2 jun. CI.- Cerca de 300 personas han sido víctimas del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y las Fuerzas Armadas desde que inició el Paro Cívico el pasado 16 de mayo. Este jueves la comisión de veeduría ‘Derechos Humanos Paro Cívico Para Vivir con Dignidad y Paz en el territorio’ de Buenaventura, citó a una rueda de prensa en Bogotá para denunciar cómo el Gobierno Nacional ha respondido a los reclamos del pueblo bonaverense con un tratamiento de guerra.
Ante medios de comunicación nacionales e internacionales, en el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-, integrantes de la Asociación para la investigación y la Acción Social -Nomadesc-, el Proceso de Comunidades Negras, y la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social -Fundescodes-, explicaron las razones del Paro Cívico de Buenaventura en un contexto político y económico que reclama voluntad al presidente Juan Manuel Santos.
Tratamiento de guerra
Berenice Celeyta, directora de Nomadesc, dejó en claro que ante las manifestaciones pacíficas de la población bonaverense “desde la vereda La Delfina hasta la vereda La Isla se viven problemas estructurales, inhumanos y degradantes que ahora son profundizados con un tratamiento de guerra para combatir a la población desarmada que está reflejando sus inconformidades».
El Boletín 05 de la Comisión de veeduría, publicado este 1 de junio, da cuenta de seis heridos con arma de fuego: «En una acción conjunta entre Esmad y miembros de las Sijín, quienes se transportaban en una camioneta blanca, dispararon con arma de fuego contra las comunidades que se encontraban en el punto de ‘Sabrosuras'».
Daneyi Estupiñán, lideresa del Proceso de Comunidades Negras, destacó la importancia económica del puerto de Buenaventura para Colombia y el mundo, pero manifestó su indignación cuando evidenció cómo los derechos fundamentales no se garantizan en la capital del pacífico colombiano: «En Buenaventura no tenemos acueducto, no podemos consumir agua potable a pesar de ser un puerto que goza de numerosas cuencas hídricas. En Buenaventura no hay un hospital, cualquier atención médica que necesitemos la debemos encontrar a tres horas de recorrido hasta llegar a Cali».
Ahora bien, las amenazas a quienes participan en el Paro Cívico no cesan. La Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico -Aciva RP- denunció que durante la mañana del jueves: «se encontró debajo de la puerta del granero y carnicería comunitaria del resguardo Nasa y Embera Chamí (Cabildo Nasa Kiwe) una hoja con membrete fotocopiado de la Águilas Negras y que contiene texto con amenaza de muerte». Los gobernadores indígenas del cabildo, los líderes y lideresas de Aciva, y el rector del colegio Nachasin fueron mencionados en la amenaza.
Esmad en la protesta social
El Padre Javier Giraldo, investigador del Cinep, manifestó que los testimonios del caso de Buenaventura son dramáticos. Ante las denuncias de violación graves, sistemáticas y rutinarias a los derechos humanos por parte del Esmad, que no son las primeras, recordó que ya se le ha solicitado al Estado para que intervenga a esta institución: «Las conductas del Esmad siempre han sido criminales y siempre permanecen en la impunidad. En los Acuerdos de La Habana, en el punto de la participación, se prometió que se respetaría la protesta social como elemento de transformación del Estado colombiano; una promesa muy importante que sin embargo ha sido degradada tras los Acuerdos de paz».
Durante la rueda de prensa se reiteró que el Paro Cívico continuará hasta que el Presidente de la República se presente ante la comunidad y asuma, con su capacidad de decisión, que la participación de más de 150 mil bonaverenses y 177 organizaciones sociales es un llamado para solucionar de manera política y no militar las necesidades insatisfechas reclamadas por las comunidades étnicas que habitan alrededor del puerto de Buenaventura.
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