La retención de Jernoc Wobert para reclamar la devolución de 4 títulos mineros en manos de la Braewal Mining Co. está en el centro de las negociaciones entre el gobierno y esa fuerza insurgente. Colombia Informa recorrió la zona donde busca oro la empresa canadiense y donde actúa la insurgencia, y dialogó con mineros y agricultores.
Corría enero de este año, y una patrulla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN tomó las instalaciones de la mina de oro de Casa de Barro, en la serranía de San Lucas, sur de Bolívar. Allí fue sorprendido el miembro de la multinacional de origen canadiense Braewal Mining Corporation, que fue retenido junto a otros ciudadanos colombianos y peruanos. Al poco tiempo fueron liberados todos menos el canadiense: la guerrilla lo responsabiliza por apropiarse indebidamente de títulos mineros que pertenecen a la comunidad.
¿Ingeniero, geólogo, empleado, directivo o qué?
La información sobre la responsabilidad del canadiense Wobert en las decisiones de su empresa varían según la fuente. El gobierno de Santos prefiere llamarlo “ciudadano” o canadiense a secas, mientras los principales medios de comunicación lo denominan “empleado”, y no se deciden si se trata de un geólogo o ingeniero. Pero la guerrilla dice tener constancias que lo sindican como Vicepresidente de Exploración de la multinacional, enviado a Colombia para garantizar la labor extractiva en las minas de Casa de Barro y Mina Seca, donde se encontraba el campamento donde fueron sorprendidos por la insurgencia. Resulta difícil conocer a ciencia cierta la función de Wobert en la Braewal Mining Co., ya que es esquiva la información al respecto que proviene de Canadá. Más aún, es poco clara la información sobre la compañía en general.
Empresas al límite de la ley
El misterio que suele envolver el accionar de estas compañías se despejó en parte en el caso de las retenciones en la serranía de San Lucas. Al conocerse el hecho se informó que los ciudadanos peruanos Javier Leandro Ochoa y José Mamani, ya liberados, eran geólogos prestando servicio para la compañía minera Geo Explorer. Pero en seguida se conoció las irregularidades que encubrían su presencia en la región: ambas personas habían ingresado a Colombia con visa de turistas, sin hacer los trámites correspondientes que los autorizaran a trabajar en el país. Para más, la minera Geo Explorer no aparece registrada ante la Agencia Nacional Minera y su actividad en el país es ilegal, ya que tampoco es regulada por la Superintendencia de Sociedades. La irregularidad es tal que las autoridades migratorias iniciaron una investigación en contra la de compañía que, además, declaró como sede legal una dirección inexistente de una supuesta oficina en Bogotá. La situación de la Braeval Mining Co. no mejora demasiado. Su mayor accionista es Sean Roosen, quien con anterioridad estuvo al frente de la Osisko Mining Corporation en el proyecto de explotación del yacimiento de oro en Malartic, Québec. La minera canadiense desarrolla proyectos México y Perú, y en Colombia lleva adelante el proyecto de explotación de oro Snow Mine. Pero a pesar de tamaño despliegue, poco se conoce de su situación durante los últimos años, ya que su actividad legal es reciente. Sólo a fines de diciembre de 2012, apenas unos pocos meses atrás, comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Toronto, donde levantó 10 millones de dólares para financiar compras de licencias para la explotación de minas de oro y cobre, como las cuatro localizadas en la serranía de San Lucas donde se originó el conflicto.
“Consecuencia de la política de explotación que impulsa el gobierno”
La Federación Agrominera del sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL) reune a 34 asociaciones, y es la entidad que representa a los pequeños y medianos agricultores y mineros en la región donde sucedió el hecho. Un día después de la toma de las instalaciones de la compañía minera en Casa de Barro y de la retención por parte de la guerrilla de quienes allí se encontraban, la Federación dio a conocer un comunicado en el que rechaza las retenciones de las 6 personas, y pone énfasis en la liberación de los dos colombianos, que identifica como integrantes de asociaciones mineras vinculadas a la entidad. En el texto solicitan “al Comité Internacional de La Cruz Roja que intervenga para tramitar la liberación de las personas retenidas”, y a continuación señala lo que, según la entidad, propicia estos hechos: “Consideramos que este tipo de acciones son consecuencia directa de la política de explotación indiscriminada de los recursos naturales que está impulsando el gobierno colombiano, subastando al sur de Bolívar y entregando nuestros recursos naturales al gran capital transnacional, poniendo en grave riesgo la vida y la permanencia en el territorio de los pobladores de esta región del país”.
