26 oct. CI.- Sorprendido quedó el mundo con los resultados de la primera vuelta electoral presidencial desarrollada en Brasil el pasado 7 de octubre de 2018 que dejan a Jair Bolsonaro cerca de ganar la presidencia y el retorno de la extrema derecha en ese país.

Por Francisco Castillo*. Contra cualquier pronóstico, Jair Bolsonaro, candidato que se asume como racista, homófobo, misógino, militarista, fascista y con un odio de clase que no lo frena al arremeter contra las y los pobres,  casi logra más del 50% de los votos requeridos para pasar de manera directa a la Presidencia de la República. Con algo más del 46% de votos (más de 49 millones de brasileños y brasileñas) quedó ad portas de ser el Mandatario del país más grande de Latinoamérica y una de las 10 economías más importantes del mundo.

Su inmediato competidor, el candidato por el Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, alcanzó el 29% de los votos (más de 31 millones) en esa misma elección. La diferencia es muy alta y un difícil reto para superarla.

Los analistas buscan las causas de estos resultados electorales en la falta de unidad de la izquierda con el centro político, en los conocidos errores del PT, en el caudillismo- seguidismo que ha declarado Haddad al expresidente injustamente detenido Luis Ignacio Lula da Silva, en el alejamiento de las calles de la izquierda y el movimiento social. Todo esto ha sido aprovechado por la derecha mientras, y a la par, avanza su trabajo cotidiano de las iglesias cristiano- evangélicas que hoy apoyan por mayoría a Bolsonaro.

Foto Cortesía de Brasil de Fato

La campaña de Bolsonaro, asesorada por Steve Bannon (el exasesor del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump), ha utilizado a los grandes medios (propiedad de la derecha brasileña) así como también ha tenido un amplio trabajo en las redes sociales.

Jair Bolsonaro evita los debates públicos porque una de sus debilidades es la falta de argumentación. Sus asesores explican la situación de Brasil con noticias falsas contra el PT, contra Lula y contra la expresidenta Dilma Rousseff, haciéndolos responsables de todo cuanto sucede hoy en el país. Uno de los resultados más denunciados de la campaña de Bolsonaro son la gran cantidad de noticias falsas -Fake News porque fue un fenómeno comunicacional comenzado en países de habla inglesa- y que están financiadas por los mismo empresarios brasileños que poseen los medios tradicionales de comunicación. Estas noticias Falsas en Brasil son delito además de que tienen la consecuencia de mover la pasión y la rabia, con lo que enmascaran el peligro de implantar un régimen de ultraderecha al servicio del gran capital.

La matriz comunicacional es el mismo miedo que recorre los grandes medios de toda Latinoamérica: “no convertirse en otra Venezuela”. Como Bolsonaro lo utiliza como eslogan publicitario, matiza sus posiciones y convicciones en contra de las mujeres, los negros, la comunidad LGBTIQ y los pobres. Alimenta la idea de Brasil por encima de todos -que hace recordar el lema de Trump “Make America Great Again”. Con su “orden y progreso”, como dice la bandera brasileña, asegura el fortalecimiento de las fuerzas militares, las garantías económicas y jurídicas para los empresarios y temas centrales como la reformulación fascista de los derechos sociales y políticos tales como la restricción del derecho a la movilización social y el impulso de las políticas neoliberales.

Ultraderecha en Colombia

Cuando el 2 de octubre de 2016 el pueblo colombiano fue citado al Plebiscito para votar SÍ O NO A LA PAZ entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo -FARC-EP-, todos los analistas daban por descontado que ganaría el SÍ. Las discusiones se daban acerca de los porcentajes de diferencia. Y, ¡oh sorpresa! Ganó el NO.

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Es decir, ¿Los colombianos y las colombianas no quieren la paz? ¿O que querían otro tipo de acuerdos con esa insurgencia? Y ¿ese acuerdo, específicamente, debía girar a favor de las propuestas del uribismo? Supuestamente, con esos acuerdos se estaba entregando el país a la guerrilla y al “Castrochavismo”. Este último es un término acuñado por el grupo de ultraderecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe para definir las políticas de Venezuela y de Cuba. El mundo quedó sorprendido y sin entender por qué en Colombia votaron a favor del NO.
Los acuerdos, si bien no terminaban con el conflicto armado de más de 50 años, mitigan los efectos de la guerra interna ya que disminuyen ostensiblemente el número de muertos en combates, como lo había demostrado un cese bilateral al fuego entre Ejército colombiano y las -FARC-EP- durante varios meses.

El gerente de la campaña electoral que pujó por él NO, el uribista Juan Carlos Vélez, confesó en una entrevista después de su triunfo que la estrategia desarrollada por su equipo había sido que quienes fueran a votar, lo hicieran con rabia, basados en la indignación de su situación económica y social, sin explicar los acuerdos. Es decir, explotar más la pasión y la emoción que discutir la razón. Esta campaña fue asesorada por especialistas panameños y brasileños.

En Colombia, hoy se avanza en la Jurisdicción Especial para la Paz (componente clave de los Acuerdos entre el Gobierno y las -FARC-EP- y esto permite que se reconozca algo que el movimiento social ha denunciado siempre: hay una estrategia integral para acabar con la organización popular y de resistencia en el país.

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Colombia es el único país de América Latina que con gran orgullo declara que no ha vivido una Dictadura Militar. No le ha hecho falta. En los últimos 30 años se ha desarrollado la política del “enemigo interno” contra los y las dirigentes sociales. A quien se le señala de organizar a su comunidad, de una vez se le infunda un vínculo con las insurgencias. Por esta razón, se le hace seguimiento a través de los organismos de Inteligencia del Estado (como el antiguo sangriento Departamento Administrativo de Seguridad, una de las dependencias de la Presidencia de la República) y la información que se obtenga se le entrega a los batallones militares y/o paramilitares para que los asesine o desaparezcan. Esta política es financiada por empresas nacionales o transnacionales que operan en el país y apoyada por sectores políticos nacionales y regionales como Senadores, Representantes a la Cámara, Gobernadores y Alcaldes.

El resultado de este régimen ya es conocido en el mundo: millones de colombianos y colombianas desplazados internos o refugiados en el exterior, miles hombres y mujeres de asesinados y desaparecidos, el genocidio contra partidos políticos como la Unión Patriótica y miles de liderazgos sindicales y sociales. A través de estas medidas neoliberales se ha logrado retrasar la organización y movilización social colombiana durante décadas. Hasta hoy esta última se viene reconstruyendo .

Similitudes

Los planteamientos del candidato de la ultraderecha brasileña son muy parecidos a la política de “Seguridad Democrática” del período de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dicha política es una de los responsables del desastre humanitario contra el movimiento social en Colombia y de medidas de terrorismo de Estado como los conocidos casos de los Falsos Positivos. El “orden” acompañado con el “progreso” solo significa privatizaciones, entrega de los recursos minero-energéticos a las transnacionales, reformas tributarias que afectan de manera directa a los y las más pobres, recorte de los derechos sociales y guerra.

Debe evitarse que la violación de los Derechos Humanos, la desigualdad social y la falta de oportunidades se posesione en Brasil. Ojalá que, para “no parecerse a Venezuela”, Brasil se termine pareciendo a Colombia. La democracia brasileña tiene un gran reto este 28 de octubre: no devolverse a los días más oscuros de la dictadura militar.

*Francisco Castillo es dirigente social, de la Corporación Aury Sará Marrugo

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