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Cabrera dice ‘No’ al extractivismo en su territorio

27 feb CI.- Este domingo las personas del municipio de Cabrera, Cundinamarca, se opusieron electoralmente y victoriosas al proyecto ‘El Paso’, una construcción hidroeléctrica de la multinacional Emgesa que pretendía establecer ocho minicentrales a lo largo de 50 kilómetros por el río Sumapaz. Tras la victoria popular, la región conservará su carácter agrícola y otros municipios esperan obtener los mismos resultados en sus propias Consultas.

A la pregunta ¿Está usted de acuerdo sí o no, que en el municipio de cabrera como Zona de Reserva Campesina, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos, que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?, 1.465 ciudadanos dijeron ‘No’, con un 97% de los votos totales. Tan solo 23 personas respondieron favorablemente según la Registraduría.

Paola Bolaños, del Comité de Impulso de la Zona de Reserva Campesina, argumentó que el objetivo es respetar la vocación agropecuaria de la región. En el departamento de Cundinamarca 64 % de la superficie se destina a la agricultura y a la ganadería.

Al conocer la consulta, Emgesa habría comunicado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- su intención de cambiar el proyecto, ahora denominado ‘Aguaclara’, excluyendo a Cabrera, uno de los cuatro municipios involucrados. En el nuevo proyecto quedan los municipios de Pandi y Venecia, en el departamento de Cundinamarca, e Icononzo, en el Tolima.

De la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y su victoria ante la multinacional se expresó en la región: “Es tal el amor del pueblo sumapaceño por nuestro río, aquel que sostiene las actividades sociales culturales y económicas que le dan vida a nuestra cultura campesina, que organizadamente y con la iniciativa del comité de impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera se dio inicio a un proceso de movilización social alertando a la comunidad de las pretensiones de esta multinacional. Mediante talleres, foros y acompañamiento de organizaciones hermanas y académicas, se construyeron espacios de discusión con la comunidad acerca de los impactos y efectos que han producido estos proyectos en otros territorios, así como las evidencias de despojo, transformación y muerte ecosistémica y natural, que traen a las comunidades locales que los acogen”.

Panorama en otros municipios

En el municipio de Pandi los miembros de la Junta de Acción Comunal -JAC- de la vereda de San Miguel, vecinos de Cabrera, dijeron estar inspirados por la decisión de ese municipio y se están preparando para seguir con el movimiento de oposición al proyecto hidroeléctrico.

En Arbeláez se aprobó hace ocho días el uso de la Consulta Popular sobre sobre los proyectos petroleros de COR 33 y COR 4, de las empresas Alange Energy y Canacol.

Por su parte, los miembros de la JAC del municipio de Pandi también están preocupados por la amenaza de los proyectos petroleros que afectarán su mayor riqueza, el agua, y saben que las empresas llegan con muchas promesas que con mayor frecuencia incumplen. Además, en Pandi debaten sobre la práctica de las empresas de utilizar listas de asistencia como apoyo de la ciudadanía para obtener licencias para sus proyecto extractivista. La JAC advirtió a la comunidad que nunca debe firmar una de esas listas de asistencia.

En Tibacuy, que puede ser afectado por bloques extractivos de la empresa Canacol, la Asociación de Protectores de los Recursos Naturales de Tibacuy -Aprenat-, y del Concejo municipal, participaron la semana pasada en un ejercicio de socialización de estos proyectos extractivos y evalúa la posibilidad de una Consulta Popular. Sin embargo, Eisenhower Castilla, integrante de Aprenat, expresó que “la herramienta de la Consulta es interesante pero se trata de una herramienta electoral que puede ser compleja ya que la empresa [Canacol] tiene acceso a mayores recursos”.

Según el abogado del Colectivo Soberanía y Naturaleza, Luis Enrique Orduz, la falta de recursos no es la única limitante de la Consulta Popular:  “No hay duda sobre el carácter vinculante de la Consulta Popular como mecanismo de participación, establecido por la Ley 134 del 94 y la 1757 del 2015. No obstante, el resultado de una Consulta Popular, como lo establecen dichas leyes, debe convertirse en acuerdo municipal del Concejo o en su defecto la Alcaldía, que lo debe expedir mediante decreto”.

Entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

Un fallo del Consejo de Estado en 2016 puso en duda el efecto de estas decisiones populares en su respuesta a la tutela interpuesta por Anglo Gold Ashanti en el caso de la consulta popular de Cajamarca. El Consejo estipuló que los efectos de la decisión del pueblo no son retroactivos y por lo tanto no afectarían los derechos adquiridos de los proyectos que hoy cuenten con licencia ambiental.

Así mismo, el alto Tribunal administrativo, en contravía de lo dispuesto por la Corte Constitucional, ha manifestado que tratándose del interés general, no operan los denominados “derechos adquiridos”. Pese a esto, el Consejo de Estado amplía el margen de no retroactividad de las consultas populares a las “expectativas legítimas”, es decir, a aquellos proyectos que aún no cuentan licencia ambiental y que por lo tanto no tienen un derecho adquirido.

Según Orduz, el debate jurídico solo se cerrará con el fallo de la Corte Constitucional que en el pasado sentenció que no hay derechos adquiridos cuando se trata de derechos colectivos como el medio ambiente, y confirmó la competencia de los municipios sobre asuntos del subsuelo.

Hito Popular

Es la primera vez que se utiliza el mecanismo de participación popular, de lo que podría ser una ola de consultas en la región del Sumapaz, que alberga el páramo más grande del mundo. Además del proyecto hidroeléctrico se planifican bloques de explotación petrolera.

La mayoría de la comunidades que han hecho uso de esta herramienta legal reclaman la vocación agrícola de sus municipios y defienden la integridad ambiental de estos ante los proyectos extractivos. Campañas como ‘¡Agua y Agricultura Sí, Petroleo y Minería No!’ en el Sumapaz y recientes bloqueos en el municipio de Guamal, en el departamento del Meta, son expresiones legítimas de ello.

CI BJ/JA/27/02/16/15:33

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