Son varias las tragedias que han tocado a Bucaramanga. Miles de santandereanas y santandereanos han pasado de tener una vida dignamente construida a no tener nada; de la esperanza de resolver angustian en medio de situaciones críticas a ver derrumbadas sus expectativas y esfumada la ayuda de las autoridades municipales y departamentales elegidas el pasado 30 de octubre.

 

Especial

Presentamos algunas historias contadas por quienes aún sobrellevan la crisis social y que no han recibido solución alguna a pesar de haber escuchado promesas, acuerdos y compromisos de la voz de sus mandatarios electos.

Incendio en el Café Madrid. 4 de junio

La estación del antiguo Ferrocarril del Magdalena Medio está ubicada en el norte de Bucaramanga a dónde llegaba el viejo tren; durante años a este lugar han llegado centenares de familias desplazadas por la violencia. En un salón grande y algunos pasillos se apiñaron durante años mujeres y hombres desposeídos: jóvenes, niños, y ancianos. Allí mismo el pasado lunes 4 de junio, un incendio, al parecer accidental, consumió sus pocas pertenencias.

Hasta la fecha se han calculado en casi 1000 el número de afectados. Sin embargo quienes vivían allí, aún se mantienen y lo hacen en condiciones indignas: hacinadas, apretadas y ocultas a la sombra de la llamada “Ciudad Bonita”. Durante mucho tiempo, incluso para la Fiscalía y otras entidades del estado, era necesario pedir permiso a la gente del barrio Café Madrid para poder ingresar, además se sabia en Bucaramanga que los habitantes del sector no podía llegar a sus hogares después de las 9:00 pm, “a esa hora todo el mundo se encerraba, si había alguien afuera se debía atener a la violencia de grupos paramilitares y bandas criminales que imponían el miedo”, dice un vecino.

El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez y el gobernador de Santander, Richard Aguilar, visitaron el lugar de los acontecimientos y fueron testigos de la gran devastación. Frente a los conmocionados habitantes y las cámaras de televisión, tanto el alcalde como el gobernador asumieron las siguientes responsabilidades, los cuales fueron firmados en un acta de compromiso:

-Subsidios de arriendo por $300.000 para las familias afectadas durante 6 a 12 meses.

-Pasados 10 días de finalizado el censo de damnificados se haría entrega de la resolución con la cual se determinarían los subsidios de arriendo.

-Certificación de las familias que integran el censo, como garantía de reubicación.

-En el año 2013 sería construido el proyecto de vivienda denominado “La Estación”.

Inundación de la Comuna 14. 11 de junio

Un aguacero que parecía diluvio cayó sobre Bucaramanga; las redes de alcantarillado colapsaron y los desastres de las anteriores oleadas invernales salieron de nuevo a flote. En la Comuna 14, ubicada en la zona oriental de la ciudad, los deslizamientos e inundaciones de viviendas son constantes sobretodo en barrios como Albania, Limoncito, Miraflores, La Malaña, El Diviso y Morrorico.

En diciembre de 2010 la ola invernal dejó casas destruidas y familias en estado de eminente. A pesar de la construcción de dos muros de contención por cuenta de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), tras la lluvia del pasado 11 de junio quedó en evidencia el abandono de estos barrios, donde ríos de barro inundaron todo a su paso, arrasaron motos y posibilitaron nuevos derrumbes. La respuesta de la comunidad no podía ser otra que la protesta, por eso los pobladores por más de un año enviaron cerca de 30 cartas a la Alcaldía para que viniera con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura a retirar el barro acumulado.

Es así como el lunes 18 de junio, con participación mayoritaria de mujeres, la comunidad tomó picas, palas, costales y carretillas para recoger toda la tierra que se había revolcado con la lluvia ocurrida 8 días atrás. “Estamos haciendo lo que el gobierno debió haber hecho, venir a sacar esa tierra, pero como no se acercan por acá sino cuando están en campaña a pedir votos…”; el cansancio a la espera de la respuesta de un Estado incapaz de atender las necesidades de sus ciudadanos, fue lo que motivó a la comunidad a bloquear la vía principal del sector con la misma tierra, cintas y banderas para exigir una solución: “a ver si les gustaría a los de la Alcaldía vivir con la entrada de la casa llena de barro”. Reclama un habitante de la comuna.

