5 may. CI.- El campesino Dimar Torres Arévalo fue asesinado por el cabo Daniel Gómez, adscrito a la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército Nacional, el pasado 22 de abril en la zona rural del municipio de Convención en el Catatumbo.

El exintegrante de las FARC que se encontraba reincorporado a la vida civil después de participar de los acuerdos de La Habana, fue asesinado por unidades del Ejército Nacional.

Había salido de la vereda Campo Alegre a la vereda Miraflores en moto para comprar unas herramientas que necesitaba; de regreso fue detenido en un retén militar.

La comunidad fue alertada al escuchar los disparos; cuando se percataron de que Dimar no retornaba a su vivienda, formaron un grupo de búsqueda para dar con su paradero.

Al encontrarse con el comando del Ejército y no recibir respuestas sobre la posible ubicación de Dimar, la comunidad continuó con la búsqueda que terminó encontrando el cadáver de Torres con evidentes signos de tortura.

Según un video que grabaron los testigos en el momento en que lo hallaron, se ve que el cadáver estaba semidesnudo, con los pantalones abajo. Presentaba cuatro heridas mortales (malar y nasal de la cara, lateral escapular del brazo izquierdo, glúteo y muslo izquierdo)

Se busca establecer si el cabo Daniel Gómez, que asesinó a Dimar Torres, tenía la intención de desaparecer el cuerpo, pues en otro video grabado por integrantes de la comunidad, se ve una fosa recién cavada, cerca al lugar de los hechos.

Sin embargo, a pesar de que el fiscal Martínez aseguró que pidió la captura del cabo Daniel Gómez por el delito de homicidio, este no vinculó a los otros militares presentes, a quienes pobladores señalan de ser cómplices de intentar enterrar el cuerpo cerca del lugar donde acampaban.

Luego de hallar el cuerpo sin vida de Dimar Torres, la comunidad esperó hasta que llegaran los agentes encargados de hacer el levantamiento para evitar cualquier tipo de modificación en la escena del crimen.

La Fiscalía dictó medida de aseguramiento intramuros contra el cabo segundo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez Robledo. El padre de Dimar Torres pidió 50 años de cárcel. Gómez Robledo no aceptó los cargos.

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Misión de Verificación

Una Misión de Verificación tuvo lugar el 27 de abril, en la vereda Campo Alegre, en el corregimiento San José de Pitas de Convención. Dicha misión, compuesta por los senadores Jesús Alberto Castilla, Pablo Catatumbo, Antonio Sanguino, Roy Barreras y Victoria Sandino, entre otros, tenía como finalidad llegar al lugar de los hechos y constatar lo ocurrido.

A la reunión con la comisión asistieron diferentes delegaciones y organizaciones sociales, el Comité de Integración Social del Catatumbo –CISCA-, la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat-, el Movimiento por la Constituyente Popular –MCP- y delegaciones de los entes de control como la OEA, ONU, Defensoría del Pueblo y la Personería del municipio de Convención.

En la cancha del corregimiento se realizó una audiencia pública en la que más de mil personas de municipios como El Tarra, Teorama, San Calixto, Tibú y Convención asistieron, así como los senadores, familiares de la víctima e integrantes de las Fuerzas Militares. Allí se narraron los hechos.

En ese momento, el General del Ejército Diego Luis Villegas Muñoz, actualmente investigado por un caso de “Falsos Positivos”, aceptó la culpabilidad de las Fuerzas Militares, declarando que “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las fuerzas armadas y por lo tanto el comandante debía poner la cara. Lo lamento en el alma y en nombre los 4.000 hombres que tengo el honor de comandar les pido perdón. Esto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar”.

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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, entregó dos versiones diferentes del asesinato. Inicialmente dijo que Torres había muerto en un forcejeo, luego cambió su versión, pero condenó la declaración del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, y dijo que no representa la posición del Ejército Nacional.

El senador Antonio Sanguino afirmó que “El Ministro de Defensa está tratando de ocultar y desvirtuar los hechos”.

La gente indignada aprovechó la audiencia para denunciar otros casos de violencia que se están presentando y que comprometen a miembros de la fuerza pública. A la tarima subieron a dos niñas con heridas de fusil.

Ante la situación, que evidencia el grave peligro que corre el proceso de paz y las comunidades de todo el país, Ismael, delegado del CISCA expresó que “el Ejército constantemente nos señala de insurgentes. Cuando hablamos de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional prepara los fusiles y las balas para asesinarnos. Si esto sigue así nos vamos a parar y no vamos a dejar que nadie nos siga masacrando».

Igualmente, Delmis Antonio Palacio, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Alegre, aseguró que “la comunidad se siente insegura con la presencia de las Fuerzas Militares, que lo que hacen es estigmatizarnos y asesinarnos”.

La comunidad denunció que están apareciendo letreros en las paredes firmados por las AUC, en una de las zonas más militarizadas del país. Asocian esto con la reconfiguración de grupos paramilitares en la zona, y temen por el aumento de falsos positivos, que en el pasado dejó al país con más de diez mil personas asesinadas por el Ejército Nacional para maquillar estadísticas y justificar la incursión militar Estadounidense en territorio Colombiano.

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Sobre Dimar Torres

Dimar Torres le apostaba al trabajo social. Era laborioso y enérgico para participar en las actividades que se programaban relacionadas con su reincorporación a la vida civil. Trabajaba como conciliador, acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como desmovilizado y reincorporado. Estuvo en el frente 33 de las FARC, y estaba participando del curso de ‘Economía Solidaria’. Alcanzó a asistir a dos jornadas de salud para él y su familia, y estaba preparándose para la prueba de acreditación del quinto grado de primaria.

También se supo que tenía listo para su formulación un proyecto productivo que estaba radicado bajo el número PRE-PP- 28414, según confirmó la Agencia Colombiana para la Reintegración –ARN-. Dimar Torres Arévalo se convirtió, según la Misión de Verificación de la ONU, en el ex combatiente número 130 de las FARC en ser asesinado desde que se firmó el Acuerdo en noviembre de 2016.

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CI JO-AM/JO/05/05/2019/20:00