El periódico Brasil de Fato, impulsado por los Sin Tierra y vinculado a sindicatos y movimientos sociales, denuncia la gravedad que conlleva la aprobación de la nueva Ley Antiterrorista.  A propósito, también, de los 13 detenidos en Bogotá y la criminalización de la protesta social en Colombia.

Por redacción, Brasil de Fato*. Según los diputados que se oponen al proyecto, el texto tiene como objetivo aumentar la represión del Estado contra las protestas y las organizaciones sociales. 

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la Ley Antiterrorista, en una votación el pasado miércoles 12 de agosto. El Proyecto de Ley 2016/15 que fue votado con carácter urgente en la plenaria, tuvo adherencia de todos los partidos con excepción del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Comunista de Brasil (PC do B).

Este proyecto de ley tipifica el terrorismo como una práctica, por uno o más individuos, de acciones con la finalidad de intimidar al Estado, a una organización internacional,  a una persona jurídica nacional o extranjera, o a cualquier representación internacional, en actos con intención de coaccionar, actuar u omitir, provocando terror, exponiendo al peligro a las personas, al patrimonio, a la paz y a la seguridad públicas. En este sentido, para la diputada y líder del Partido Comunista en la Cámara, Jadira Feghali, la ley da margen para la criminalización de los movimientos sociales y las protestas políticas.

“Una manifestación de estudiantes o de profesores podría ser señalada como acto terrorista. La ley podría ser usada para criminalizar los intentos de reivindicación del pueblo al Estado, lo que fue habitual en la Dictadura”, afirma. Apesar de que el texto exime “las manifestaciones políticas, sociales o sindicales” de cualquier restricción o castigo, la diputada cree que el texto es “amplio y genérico, y la interpretación quedará en la cabeza de quien fuese juzgado por ello”.

Asimismo, el diputado federal Jean Willis, del Partido Socialismo y Libertad de Río de Janeiro (PSOL-RJ), en entrevista a Opera Mundi, recuerda que los crímenes tipificados en el proyecto “ya están contemplados en el Código Penal. Pero lo que tenemos ahora es igual al terrorismo de Estado, sobre todo de los policías en las favelas”. La pena de una acción clasificada en la ley antiterrorista puede variar entre 12 y 30 años. El proyecto de ley sigue para ser avalado por el Senado.

Desde las protestas de junio de 2013, surgieron en Brasil un sinnúmero de proyectos de tipificación del terrorismo como crimen. De acuerdo con la abogada de la ONG Justicia Global, Natalia Damázio, los movimientos sociales deben estar todavía más atentos en el avance del proyecto pues ellos tienen “una marca represiva y política”.

Ese proyecto de ley es apenas una de las iniciativas que están en curso y que amplían el Estado policial y el autoritarismo en el país. Hemos visto una postura que menoscaba los derechos humanos por parte del Congreso. Esa política genera el encarcelamiento y el castigo, eso incluye una creencia en el militarismo, en una política exclusivamente represiva y menos democrática”, apuntó.

Para consultar la nota original: http://www.brasildefato.com.br/node/32664