La indignación de la comunidad queda expresada en las palabras de Belcy Monroy, líder de la Junta de Acción Comunal de la comuna 14: “Vamos a quedarnos aquí hasta que vengan y retiren toda la tierra que llevamos pidiendo que se lleven hace muchos años y ellos jamás nos ponen atención, vamos a ver si haciendo esto logramos que nos soluciones algo… ellos nos nos prestan atención porque esto que nos pasa no los afecta; claro es que ellos viven como ricos y no les interesa nada el pueblo, pero vamos a seguir aquí hasta que vengan y soluciones esto porque no vamos a aguantarnos más esta situación”.

El caso del ICBF y el SISBEN 

A mediados de febrero cientos de madres comunitarias marcharon hasta las instalaciones de la ICBF en el norte de Bucaramanga. Su reclamo al Estado consistía en que por favor no acabara con los Hogares de Bienestar Familiar como lo venía haciendo, dejando niños desprotegidos y madres comunitarias sin trabajo.

Como por arte de magia funcionarios del Departamento de Planeación Nacional desde Bogotá D.C., decretaron un cambio en la metodología para el cálculo del puntaje del SISBEN; así pues, familias que con mucho esfuerzo obtienen un sustento mensual con el que pagan arriendo, pasaron de estar en el Nivel I al Nivel II de SISBEN. Adicionalmente se decretó que las madres comunitarias sólo podrían recibir menores que estuvieran en el Nivel I. Entonces sucedió que cientos de padres y madres que trabajan todos con jornadas extenuantes en un empleo formal, no tienen con quién dejar a sus pequeñas y pequeños porque perdieron la posibilidad de matricularlos en los hogares de bienestar familiar. Como consecuencia de esto, decenas de Hogares cerraron sus puertas al quedarse sin niños.

Otro asunto preocupante es que muchas madres que quedaron activas en el ICBF,  han denunciado que se les ha borrado los meses que llevaban cotizando para sus pensiones, viéndose obligadas a empezar desde cero el conteo del tiempo necesario para acceder este derecho.

El cambio en el método de cálculo del puntaje del SISBEN excluyó a muchas familias del acceso al servicio de salud, subsidios de vivienda, entre otros, y de paso a las madres comunitarias sin empleo. Se calcula que aproximadamente 600 niños fueron excluidos de los hogares de bienestar, lo que ha motivado las sucesivas protestas de las madres comunitarias en todo el país. Por su parte el gobierno municipal de Bucaramanga se reunió con ellas en medio de las protestas y se comprometió con los siguientes puntos:

-Garantizar convenios con instituciones que puedan apoyar la profesionalización de las madres comunitarias.

-Buscar con el Instituto de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga (INVISBÚ), el mejoramiento de las viviendas de las madres comunitarias.

-Gestiones un tratamiento especial de las madres comunitarias frente a impuestos como el cobro de valorización.

Anteriormente en el mes de febrero, la Secretaría de Planeación Municipal, en cabeza de Mauricio Mejía Abello, se comprometió a que el municipio realizaría una re-encuesta del SISBEN para revisar de los puntajes antes de terminar el mes. El funcionario manifestaba que “todas las personas tienen derecho a una re-encuesta y le haremos la revisión del puntaje a todos aquellos que no estén de acuerdo con las calificaciones asignadas”. El tiempo pasó y muchas familias aún no han podido solucionar aquel problema.

Durante la semana del 19 al 23 de junio la administración habilitó un espacio cerca al Estadio Alfonso López para quienes quisieran revisar su SISBEN y el caos no se hizo esperar; a lo jejos se veían miles de afectados en una fila que parecía tan interminable como la espera de las familias que reclaman un real Estado Social de Derecho.

A continuación algunos testimonios de personas que tuvieron que hacer fila desde el lunes festivo 18 de junio, dormir a la intemperie para cuidar su puesto, amanecer en plena calle, soportar el sol, la lluvia, etc., para poder presentar su caso ante los funcionarios asignados para la revisión del SISBEN.

“No es justo que lo hagan venir a uno aquí a esto y lo manden del tumbo al tambo, otra cosa, uno está es arrendado y le sale el nivel del SISBEN muy alto”, expresa Soledad Triana.

“Que falta de organización de los del SISBEN también, hoy no se sabe si los números son 3, 4 y 5 y hay gente que está aquí desde ayer”, expresa Nelly Trigos.

“Qué galleta que tenemos, usted vea todas las personas que hay atrás… desde anoche estamos haciendo cola y yo por ejemplo tengo 67 años y aquí de pie todavía”, dijo Alejandro Moreno.

