19 ago, CI – Las comunidades indígenas, negras y campesinas aledañas al río Bajo San Juan y al río Bajo Calima, Valle del Cauca, han sido desplazadas desde finales de 2021 por la presencia de grupos armados que se disputan estas zonas, y no tienen garantías para retornar a sus lugares de origen.

La comunidad negra de San Isidro del río Bajo Calima, se resguarda actualmente en el Coliseo Cristal de Buenaventura, Valle del Cauca, debido al desplazamiento forzoso de su Colonia en abril de este año. Este lugar sirve como albergue temporal, sin garantías dignas para subsistir pues no cuentan con acceso a salud, vivienda, educación y alimentación.

A su vez, el Consejo Comunitario de La Esperanza, ubicado en el kilómetro 23 vía Buenaventura-Cali, espera retornar a sus lugares de origen y exige que los actores armados abandonen su territorio para recuperar la tierra, con el ánimo de proteger el ambiente y los recursos naturales.

En la misma situación se encuentra la comunidad indígena de Valledupar del pueblo Wounaan Nonam, quienes habitan una aldea en un barrio de Buenaventura, donde tampoco cuentan con condiciones favorables en temas básicos como la salud y el agua potable. En este momento están a la espera de un proceso de reubicación con la Agencia Nacional de Tierras – ANT-, para trasladarse al municipio de Ríofrío, Valle del Cauca.

La comunidad indígena del pueblo Wounaan Nonam del resguardo Santa Rosa de Guayacán, se encontraba habitando una emisora comunitaria de Buenaventura, en la que vivían más de 160 personas en condición de hacinamiento, tampoco contaban con garantías dignas para su supervivencia.

El 8 de agosto, esta comunidad realizó un plan de retorno hacia un albergue temporal en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, como plan de reubicación. Esta acción es impulsada por la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura, con la ayuda del Monseñor Darío de Jesús Monsalve de Cali.

Al respecto, las comunidades indígenas, negras y campesinas exigen soluciones y respuestas inmediatas por parte del gobierno local y nacional para que les brinden garantías dignas y se ejecute el plan de acción solicitado. Esperan que, con la llegada del nuevo gobierno, puedan obtener soluciones para mitigar el impacto del desplazamiento forzoso que por años han sufrido en esta región, junto con la violencia urbana y el olvido estatal.

CI AC/JT/19/08/2022/11:00