9 feb. CI.- Después del desalojo en el barrio La Iguaná y el anuncio de desalojo en el barrio La Paralela, ambas comunidades se están asesorando con abogados para exigir que se cumplan los compromisos que la Alcaldía y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed- hicieron con ellas. Aunque se trata de casos diferentes en contextos diferentes, ambas han tenido que recurrir a las vías legales para defenderse de las irregularidades con que las instituciones del Estado han llevado a cabo el proceso de desalojo.
La Paralela
El caso de La Paralela es de un barrio que recibió el aviso de desalojo de 297 viviendas el 2 de agosto de 2017 para la construcción de la Línea P del Metrocable de Medellín. El Isvimed asumió el compromiso con la población de un subsidio de arriendo por tres meses y el pago del valor de su vivienda para la adquisición de otra, además de otros apoyos.
Sin embargo, ese Instituto aún no se ha sentado a dialogar con quienes habitan barrio a pesar de que en diciembre se integró un Concejo Permanente de Negociación en el que se reunirían la segunda semana de enero. En estas reuniones la comunidad busca que se estipulen algunos compromisos y que se respeten los derechos que han sido vulnerados desde que comenzó este proceso.
Una de las irregularidades del caso han sido las evaluaciones que se les han dado a las casas para establecer sus precios. En estas evaluaciones no se ha tomado en cuenta el tiempo que las familias demoraron en construir sus casas ni la construcción de andenes y alcantarillado y la instalación de redes de energía que fueron llevadas a cabo por la comunidad.
El Isvimed no permitió que la Asociación Sumapaz hiciera un evalúo social que sí tomara en cuenta estas variables, y se limitó a dar precios a las familias de acuerdo a los metros cuadrados de construcción que tienen sus viviendas.
Otra irregularidad ha sido la negativa del Isvimed a reunirse con la comunidad completa. Sin embargo va de familia en familia. Esta estrategia de negociación ha provocado tensiones entre las y los vecinos, pues la institución les pide que no se comuniquen entre sí los precios que les han dado a sus viviendas. De las 40 familias que han visitado, 18 ya están cerrando tratos para vender sus casas. Esto ha distanciado a algunos miembros de la comunidad.
Por otro lado, las familias que han encontrado casas para mudarse no han podido hacerlo porque el Isvimed les ofreció un adelanto del 15% del valor de la casa y realizar el resto de los pagos diferidos a 25% del valor cada pago. Es decir, el arrendatario tendría que fiarle el pago al Isvimed o la familia tendría que dar la totalidad del pago de su bolsillo y esperar los pagos diferidos para compensarlo. Hasta ahora ninguna familia ha podido adquirir una vivienda.
A pesar de todas las trabas con las que se enfrenta la comunidad para ser reubicados de forma digna y justa, el Metro ya ha establecido el 1° de marzo como la fecha en que inician las obras. Por su parte la comunidad se está organizando para llevar a cabo una demanda y acción popular para luchar por su derecho a una vivienda digna.
Diana, habitante y líder de la comunidad de La Paralela con las pancartas que han hecho para manifestaciones públicas.
La Iguaná
El martes 28 de marzo de 2017, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y la Policía desalojaron a 24 familias de la comunidad Ranchitos, que vivían junto a la quebrada del barrio La Iguaná. Las familias, apoyadas por estudiantes y profesores de la Universidad Nacional, tomaron las instalaciones del plantel educativo pero más tarde fueron evacuadas de ahí también.
Día en que la comunidad de Los Ranchitos fue desalojada.
Tras estos hechos, el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se encontró con las familias en la Universidad y se comprometió a darle seguimiento al desalojo con tres meses de arriendo, tres mercados mensuales y vivienda definitiva.
Actualmente muchas de esas familias se encuentran viviendo en las calles. Después de los tres meses de arriendo que el Alcalde ofreció, no podían seguir pagando arriendos y terminaron viviendo en las calles alrededor de lo que era su viejo barrio o en otras zonas de la ciudad. Más de la mitad de las familias desalojadas eran desplazadas y víctimas del conflicto armado que no cuentan con un trabajo y, por tanto, con un salario constante.
Al no ver cumplidas las promesas de una vivienda definitiva, la comunidad acompañada por estudiantes de la Universidad Nacional, abogados y otros miembros de la sociedad civil presentó una acción popular que devino en tutela. La respuesta del Alcalde a este recurso fue estipular que la condición para ser acreedoras al subsidio de vivienda era tener un ingreso de tres salarios mínimos. Ninguna familia tiene ese ingreso.
Muchos continúan viviendo en la calle, otros están pagando un arriendo con sus ingresos. La Alcaldía ahora inició un Plan Piloto de Empleabilidad con esta población, este consta en ingresar la hoja de vida de las cabezas de familia en una bolsa de trabajo para buscarles empleo. De las 24 familias, solamente 10 personas se acreditaron pues la comunidad ha perdido la confianza en el Alcalde. A pesar de sus peticiones y a casi un año del desalojo, Federico Gutiérrez no se ha dispuesto para reunirse con ellos.
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