“Le están faltando el respeto incluso a los adultos mayores… les dijeron que hicieran una línea organizada para atenderlos y después de que estaban organizados los reubicaron, y aparte de eso les dijeron que por tener menos de 70 años no los iban a atender, eso me parece injusto”. Jhon Fajardo.

“En realidad esto es mucho desorden, el sol y todo… hay niños, señoras embarazadas, señores de la tercera edad; esto se ha vuelto una cosa tremenda, y sin saber hasta qué hora nos toque”. María Páez.

¿En qué va la respuesta gubernamental? 

En el Café Madrid, la noche del 23 de junio las familias afectadas se tomaron la vía que conduce de Girón a la Costa Atlántica reclamando pacíficamente el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acta con la Alcaldía. Según testimonios de vecinos, la policía del sector llegó hasta el sitio y detuvo a dos jóvenes que participaban de la protesta, llevándolos a un CAI cercano donde los estaban golpeando. Ante este hecho, la comunidad se desplazó hasta el CAI para exigir la liberación de los muchachos, pero la respuesta nuevamente fue la violencia estatal, lo que calentó los ánimos de la comunidad que enfurecida rompió los vidrios del lugar. A su vez la policía desplazó un grupo de uniformados del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) hasta allí, quienes usaron explosivos, gases y a golpes desplazaron la comunidad de la zona. Finalmente, pocas respuestas de las autoridades escucharon.

En la Comuna14, la comunidad se lanzó a las calles con una protesta encabezada por varias de sus mujeres líderes para exigir la atención de un estado cuya mirada no alcanza a subir hasta el cerro de Morrorico. Pero en lugar de dar una solución pronta, el alcalde encargado, René Garzón, manifestó: “removeremos a los manifestantes con ayuda de los policías porque ese no es un mecanismo de presión. Si fuera así, cualquier persona podría bloquear vías para exigir algo. Yo ayer le informé a la Secretaría del Interior y no entiendo porque no hicieron nada, me voy a comunicar con esa dependencia porque no me parece que no se haya ejecutado la orden. Quiero dejar claro que no vamos a permitir este bloqueo porque entonces la ciudad se nos vuelve un caos”.  Lo cierto es que al final el barro sigue rondando viviendas y a sus habitantes.

En cuanto al SISBEN, las largas filas terminaron con choques entre las cientos de personas que reclamaban una revisión de su puntaje y los funcionarios de policía presentes en el lugar. La desesperación llegó al límite gracias a que muchas y muchos se iban a quedar sin ser atendidos; entonces el descontento rebasó las barreras de la tranquilidad que contenía la policía. Alejandro Tarazona, uno de los afectados, aseguró que “todo inició cuando un funcionario salió a decir no iban a atender más personas, entonces la gente entró “a las malas” empujando a los policías que estaban en la puerta del Estadio”. Así mismo la comunidad denuncia que las mujeres que estaban haciendo fila fueron agredidas y obligarlas a retirarse del lugar para que no siguieran insistiendo en que las atendieran. Como conclusión, decenas de hogares de bienestar familiar siguen cerrados y muchas familias se quedaron por fuera de la cobertura de programas sociales; aún o se ve una luz al final de este oscuro panorama.

En Bucaramanga existe una crisis social aguda, producto del desinterés de la administración municipal, la misma que promete todo tipo de recursos provenientes de sistemas de atención de desastres como Colombia Humanitaria, Familias en Acción o SISBEN, por atender la devastación de la ola invernal y las diversas situaciones que viven los ciudadanos. Sin embargo ni hace tres años ni ahora dichas promesas llegan a cumplirse.

Es claro para los bumangueses que las autoridades no pretender asistir situación alguna. Por consiguiente muchas personas hoy cuestionan el modelo de democracia actual, donde los derechos fundamentales y humanos se convierten en promesas momentáneas al calor de las campañas electorales o a lo sumo en motivo de anuncios propagandísticos. Recién elegidos los gobernantes se concentran en proyectos de gran envergadura o mega proyectos, pero los temas esenciales siguen quedando de lado.

Para completar este panorama triste, hoy sobre la Alcaldía de Bucaramanga pesan serios cuestionamientos por irregularidades como el caso de Elvira Liliana Sarmiento, ex directora de transito, investigada por el carrusel de contratación durante la alcaldía de Héctor Moreno Galvis y llamada a juicio por la Fiscalía el pasado 12 de junio.

Hasta el momento, la comunidad es quien ha tomado cartas sobre los acontecimientos,  organizándose espontánea y masivamente.