21 feb. CI.- El juicio que definirá la situación de Mateo Gutiérrez León, estudiante acusado de pertenecer presuntamente al Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-, inició este 19 de febrero en las instalaciones del Juzgado Penal Especializado, Bogotá.

En esta primera audiencia se presentaron las pruebas por parte de la Fiscalía. Todas giran alrededor del testimonio de un investigador de la Sección de Policía Judicial e Investigación -Sijin.

Hace aproximadamente un año Mateo Gutiérrez León fue detenido y acusado de concierto para delinquir; hurto calificado agravado; terrorismo; y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas.

En esta primera sesión, el Fiscal del caso relacionó a Mateo con ataques que se presentaron en Bogotá entre abril del 2015 y enero del 2017, basándose en una supuesta militancia del joven en el MRP. Además, lo señaló de entregar panfletos alusivos a este movimiento durante la Gran Marcha por la Paz, el 12 de octubre del 2016, en la Plaza de Bolívar.

El testigo clave de la Fiscalía aseguró estar al tanto de todo el accionar del Movimiento Revolucionario del Pueblo, en calidad de técnico policial e investigador de la Sijin.

Afirmó que realizó las entrevistas pertinentes a los supuestos testigos que señalan a Mateo como un participante en los dos atentados del 18 de septiembre del 2015 en Bogotá (en la Carrera 10ª con Calle 18 y en la 16ª con Calle 76) donde se accionaron dos petardos panfletarios.

Incongruencias del testimonio

El interrogatorio al testigo se realizó alrededor de dos pruebas que la Fiscalía consideró fundamentales: la existencia de un video en el que se ve a Mateo Gutiérrez en compañía de Boris Rojas Quijano. Según  el testimonio, estas dos personas se desempeñaban como ideólogos del Movimiento Revolucionario del Pueblo.

La segunda prueba consistió en el retrato hablado que un testigo ocular hizo sobre Mateo. Descripción física que, en la práctica, resulta bastante alejada de las características fisionómicas del estudiante.

La prueba documental, que parece ser clave para el juicio, ha sido objeto de descontextualización de los hechos. El documento audiovisual presentado -que muestra la reunión de los dos acusados- data de dos días después de la llegada de Mateo a Colombia, quien provenía de Cuba.

Sin embargo, la Defensa de Mateo alegó que se trata de un video “copia espejo”. El investigador de la Sijín reconoció la veracidad del alegato y desconoció la fecha exacta de la elaboración del video original.

El retrato hablado de una de las víctimas que en el momento de los hechos era menor de edad, describió a Mateo con tez oscura, cabello rubio recogido y depilado.

El testimonio no coincide con las características de Mateo, sin embargo la declaración sigue siendo material probatorio bajo la excusa de la dificultad de realizar un retrato hablado cuando se esta siendo amordazado.

En cuanto a la exigencia de un soporte que demostrara la participación de Mateo como cabeza ideológica del Movimiento Revolucionario del Pueblo, el investigador de la Sijin se remitió a un argumento irrazonable: afirmó que la prueba estaba en el testimonio y descripción física que aportó el menor de edad.

Tampoco pudo explicar cuáles eran los fundamentos que establecían la relación ideológica entre Mateo Gutiérrez León y Boris Rojas Quijano.

Por otro lado, se habla de un informe en el que se asegura que el estudiante de Sociología se encontraba repartiendo panfletos del Movimiento Revolucionario del Pueblo en la Gran Marcha por la Paz. Sin embargo, no hay pruebas que verifiquen los hechos. El 12 de octubre del 2016 no hubo cartas de incautación ni capturas por la supuesta difusión panfletaria.

Faltan cuatro audiencias dentro del proceso penal acusatorio que se  está llevando a cabo en nombre de Mateo Gutiérrez León. La próxima audiencia se realizará el 1 de marzo próximo.

Falsos positivos judiciales

Los falsos positivos judiciales se intensificaron con la llamada “seguridad democrática” en Colombia. Personas inocentes son víctimas de montajes judiciales en donde se viola el debido proceso. Esto acompañado de la estigmatización ante los medios hegemónicos y masivos de comunicación, de capturas irregulares, de desconocimiento al derecho de presunción de inocencia, de utilización de falsos testimonios y pruebas ilícitas, de dilación del proceso, entre otros.

El Estado colombiano ha hecho uso de este mecanismo de manera sistemática con el objetivo de debilitar a los movimientos sociales y políticos de oposición.

Además, busca demostrar la capacidad operativa de las autoridades con “resultados positivos” frente a la opinión pública. Para esto incriminando a personas de bajos recursos o aquellas que encajen en un perfil crítico “peligroso” para el status quo.

Este último es el caso de Mateo y demás estudiantes adscritos a Facultades de Ciencias Sociales en universidades públicas quienes son injustamente perseguidos y estigmatizados.

CI SL/PC/21/02/18/7:00