Extractivas

Comunidad de San Martín inició Paro Cívico con denuncia sobre irregularidades en la ANLA

25 oct. CI.- Desde este martes, a partir de las 9:00 de la noche, se inicia un paro cívico de 48 horas en San Martín, Cesar, por la defensa de sus recursos naturales y contra la licencia que legaliza la explotación petrolera mediante el sistema de fracturación hidráulica o fracking. El paro inicia con la denuncia acerca del impedimento presentado por la directora actual de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Claudia Victoria González Hernández, al respecto de la actuación de la Conoco Phillips al argumentar que su esposo, el ingeniero Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para esa multinacional.

Por Víctor Garavito*. Hoy, a pesar de que el miedo ronda en el Caribe, hay quienes se resisten como lo hacen las comunidades de San Martín y no es para menos, porque se trata de la defensa de nuestros recursos naturales, de la vida.

Sin embargo, la única respuesta del Gobierno Nacional, del Gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, el Alcalde de este municipio, Saúl Eduardo Celis Carvajal, junto con el Comandante de Policía de este Departamento, Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo, fue movilizar 150 unidades del Esmad, el pasado miércoles 18 de octubre, con los que se agredió a quienes protestaban contra la decisión el Estado de permitir la explotación petrolera mediante el fracking, por parte de las multinacionales ConocoPhillips y CNE Oil & Gas.

Fue en medio de estos hechos que el Alcalde del Municipio de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal, señaló a las comunidades que realizaban el plantón como “terroristas”, así lo denunciaron varias personas que se encontraron de un momento a otro atrapados por la fuerza pública, quien arremetió contra quienes participaban de una protesta pacífica, como lo confirmaron sus asistentes.

Denuncias y movilización ciudadana

La alerta se encendió en la región después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, expidió la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016(1), autorizando a las multinacionales la explotación de 33.714 hectáreas, de los municipios de San Martín y Aguachica del Cesar y Río Negro, en Santander, del llamado Bloque Valle del Magdalena Medio, VMM-3, con métodos no convencionales, es decir, fracturamiento hidráulico o fracking.

Sin embargo, extrañamente la actual directora de la ANLA, la bióloga Claudia Victoria González Hernández, en una de esas jugadas que realizan los altos funcionarios del Estado para torcerle el cuello a la Ley, se declaró impedida para conocer sobre los procesos que adelanta esta entidad a la Conocophillips, dado que casualmente su esposo, el Ing. Héctor Manuel García Agudelo, elabora el Plan de Manejo Ambiental para el Bloque VMM-3 de esta multinacional, a la que precisamente se le acaba de autorizar la explotación petrolera mediante el fracking.

De esta manera, en la ANLA se configura un conflicto de intereses y se usa la típica puerta giratoria, utilizada por quienes presuntamente se sirven de sus cargos para realizar negocios privados, como lo denunció la comunidades del Municipio de San Martín. Por estarazón, el Ministro del Medio Ambiente, delegó como Director Ah Doc a la Asesora Jurídica Claudia Lorena López Salazar.

Frente a estos hechos, el Comité en Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas, CORDATEC, movilizó a los sanmartinense, frente a las políticas de extracción por la vía del fracking, que pondrá en riesgo a las comunidades y terminará por acabar con las fuentes de agua en esta región del sur del Cesar.

Por otro lado, existe un tema no menor y se trata de las condiciones del Contrato que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con las multinacionales petroleras, donde la participación en la producción del Estado, descontadas las regalías, será de solo el 2%, como lo estipula la cláusula undécima; además, el país recibirá recursos por parte de las empresas extranjeras, una vez la producción supere los 5 millones de barriles y cuando el petróleo alcance los US$81 dólares, así lo determina la cláusula decimotercera.

Por eso, las comunidades del Municipio de San Martín, que cuenta con una extensión de 905.55 Km2, donde viven sus 16.921 habitantes y se encuentra a 342 km de Valledupar, la capital del Cesar, se propone la convocatoria de una consulta popular, para que su gente defina el futuro de su territorio.

Al mismo tiempo que el pasado 18 de octubre era aprobado en quinto debate por la Comisión Primera del Senado, la iniciativa legislativa que eleva el agua a derecho fundamental, en San Martín su gente era reprimida por la Policía Nacional, precisamente por defenderla.

No obstante, el proyecto de Ley No. 11 de 2016 se aprobó por 11 votos a favor y 3 en contra; de esta forma, la iniciativa logró la mayoría absoluta, requerida para un Proyecto de Acto Legislativo y muy a pesar de la intensa labor que hiciera el Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para hundir esta propuesta.

Finalmente, hoy la resistencia contra el fracking, no solo depende de la valentía de la gente del Municipio de San Martín, sino del compromiso de cada colombiano por la defensa de los recursos naturales, ya que a esta hora, es muy probable que las multinacionales como la ConocoPhillips, planeen como seguir destruyendo nuestro país.

Víctor Garavito es corresponsal de Actualidad Regional, una plataforma de información de los hechos noticiosos de los municipios del Valle del Río Ariguaní, en el departamento del Magdalena.

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