Habitantes del corregimiento El Aserrío, del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander, reportaron desde la noche del pasado viernes que en la zona se presentan “bombardeos fortísimos y sin precedentes”. Según la denuncia difundida por las organizaciones sociales del sector, las acciones son efectuadas por helicópteros que “se presumen de las Fuerzas Armadas”. 

“Esta acción es parte de una serie de abusos e irregularidades por parte del aparato militar del Estado de Colombia”, reza la denuncia difundida en la página del Equipo Jurídico Pueblos, organización defensora de derechos humanos.

Desde el jueves 16 de junio se produjeron combates alrededor del corregimiento El Aserrío. “A las 4:45 de la tarde se escuchó una gran explosión a la que siguió un incendio que ocasionó graves daños económicos y estuvo a punto de llegar al casco urbano”, manifiesta la denuncia.  La explosión registrada dañó parte de la infraestructura petrolera de la región, el Oleoducto Caño Limón – Coveñas, de la empresa Ecopetrol.  Funcionarios de esa empresa solicitaron en distintas ocasiones que la comunidad ‘garantizara’ la seguridad de su infraestructura, de las operaciones de reparación y de los funcionarios de la misma.

Además, el jueves 2 de julio el municipio fue ocupado militarmente por al menos 1.500 efectivos que apostaron en medio de la población civil, en las entradas de sus casas y negocios lo que según la denuncia constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario -DIH- al poner en riesgo de fuego cruzado a cerca de 2.000 personas que habitan la zona. 

Ante tal situación, la comunidad manifestó su rechazo, al igual que las versiones de la Empresa Colombiana de Petróleo -Ecopetrol- que aseguró que la comunidad es la culpable de que no se repare el daño en su infraestructura.

“La población civil se siente secuestrada en su propio pueblo, muchos comerciantes han tenido que cerrar sus negocios por el temor y porque en el Ejército se ha instalado, por ejemplo en los restaurantes donde se hacen en los corredores, hay restricciones a la movilidad, 6 retenes por parte del ejército desde Convención hasta el Aserrío”, aseguran las organizaciones sociales y la comunidad.

De la misma manera, denunciaron que en los retenes se los campesinos son agredidos y que el Ejército patrulla el caserío en compañía de personas con la cara tapada. Según versiones de la comunidad, los ‘encapuchados’ son desmovilizados de la guerrilla. Agregaron que el Ejército se tomó todos los espacios públicos como el parque, lotes, casas desocupadas y que por el miedo y la zozobra que genera la excesiva militarización, los estudiantes no tienen garantías para regresar a clase, los docentes manifiestan temor para el regreso a la escuela.

“El Ejército y la Policía utilizan a la población civil como escudo humano, en el momento que ocurra cualquier hecho de violencia estos se refugia en las casas quedando la comunidad en medio del fuego cruzado. La fuerza pública se está protegiendo con la comunidad”, indicó el comunicado.

Finalmente, la comunidad exigió al Presidente que en su calidad de máximo comandante de la Fuerzas Militares ordene el fin de la ocupación de El Aserrío. Igualmente, instaron a las autoridades a activar los mecanismos establecidos por la ley, que ordenan brindar especial protección a la vida e integridad física de todos los habitantes del corregimiento.