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[Argentina] Chaco: la violencia contra los pueblos indígenas y defensores de la tierra

27 ago, CI.- En la provincia de Chaco, en Argentina, Marcha Noticias* conversó con referentes que son parte de los pueblos originarios y que se ocupan desde hace años de defender el territorio y la vida. Porque su voz es un eco que hace vibrar la tierra.

Por: Marcha Noticias* La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Alejandro Mamani y Flora Nómada integrantes del Colectivo Identidad Marron / Foto: Julieta Bugacoff

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Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.