“Aquí todo el mundo piensa que esos títulos no se venden, que son de la comunidad”
Colombia Informa recorrió las comunidades mineras de la serranía de San Lucas donde se concentra el conflicto de intereses entre las multinacionales que proponen la explotación minera a gran escala, por un lado, y los trabajadores que hacen de la minería artesanal su forma de vida, por otro. En toda la región, de difícil acceso y de población mayormente humilde, el Estado está ausente, o peor: sólo se muestra a través de la fuerza militar. Y la insurgencia, tanto del ELN como de las FARC, mantiene presencia y busca vínculos con las comunidades más allá de los golpes represivos que aminoraron su actividad años atrás.
Los diálogos con los pobladores sobre este tema no resultan sencillos: el accionar militar y paramilitar, la violencia y las matanzas que incluyeron a líderes sociales y campesinos con la excusa de combatir a la guerrilla en la región, dejaron como saldo una cultura del miedo, o en el mejor de los casos, de la prudencia. No se escuchan opiniones a viva voz sobre temáticas que tengan que ver el conflicto armado, aunque a nadie le resulta ajeno y todos tienen su opinión. Recorrer la zona acompañados por referentes del lugar, que son merecedores de la confianza de los pobladores, fue determinante para recoger los testimonios que siguen. Aunque por motivos obvios se omitan nombres propios o identificación precisa de lugares, en cada caso se trata de trabajadores mineros o agricultores de las poblaciones aledañas a Casa de Barro en la serranía de San Lucas.
“Es difícil para nosotros lo que sucedió con el canadiense, porque después de un hecho así hay una fuerte presión del ejército, y como no dan con la guerrilla atacan a la población civil”, cuenta un campesino de unos 30 años. “En Casa de Barro arremetió el ejército inquiriendo dónde estaban los retenidos, acusaban a la comunidad”, grafica.
“Las empresas tienen títulos hace muchos años”, explica un minero de manos grandes y piel curtida. “¿Y por qué entonces no avanzan con más explotación minera, si ya tienen los títulos?”, pregunta este cronista, buscando comprender. “Es que no las hemos dejado entrar”, agrega el hombre, y esboza una sonrisa pícara que contagia a los demás. La respuesta simple habilita el debate directo sobre la acción de retención del canadiense por parte de la guerrilla. La pregunta busca provocar definiciones más precisas: “Para ser claros, ¿ustedes piensan que favorece, o va en contra de al comunidad la acción de la guerrilla?” Ya en confianza, un hombre mayor, con historia de resistencia en las luchas sociales de la región, es quien arriesga la primera definición explícita: “Lo del canadiense le hace daño a la locomotora minera, porque quien invierte donde no hay condiciones, aparece una insurgencia que golpea y frena ese cuento de la ´seguridad democrática´. Lo que se proponen hacer aquí, con la minería, la infraestructura vial, eso no es porque nos quieran a nosotros, que siempre estuvimos abandonados. Eso es para meter a las empresas. Entonces la insurgencia sí que favorece”. La voz disonante la aporta un joven, criado en el lugar, que ahora cursa estudios fuera de las sierras, y vuelve a la región a ayudar a su familia de mineros. “Es que por hechos así después dicen que las comunidades están con la guerrilla, y entonces descalifican todo lo que hace la comunidad, en seguida se nos acusa de nosequé por culpa de este tipo de hechos de la guerrilla, entonces creo que no suma”, analiza el joven, que suma a su cultura originaria su formación académica en la ciudad. “Eso lo van a hacer igual”, explica el viejo, con tono parternal, y se va de tema para valorar: “éste es el futuro de la región, jóvenes que estudien… Aunque los viejos tenemos que transmitirles experiencia, muchas cosas pasaron aquí”.
