32

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