Derechos Humanos

Cárcel La Tramacúa: Persiste la violación de Derechos Humanos

16 jul. CI.- El 10 de julio Presos Políticos y Sociales del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Valledupar reanudaron huelga de hambre luego de que se le incumpliera los acuerdos pactados con la dirección del centro de reclusión, el comandante de vigilancia, delegados de la Procuraduría y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos -Mapp-Oea- el pasado 27 de junio.

Hechos

Desde el 27 de junio más de 1.300 Presos iniciaron una huelga de hambre y protesta pacífica al interior de la cárcel, por el incumplimiento y dilatación a los derechos que como Presos les han sido negados desde 2016.  A pesar de que el mismo día en la jornada de la tarde se levantó la protesta luego de lograr un acuerdo, el día 10 de julio desde las 6 de la mañana se reanudó ya que según los Presos no les cumplieron con los acuerdos pactados. Lo que exigen es lo siguiente:

Primero permitir el uso del ventilador eléctrico en las celdas, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se concentran al interior de éstas y que afectan la salud de los reclusos. Como segundo el uso de ropa “civil” a los internos durante las visitas y remisiones, como medida de dignificación de la población tras las rejas. A su vez agilizar la atención medica en los casos graves que ameritan intervención quirúrgica y valoración por especialistas, en procura de la protección del derecho a la salud y la dignidad humana de los detenidos.

Igualmente el aumento del gramaje en los alimentos y mejoría en la calidad de los mismos, teniendo en cuenta los ostensibles retrocesos que sobre la materia se vienen denunciando desde hace más de un año por los internos. Otra petición permitir el uso de un reloj de mano. También pidieron analizar la posibilidad de habilitar la visita íntima al menos dos veces al mes, teniendo en cuenta la importancia que tiene este derecho en el restablecimiento de los lazos familiares de los reclusos.

También aumentar el horario del expendio de alimentos, el derecho al uso de un celular como comunicación con los abogados y familiares y el ingreso de encomiendas cada 8 días. La única respuesta que han recibido por parte de directivas es la del capitán Gómez, quien ayer amenazó según uno de los Presos, con disolver el Comité de Derechos Humanos del establecimiento; “esa es la medida que pretende adoptar para ocultar la problemática que dio motivo a la jornada de desobediencia en la penitenciaría por los Presos” declaró.

En un comunicado publicado por los Presos el día 12 de junio, denuncian al director encargado del penal, quien los amenaza  diciendo lo siguiente  “nos dice que primero nos morimos de hambre antes de que se resuelvan las peticiones de los Presos, porque la Institución no tiene capacidad para implementar las medidas exigidas”, indican los detenidos.

También estuvo Fabio Mendoza de la Defensoría Regional, los Jueces de ejecución de penas Claudia Florega y Roberto Castaño y el Cabo Céspedes funcionario del penal; y reunieron a algunos delegados de los internos al comité de derechos humanos indicándoles que desconocían el contenido de las peticiones que se exigen en la huelga; no obstante, tanto los detenidos como el Equipo Jurídico Pueblos y la Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza, han dirigido comunicaciones a los órganos de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría General), así como al Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec- para que atiendan la situación que se presenta en el penal, declara el comunicado.

Según el último comunicado entregado el día 14 de julio los Presos comunican que llevan más de 100 horas de huelga de hambre y protesta pacífica sin solución.

Política Criminal Carcelaria

La Política Criminal se ha enmarcado por un populismo punitivo que consiste en la creación desmedida de leyes con el fin de penalizar sin sustentación empírica, generando así hacinamiento como mecanismo de represión en vez de prevención, haciendo que la cárcel sea otro método de tortura a lo que el Terrorismo de Estado considera oponente político.  “El hecho de que hoy se retome una huelga de hambre con estos propósitos, es indicativo de la vigencia del Estado de cosas inconstitucional declarado en las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2014 y de la indolencia y deshumanización que caracteriza el sistema penitenciario y carcelario del país” declaró Equipo Jurídico Pueblos en un comunicado.

Es así como el Movimiento Nacional Carcelario nombre como firman los comunicados los Presos, se constituye como una organización que se creó hace más de 30 años y el cual ha venido defendiendo los derechos humanos y fundamentales de los Presos y Presas políticas y sociales de más de 10 cárceles del país. Reivindican la importancia de este movimiento como un actor social activo e histórico que ha disputado en los escenarios políticos cambiantes y como herramienta comunicativa para denunciar y visibilizar la realidad de los centros de detención colombianos.

Historia de tortura de la Tramacúa 

Este centro penitenciario de máxima seguridad fue creado en marzo del año 2000 bajo la sentencia T -153 de 1998 de la Corte Constitucional bajo la necesidad de acabar con el hacinamiento, la corrupción y la violación de derechos de los Presos, la Corte llamó como el Estado inconstitucional de cosas, pero que terminó sirviendo como centro de tortura asesorado por la Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Su acceso es estricto y de trato de régimen, totalmente lejano al propósito de resocialización y humanización del preso.

Ha sido una de las cárceles más denunciadas por violaciones a Derechos Humanos a nivel internacional. Además del hacinamiento, la cárcel contaba con lugares de tortura como el conocido “Villa Mosquito” en la Torre 6, el cual fue cerrado en 2014 luego de gran presión de Organizaciones No Gubernamentales a nivel mundial, ya que este era el lugar máximo de tortura para los Presos, quienes pasaban 5 días amarrados a los barrotes, rodeados de heces fecales y siendo golpeados y gaseados por los dragoneantes.

Esta denuncia llevó a la destitución del teniente Julio Santos Villamizar; los inspectores Carlos Arturo Peña Arango y Gerardo Carlos Portela, y los dragoneantes Carlos Hernán Pinzón, Jhon Frey Moreno, Roberto López Camargo, Herbert Cartagena y Fabio Méndez Sierra en 2014 quienes eran los encargados de llevar a cabo estos métodos.

Actualmente la cárcel sigue en pésimas condiciones de infraestructura, salubridad y adecuación propia para la vida digna de los Presos políticos y sociales.

CI MM/CC/16/07/18/12:20

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