Al escuchar diversas voces, las reflexiones no responden a un patrón lineal que pueda clasificarse en apoyo o desacuerdo con la acción reciente de la insurgencia en torno al canadiense. Otro minero que conoce las actividades de FEDEAGROMISBOL y las asociaciones de mineros, explica por qué la Federación reclamó inmediatamente la liberación de los retenidos: “Es que con esos 4 títulos que se reclaman hubo corrupción, de la empresa y el gobierno pero también de algunos líderes sociales, que procedieron mal, a espaldas de la comunidad… Por eso había dos personas de aquí entre los primeros secuestrados”. El hombre refiere, sin mencionarlos, a los dos colombianos que eran parte del grupo inicial de personas retenidas, y que fueron liberados poco tiempo después. Al respecto este cronista preguntó qué había hecho la comunidad ante la actitud de estas personas, que habían actuado en sentido contrario a sus intereses. El viejo da cuenta de los mecanismos con que se maneja la consulta social: “No hay una persona que pueda decir ´que salgan de la Federación´, aquí decide el montoncito, la asamblea, la población en general. La decisión sobre esas personas se va llevando de la base a los líderes de las comunidades, y ahí veremos”, explica.
En otro de los corregimientos, cuentan los mineros con orgullo su tradición de defensa de su territorio, y la complejidad para continuar con los métodos de la movilización. “Aquí se ganaron más de 10 mil hectáreas a los Lleras Palacios, a pura lucha social”, dice el hombre, orgulloso. Se refiere a una disputa que las comunidades mantuvieron por unas tierras que intentaban ser apropiadas por una familia poderosa desconocida en la región, y que después se supo que tras esa compra estaba la multinacional Conquistador Mine. Ante ese relato este cronista inquiere: “Por qué entonces no centrar la defensa de los territorios en la lucha social, por qué se dan situaciones como ésta donde es la guerrilla quien pide la devolución de títulos mineros?”. Después de un calculado silencio, el hombre responde, en voz baja, como un susurro: “Ha habido masacres… Aquí ha habido cercos del ejército y de los paramilitares cuando la comunidad se movilizó. El que decía que era de las minas, era hombre muerto, o desaparecido. De todos los líderes sociales que mataban después decían que eran guerrilleros”. La repregunta indaga si eso genera rechazo o legitima el accionar de la guerrilla. “Es que después de las masacres acá mucho no se puede denunciar, te judicializan o te desaparecen”, responde el hombre, dando a entender su opinión, sin animarse a más. El miedo o la prudencia parecen justificados, ya que lo que amenaza a los pobladores que pretenden defender sus tierras no es sólo el recuerdo de violencias pasadas. La Corporación Sembrar (enlace) acaba de denunciar el asesinato del líder campesino José Turizo a manos de un grupo paramilitar el pasado 11 de julio, días después del recorrido de Colombia Informa por la región. El grupo que reivindica el crimen se hace llamar “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, y cuando se dio a conocer tiempo atrás definió el objetivo de su accionar paramilitar: “Informamos a las comunidades del sur de Bolívar la presencia de nuestros hombres en la región, que fue objeto del accionar de grupos subversivos”.
“Tenemos una postura flexible frente a la resolución de la retención del señor Wobert”
Las definiciones más precisas del ELN respecto a la retención del canadiense se expresaron por medio de un intercambio epistolar que la organización insurgente mantuvo recientemente con el colectivo social “Colombianas y Colombianos por la paz”. Allí la guerrilla insiste en condicionar la liberación de Wobert , a quien sindican como “empresario y directivo de la multinacional minera canadiense”, al cumplimiento de compromisos con las comunidades. “Sobre el ciudadano canadiense debemos reiterar que fue retenido por nuestras unidades guerrilleras, debido a que su empresa obtuvo mediante sobornos y de manera fraudulenta 4 títulos mineros de una extensión de 1643.23 hectáreas, lesionando de manera flagrante los derechos de propiedad de las comunidades en dicha región. Dicho ciudadano es portador de documentación irregular que lo inhabilita para desempeñarse en las funciones que desarrollaba al frente de la obra donde fue retenido”. Aún así, la carta pública habla de “una postura flexible” mientras alerta sobre la intención que tendría el gobierno de emprender un rescate por medios militares.
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Si algo queda claro recorriendo la región donde sucedió la acción guerrillera en contra de la Braewal Mining Co. es que, detrás del conflicto armado, detrás del hecho puntual de la retención del ciudadano canadiense vinculado a una multinacional de dudoso proceder, detrás de las pulseadas en torno al avance o no de una nueva instancia de negociación por la Paz, en sur de Bolívar hay un conflicto real donde los pobladores, y sus intereses en defender su tierra y su cultura, deberían ser los principales protagonistas.
